Maryerlin Villanueva | La Prensa de Táchira.- Ciudadanos de diferentes comunidades acudieron a la Defensoría del Pueblo para denunciar la violación de sus derechos humanos, ante la ineficiencia de los servicios públicos.
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Molestos e impotentes se mostraron los usuarios, quienes piden a este organismo estadal, que medie ante el Gobierno nacional para que haya agua potable, luz, y gas doméstico, de forma continua en el estado Táchira.
Jesusa Del Carmen Díaz, habitante de Cuesta del Trapiche, señaló que los cortes eléctricos superan hasta las 16 horas en esta zona, generando que a las personas se les dañen los alimentos que tienen en la nevera.
A ello, se suma la falta de agua, donde el vital líquido no llega por tres días, por lo cual, los vecinos deben llenar bidones para su almacenamiento.
"Estamos totalmente colapsados, pedimos información y nadie nos da respuesta, y no contamos con soluciones, si bajara Jesucristo y nos dice que es él no le creeríamos, porque ya como venezolanos no confiamos en nadie, ni en un bando ni en el otro" aseveró.
Comentó que cuando cuenta con los servicios públicos, es el momento que aprovecha para cocinar, lavar, planchar y demás actividades caseras.
Secuestro del país
Genaro Mendoza, vecino de la avenida Carabobo dijo que la falta de gas doméstico e inseguridad producto de los apagones, impide que los ciudadanos puedan vivir con tranquilidad.
"En la noche no hay como controlar esta situación, ya que cuando no hay luz, hay personas que han resultado heridas por los apagones, ya que se caen al tratar de caminar en la oscuridad" apuntó.
Pidió al Gobierno nacional que se respeten los derechos de los venezolanos a tener calidad de vida, "pues esta gente que tiene secuestrado al país, se creen los dueños de todo, ellos son solo servidores públicos que deben ofrecer garantías a todos".
Señaló que cuenta con más de 36 horas sin agua, por lo cual, "debo estar pendiente de cazar el agua, hay gente que no puede ni bañarse porque no tienen agua en sus casas".
Vulneración de derechos humanos
Samira Gutiérrez, miembro de la comunidad de Puente Real, advirtió que la crisis de servicios públicos vulnera los derechos de las mujeres y en especial de los niños.
"En las escuelas ya no se puede trabajar, los niños están viendo clases en horario reducido ya que las aulas están a oscuras por la falta de energía eléctrica, y el personal no garantiza la salubridad en los planteles por la falta de agua para la limpieza, especialmente en los baños que usan los estudiantes".
Luis Useche, gerente jurídico de FundaRedes explicó que las comunidades pasan hasta 18 horas sin servicio de energía eléctrica, y sumado a eso llevan más 6 de meses sin recibir despacho de gas doméstico.
Paralelamente denuncian las fallas permanentes en el servicio de telefonía Cantv e internet, que afecta también el derecho a la educación, al trabajo, a la información y a las telecomunicaciones.
Aseguró el gerente jurídico de FundaRedes que el colapso de los servicios públicos en Táchira, constituye una contravención a las obligaciones inherentes al Estado en esta materia, señaladas en la Constitución venezolana, y en los tratados internacionales sobre derechos humanos.
El documento que fue introducido ante la Defensoría del Pueblo, exige que se realice las labores pertinentes ante las instituciones Corpoelec, Cantv, Pdvsa Gas e Hidrosuroeste para que cumplan con su trabajo.
Los voceros de las comunidades informaron que en anteriores ocasiones han realizado exigencias ante las respectivas instituciones encargadas de prestar los servicios, y ante los demás organismos del Estado venezolano, y solo han encontrado el silencio ante la completa destrucción de los servicios públicos.
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