Redacción | La Prensa del Táchira.- Johnson Delgado, presidente de la Cámara de Licoreros del Estado Táchira (CALITA), denunció que la Alcaldesa del municipio Bolívar (San Antonio del Táchira) mantiene una campaña de amedrentamiento contra los expendedores de bebidas alcohólicas de la entidad.
Mediante un comunicado Delgado expuso que: "A través de instrucciones y publicaciones oficiales, la Alcaldía ha pretendido prohibir de forma generalizada el funcionamiento de nuestro sector los días domingos, ordenando cierres forzosos mediante el uso de los cuerpos policiales y militares. Desde este gremio formal, desmentimos, refutamos y desmontamos técnica y jurídicamente los argumentos de la municipalidad, los cuales vulneran la legislación nacional y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
1. El Desmontaje Jurídico: Análisis Sistemático de los Artículos 212 y 224 del Reglamento
La Alcaldesa justifica sus medidas restrictivas mediante una interpretación errónea, sesgada y manipulada del ordenamiento jurídico tributario. La realidad legal de la República es inequívoca:
La falacia de la prohibición absoluta (Artículo 212): El párrafo primero del Artículo 212 del Reglamento de la Ley de Impuesto sobre Alcohol y Otras Especies Alcohólicas establece una restricción dominical ordinaria que recae exclusivamente sobre el sector "Al por Menor" (licorerías tradicionales). Sin embargo, la Alcaldesa oculta deliberadamente que el mismo artículo instituye excepciones taxativas de obligatorio cumplimiento.
El párrafo segundo señala textualmente que la prohibición "no obsta" (no es impedimento) para que los expendedores Al por Mayor efectúen sus despachos y operaciones logísticas. Asimismo, el párrafo tercero dicta de forma clara que "se exceptúan de esta prohibición las cantinas" y expendios por copas que funcionen anexos a hoteles, restaurantes y centros sociales.
La tergiversación del horario tasado (Artículo 224): La Alcaldía utiliza el Artículo 224 para pretender encerrar a todo el sector licorero bajo el mismo esquema restrictivo.
Jurídicamente, una vez que el Artículo 212 declara a los Mayoristas y a las Cantinas Anexas como "exceptuados" de la ley seca dominical, se activa para ellos de manera directa el cronograma del Artículo 224, numeral 2. Esto faculta legalmente a los restaurantes con cantina a operar los domingos (ej. de 12:00 m. a 1:00 a.m.) y a los salones de baile o clubes recreativos en sus horarios correspondientes (hasta las 3:00 a.m.).
Ninguna ordenanza municipal ni instrucción de una Alcaldesa puede pasar por encima de un Reglamento dictado por el Ejecutivo Nacional. Aplicar restricciones del "Por Menor" a sectores expresamente exceptuados por la ley nacional constituye un grave vicio de extralimitación de funciones y desviación de poder.
2. Respuesta a los señalamientos de la Alcaldía: El sector licorero es sinónimo de formalidad, no de desorden
Rechazamos categóricamente la matriz de opinión de la Alcaldía que intenta poner en tela de juicio el ejercicio de nuestra actividad bajo la falsa premisa de que estas medidas persiguen "poner orden y garantizar la seguridad". Es totalmente falso que nuestro sector fomente la inseguridad o el desorden.
Los licoreros del Municipio Bolívar somos comerciantes formales, empresarios y emprendedores establecidos que:
Pagamos rigurosamente tributos nacionales y municipales.
Generamos empleos directos e indirectos que sostienen la economía de la frontera.
Operamos bajo infraestructuras formales que cumplen con las normativas sanitarias y de seguridad del Estado.
Criminalizar al comerciante formal para justificar la ineficiencia en los planes de seguridad ciudadana locales es un acto irresponsable. El orden público se garantiza fiscalizando la clandestinidad y el contrabando, no persiguiendo ni amedrentando a quienes abren sus puertas legalmente para trabajar.
3. El Secuestro Institucional: La no renovación de licencias es una violación de derechos
Denunciamos públicamente ante el país la grave situación que enfrentan nuestros agremiados, a quienes la Alcaldía les niega desde hace años el derecho a la renovación oportuna de sus licencias de licores.
Tener la vigencia de la licencia de actividades económicas es un derecho consagrado del comerciante que ha cumplido con los requisitos de ley. Mantener al sector en un estado de "indefensión administrativa" por la omisión de la propia Alcaldía, para luego utilizar esa falta de renovación como excusa para amedrentar, extorsionar o cerrar negocios, constituye una práctica desleal que destruye la seguridad jurídica que tanto necesita la frontera de San Antonio del Táchira.
4. Amparo Constitucional y Solicitud Urgente al Gobernador del Estado
Lo único que exigen los más de noventa (90) comerciantes afectados en el Municipio Bolívar es un derecho humano fundamental: que los dejen trabajar en paz.
El artículo 87 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que "Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar", mientras que el artículo 112 garantiza el derecho al libre ejercicio de la actividad económica de su preferencia. El cerco económico impuesto por la alcaldesa atenta de manera directa contra la subsistencia de cientos de familias tachirenses.
Por todo lo antes expuesto, solicitamos formalmente la intervención inmediata del Ciudadano Gobernador del Estado Táchira. Le pedimos que, como garante del desarrollo económico, de la paz social y del turismo en nuestra entidad, actúe como mediador ante este atropello municipal. Exigimos la instalación urgente de una mesa técnica de diálogo entre la Cámara de Licoreros, la Alcaldía y las autoridades militares de la zona, para que prevalezca la verdad jurídica y constitucional, cesen las agresiones contra los establecimientos formales y se devuelva la tranquilidad económica al Municipio Bolívar".
Descarga nuestra app aquí o escanea el código QR
