Augusto Medina.- La Prensa del Táchira. El defensor de los Derechos Humanos, diputado jubilado, Walter Márquez, pidió a la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitó recientemente a Cúcuta que investigue la actual situación del cierre de la frontera.
Dijo que se debe revisar esa clausura prolongada desde agosto de 2015, donde a su juicio se produjeron deportaciones forzosas de más de 24 mil colombianos con la destrucción de sus viviendas.
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"Le solicitamos a la delegación del CIDH que profundizara las violaciones colaterales que ha dejado ese arbitrario cierre de la frontera, como el daño al derecho a la salud ya que en los primeros meses, la gente tuvo que pasar por las inhumanas trochas".
Repuso que a partir del 23 de enero del 2019, se colocaron container en los puentes internacionales, lo cual limita el libre tránsito por espacios fronterizos.
---Esta delegación de los derechos humanos en cabezada por su presidenta y relatora para Venezuela, Esmeralda Arosemena, se comprometió en abrir una investigación y nosotros vamos a entregar recaudos como víctimas del cierre fronterizo, situación que no ha sido reflejada por la OEA, ONU ni por la propia Comisión Interamericana de los Derechos Humanos -, aseguró.
Márquez, estima que la investigación sobre el cierre de frontera, aclara muchas cosas porque Venezuela, se verá afectada, dentro de un proceso de integración que es una garantía constitucional entre ambos países, "porque se viola el derecho al libre tránsito".
Recordó que este derecho al libre tránsito está garantizado en el artículo 50 de la Constitución venezolana y el artículo 24 de la Constitución colombiana, así como el artículo 22 de la Comisión Americana de Derechos Humanos y el artículo 13 de la Declaración Universal de derechos Humanos.
Recordó que desde abril de 2013 cuando se realizaron las elecciones presidenciales entre Nicolás Maduro y Henrique Capriles Radonsky, se cerró la frontera durante más de 15 días y posteriormente en diciembre de ese año se volvió a cerrar por los comicios de concejales y alcaldes de manera prolongada, injustificada e ilegal, "sin haber sido decretado ningún Estado de Excepción".
"Entre agosto de 2014 y agosto de 2015 se cerró de manera nocturna la frontera, y a partir del 19 de agosto de ese año se cerró totalmente la frontera trayendo como consecuencia la deportación forzosa de 1500 colombianos, el desplazamiento forzoso de más de 22 mil colombianos, y la destrucción de 200 viviendas".
Destacó que en septiembre de 2015 vino una comisión de la Cidh a Cúcuta y luego presentó un informe sobre ese tema, pero no se le ha dado continuidad a esa investigación, ni se ha iniciado un trámite ante la Comisión, ni ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para reparación e indemnización de las víctimas.
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