Desfalco, lavado de dinero y corrupción en Pdvsa

La Prensa del Táchira | Agencias.- La abogada Tamara Adrián, antes de ganar un escaño en la Asamblea Nacional como opositora, certificó la legalidad de una serie de préstamos a la estatal Petróleos de Venezuela, esquema que la justicia estadounidense hoy dice fue utilizado para malversar $4,500 millones, en lo que es considerado como el mayor caso de corrupción chavista visto hasta ahora.

Una opinión legal escrita por Adrián en el 2012, tres años antes de convertirse en la primera diputada transgénero electa en América Latina, concluyó que los préstamos otorgados en bolívares a PDVSA y cancelados posteriormente en dólares eran perfectamente legales, cumpliendo con todas las leyes y requisitos.

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Pero esas operaciones presuntamente permitieron a los banqueros venezolanos Luis Oberto e Ignacio Oberto volverse inmensamente ricos, con la asistencia del banquero suizo Charles Henry Beaumont, según las investigaciones llevadas a cabo por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

"Las autoridades de Estados Unidos han estado investigando a De Beaumont, Luis, Ignacio y otros (...) por su participación en una conspiración, desde aproximadamente 2012 hasta el 2014 para transferir y lavar los recaudos de los fraudulentos esquemas cambiarios para desfalcar las reservas venezolanas en moneda extranjera", explicó el Departamento de Justicia.

Según el mismo documento obtenido por el Miami Herald y el Nuevo Herald, las pesquisas realizadas por las autoridades detectaron la existencia del desfalco al sistema cambiario venezolano, así como un sistema de lavado de dinero, que involucraba "un contrato de préstamo fraudulento firmado entre PDVSA y varias compañías de maletín" en marzo del 2012.

"Los hermanos Luis e Ignacio Oberto (...) sirvieron como los beneficiarios de los contratos de varios miles de millones de dólares. Las investigaciones apuntan a que este esquema de malversación del sistema cambiario venezolano no era más que un mecanismo para desfalcar las reservas en moneda extranjera de Venezuela y lavar sus beneficios", se resaltó en la carta.

Fuentes familiarizadas con las pesquisas, le han confirmado al Miami Herald que los hermanos Oberto efectivamente se encuentran bajo investigación en el centro de la operación que las fuentes estiman constituye el mayor caso de corrupción detectado hasta ahora que involucra al régimen de Nicolás Maduro.

Según las autoridades estadounidenses, la operación hacía uso del régimen cambiario para crear millones de la nada y funcionaba de la siguiente manera:

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PDVSA recibía un préstamo en bolívares para sus operaciones dentro de Venezuela y al cabo de pocas semanas pagaba los créditos en dólares, haciendo uso del tipo de cambio oficial, el cual era entre cinco y diez veces más bajo que el tipo de cambio utilizado en el mercado libre.

Bajo el esquema, un individuo podía convertir 6 millones de bolívares en un millón de dólares, y luego convertir ese millón de dólares en 60 millones de bolívares, resalta otro de los documentos del Departamento de Justicia entregado a las autoridades suizas.

El beneficio final luego era movilizado a través de compañías de maletín y eventualmente lavado, según las investigaciones.

Otro caso similar que implica a los hijastros de Maduro así como a los empresarios venezolanos Francisco Convit, Alejandro Betancourt y Raúl Gorrín, involucran un menor monto de hasta $1,200 millones.

Los abogados de los hermanos Oberto le han declarado al Miami Herald y a el Nuevo Herald que sus defendidos son totalmente inocentes.

"Luis e Ignacio Oberto son ambos hombres de negocios muy respetados que nunca han sido acusados en ningún país de ningún delito", resaltaron los abogados. "Eso es así por muy buena razón ?son honorables, éticos y transparentes. No han cometido ningún delito. Cualquier sugerencia de lo contrario será enfrentada vigorosamente en las cortes", dijeron en un comunicado conjunto los abogados Ed Shohat, quien representa a Luis Oberto Jr., y David O. Markus, quien defiende a Ignacio Oberto.

Los empresarios venezolanos no han sido acusados formalmente por los fiscales estadounidenses.

La operación también es defendida por la diputada Adrián, quien en febrero del 2012 redactó una opinión legal que evaluaba la legalidad del esquema de préstamos que permitía a los beneficiarios multiplicar en pocas semanas por múltiples de entre cinco o diez, cualquier monto que ellos le prestaran a PDVSA.

Según la opinión legal obtenida por el Miami Herald y el Nuevo Herald, las leyes venezolanas no aportan ningún tipo de objeción jurídica a ese tipo de transacciones.

"Somos de la opinión que PDVSA debería estar en facultad de pagar deudas originalmente creadas en bolívares con monedas extranjeras", declara la opinión redactada por la diputada a nombre de la firma Adrián & Adrián con sede en Caracas.

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En una breve conversación con el Miami Herald y el Nuevo Herald, Adrián reiteró que las operaciones analizadas por su firma eran totalmente legítimas rechazando la premisa que hayan sido utilizadas en algún esquema fraudulento involucrando el desfalco de miles de millones de dólares o que estén bajo investigación.

"Eso es falso. La ganancia [de las operaciones] no es la que usted dice. Por eso es que nunca, nunca ha sido investigado", dijo Adrián. "Después si entiendo, se hicieron operaciones, que ya no seguían el patrón de la economía de mercado".

Según la diputada, los préstamos habrían sido pagado en dólares por PDVSA haciendo uso de la tasa de cambio de libre mercado, la cual era mucho más alta que la controlada tasa de cambio preferencial.

Esa declaración, sin embargo, no coincide con la opinión obtenida por el Departamento de Justicia a través de múltiples testimonios y documentos aportados por testigos que están colaborando con las investigaciones.

Personas familiarizadas con la operación dijeron que el informe de la firma Adrián & Adrián fue utilizado por los presuntos conspiradores para convencer a empresas venezolanas y transnacionales a participar en operaciones cambiarias a futuro, donde pagaban bolívares por adelantado a cambio de dólares que obtendrían en una futura fecha, a un tipo de cambio ligeramente inferior al tipo de cambio de libre mercado de la época.

Una de las fuentes dijo que de esa manera, los potenciales clientes estaban siendo convencidos de que no obtendrían problemas legales en un futuro de participar en la transacción.

Lo curioso es que ese tipo de operaciones permitía a los operadores obtener gigantescas ganancias sin tener que usar grandes cantidades de dinero propio, ya que parte substancial de los bolívares iniciales para ser utilizados en los préstamos a PDVSA provenían inicialmente de los clientes finales que compraban los dólares a futuro.

Juan Ignacio Riquezes, abogado venezolano que ha estado monitoreando en el pasado este tipo de operación, dijo que el impacto a la sociedad venezolana de este tipo de transacciones es gigantesca.

"La corrupción chavista-madurista ha venido robando mensualmente a cada familia venezolana más de $960, por más de 20 años", dijo Riquezes quien hoy reside en el Sur de la Florida.

"Es inconcebible y da mucha pena que el salario mínimo más el bono alimenticio que reciben más de la mitad de los ciudadanos que habitan en Venezuela sea inferior a $10 mensuales, gracias a la corrupción e ineficiencia de un régimen a cuyas arcas le han ingresado más de $1.5 billones (trillones en inglés) por concepto de factura petrolera", agregó.

Con información de El Nuevo Herald 

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