Claves para entender tensión entre poderes en El Salvador

Agencias | La Prensa del Táchira.- La tensión entre el Poder Ejecutivo de El Salvador y la Asamblea Legislativa se agravó la tarde de este domingo luego de que, en un hecho sin precedentes, el Ejército y la Policía Nacional Civil (PNC) tomaran el control del Congreso.

El Consejo de Ministros había convocado a los diputados a una sesión plenaria extraordinaria para que le aprobara los fondos para la fase III del Plan Control Territorial.

La situación se enfrascó en dimes y diretes entre ambos órganos del Estado. 

Por un lado, el presidente Nayib Bukele mantiene su postura de que al Ejecutivo a través del artículo 167 de la Constitución se le faculta para "convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa, cuando los intereses de la República lo demanden", mientras que los diputados han rechazado la petición argumentando que no "existen condiciones materiales que justifiquen la convocatoria extraordinaria, no basta la simple invocación de la seguridad".

Abogados constitucionalistas y organizaciones sostienen que la convocatoria del Gobierno es "improcedente", porque solo aplica en "catástrofe nacional o de amenaza a la soberanía".

Los actos del Consejo de Ministros dieron paso a que dos ciudadanos interpusieran el sábado una demanda ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la que piden de forma "urgente" una medida cautelar.

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El conflicto también generó la reacción de organismos internacionales que coinciden en que se debe respetar la autonomía de instituciones. Incluso, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, calificó el hecho como "exhibición de fuerza bruta" y pidió la intervención de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El medio de comunicación Factum presenta siete claves para entender la disputa entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo de El Salvador: 

1. El Gobierno busca que la Asamblea Legislativa le apruebe un préstamo de $109 millones para financiar el Plan Control Territorial, con el que dice haber logrado contener los altos índices de homicidio en el país. La petición llegó a la Asamblea en noviembre de 2019, pero la presión del Ejecutivo empezó el pasado miércoles 5 de febrero.

2. Los $109 millones los quieren para gastarlos así: $64.2 millones para comprar equipo como patrullas, helicópteros y hasta un buque; $25.8 para cámaras y equipo de videovigilancia, una temática que despertó el titubeo de los diputados tras la revelación de que una empresa dedicada a este rubro pagó el viaje del director de Centros Penales a México. Lo demás es para administración, imprevistos y comisiones.

3. El Consejo de Ministros convocó a los diputados a una plenaria para este domingo 9 de febrero a las 3 de la tarde. Es una decisión inédita en la historia reciente del país, aunque viciada, según el análisis de expertos en derecho Constitucional. El Ejecutivo se escudó en el artículo 167 de la Constitución de la República para llamar a hacer horas extra a los diputados, aunque varias organizaciones advirtieron la ilegalidad del llamado.

4. Desde la convocatoria, el presidente y varios de sus funcionarios empezaron a intimidar al Legislativo llamando a la población a concentrarse afuera de la Asamblea el domingo. El presidente incluso hizo un llamado explícito a la insurrección (artículo 87 de la Constitución) como amenaza a los diputados si decidieran no presentarse a la convocatoria. La presión aumentó el viernes por la noche, cuando el Ejecutivo mandó a quitar a los policías que escoltaban a los diputados, saltándose así la Ley de Protección de Personas Sujetas a Seguridad Especial.

6. La Asamblea rechazó inicialmente la convocatoria. Pero luego de la intimidación presidencial, surgieron voces adentro que pidieron atender el llamado. Varios diputados llegaron el sábado 8 de febrero a reunirse a la sede legislativa. 

7. El fiscal general de la República, Raúl Melara, se pronunció ante la situación: "Me mantengo vigilante de que se respete el Estado de Derecho y que nadie transgreda los límites establecidos". La Sala de lo Constitucional, el vigilante y máximo intérprete de la Constitución, se pronunció en todo el fin de semana, pese a que dos ciudadanos presentaron una demanda el pasado sábado.

El Plan de Control Territorial fue anunciado el pasado 18 de junio de 2019, por el presidente Nayib Bukele para hacer frente a los grupos criminales.

Con información de El Salvador.com y Revista Factum

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