Hay muchos presos politicos, a quienes sus procesos han estado viciados
Clara Ramírez
Directora de FundaRedes
Maryerlin Villanueva | La Prensa de Táchira.- En el estado Táchira, Organizaciones No Gubernamentales que promueven la defensa de los Derechos Humanos en el país, se manifestaron luego del informe presentando en Ginebra, por la Alta Comisionada de las Nacionales Unidas, Michelle Bachelet.
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Para Beatriz Salas, directora de Proyecto 860, no fue una sorpresa este informe que documenta la violación de DDHH, de más de 130 privados de libertad, pues en 2019, realizó varias sugerencias, que hasta ahora, el Gobierno nacional no ha cumplido.
Destacó que Bachelet, busca monitorear los procesos judiciales y la consecución de los mismos, para verificar que no haya ningún tipo de violación con respecto a ellos.
Procedimientos viciados
A su juicio, en el país, los procedimientos están viciados, "donde hay detenidos a quienes les suspenden 10, 15 y hasta 50 veces las audiencias, siendo una vulneración grave a las garantías de los detenidos" dijo.
"Nosotros como organización, el pedido que hacemos es que se insista, tenemos que insistir en que Venezuela sí se están violando los Derechos Humanos a los presos políticos, a nosotros los venezolanos, a través del derecho a la salud, al trabajo, y a una vida digna" aseveró la directora.
Celebró la visita de la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena, quien hizo que el mundo colocara sus ojos en Venezuela, para conocer la realidad de lo que vive el país.
"El hecho que la delegación no se le permitiera la visita, y tuviera que hacerse desde Cúcuta, permitió que muchas organizaciones pudieran llevar allí sus informes, y presentar a viva voz, lo que está pasando" acotó.
En números
Según cifras del Foro Penal Venezolano, el país registra 351 presos políticos, de los cuales, 231 son civiles y 120 son funcionarios militares.
De ellos, 339 son hombres y 12 mujeres, 350 adultos y un menor de edad, distribuidos en diferentes centros de reclusión del Estado.
Raquel Sánchez, coordinadora regional de este organismo, precisó que Táchira registra un total de 13 presos polítícos, detenidos en el área de Procemil en el Centro Penitenciario de Occidente ?CPO- y Caracas.
Sánchez indicó que es necesario el ingreso de entes internacionales a los centros de reclusión para que se constante la grave situación de DDHH en estos establecimientos.
También, debe darse a conocer las actuaciones de entes de seguridad como el FAES, los cuales considera como "grupos de exterminio", quienes al igual que el DGCIM, cuando se trata de asuntos políticos, aplican métodos aberrantes contra los detenidos.
"No hay garantías"
Clara Ramírez, directora de FundaRedes, resaltó que el panorama en el país, no es alentador con el estado de los privados de libertad, recordando que la pasada semana, dos murieron por tuberculosis, en Lara.
"El Gobierno nacional no ha cumplido con ninguna de las exhortaciones que hizo Michelle Bachelet con anterioridad, por tanto, estamos ante un Estado que no cumple, que no acata, por el contrario, hace pronunciamientos que va liberar algunos presos políticos y aún no lo ha realizado" añadió Ramírez.
Desestima que una comisión de DDHH pueda ingresar a las cárceles, ya que "hay muchos presos políticos, a quienes sus procesos han estado viciados, civiles que se encuentran en centros destinados para militares, muchos juzgados bajo normas destinadas para militares, lo que daría muestra de las denuncias que han realizado organizaciones".
Detalló que "los privados de libertad están desprotegidos ante un sistema de justicia que no existe, que no es imparcial, que es corrupto y manipulable, donde no hay garantías y no se cumplen con los tratados internacionales para garantizar el derecho a la vida y alimentación".
Militares aislados
Reinaldo Manrique, miembro de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia precisó que la situación con los militares es crítica, ya que la mayoría se encuentran aislados, entre ellos, el general Miguel Rodríguez Torres.
Denunció que antes las torturas a los cuales han sido sometidos, muchos han perdido entre 15 y 25 kilos. "No es solo tortura física, también, psicológica, donde empiezan a amenazar las familias, sin importarles el dolor que puedan sentir" apuntó Manrique.
Recordó que quienes cometen estos actos atroces, son "mercerarios" que son pagados por Nicolás Maduro para hacer este tipo de hechos con los reos.
"Es difícil lo que viven los militares,y quienes quieren apoyar una salida constitucional, al estar amenazados. Dudo que haya respuestas por parte del Gobierno ante los pronunciamientos de Michelle Bachelet" acotó.
Las diferentes ONG aguardan por el pronunciamiento del informe final que se dará a conocer el próximo 10 de marzo, por parte de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet.
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