Francisco Hinojosa / ERL | La Prensa del Táchira.- La dificultad para encontrar viviendas en alquiler con condiciones justas se ha convertido en una creciente preocupación para los ciudadanos de San Cristóbal. Múltiples testimonios de inquilinos revelan una sensación generalizada de molestia e indefensión ante lo que consideran cobros excesivos por adelantado y la imposición de normas que, en algunos casos, parecen ir más allá de lo estipulado en los contratos.
Carlos Arellano, un ciudadano que ha experimentado de primera mano estas situaciones, califica como un "abuso" la práctica de algunos arrendadores de exigir varios meses de depósito, los cuales, denuncia, en ocasiones no son devueltos.
Arellano relató su experiencia al alquilar un apartamento en Santa Teresa, donde tuvo que abonar dos meses por adelantado, además del depósito, y al entregar la propiedad en buenas condiciones, no recibió la devolución del depósito. "Es bueno denunciar estos atropellos porque los mismos abogados que hacen el contrato se prestan para estas trampas", sentenció y recomendó a los inquilinos buscar asesoría legal por cuenta propia.
Clausulas al margen del contrato
Otro ciudadano, quien prefirió no ser identificado, compartió su frustración tras un aumento repentino en el inmueble que hace vida en Barrio Sucre.
"Es un abuso lo que están cometiendo algunos dueños de propiedades al irrespetar el contrato por no anunciar el aumento con tiempo", manifestó, luego de que su renta subiera de $120 a $160, un mes después de renovar el acuerdo.
El inquilino hizo un llamado a los organismos competentes para que investiguen estas prácticas, señalando que incluso los abogados involucrados en la redacción de los contratos deberían justificar tales medidas.
Por su parte, Carla León, quien ha vivido en calidad de inquilina durante muchos años, destaca la importancia de asesorarse legalmente al momento de alquilar.
"Muchos dueños de alquileres, a pesar de establecer el contrato, terminan imponiendo leyes que están fuera del mismo", afirmó y sugirió que los alquileres gestionados por inmobiliarias ofrecen una mayor garantía tanto para arrendadores como para arrendatarios.
En contraste con estas denuncias, Blanca Capacho, una propietaria con más de diez años de experiencia, defiende su política de cobrar algunos meses por adelantado como una medida para "asegurar el buen estado de las instalaciones" al finalizar el contrato.
Propietarios precavidos
Capacho asegura que sus prácticas se rigen por la ley y que se ha vuelto más selectiva debido a experiencias negativas previas con inquilinos.
Por su parte, Richard Lozada, otro arrendador, señala que en sus exigencias el contrato es opcional y corre por cuenta del arrendatario si este lo desea.
Lozada alquila propiedades con características específicas, como compartir cocina y baño, principalmente a personas solas o parejas jóvenes.
Sin embargo, el propietario reitera que en caso de tener que desalojar a los inquilinos, al no existir un contrato establecido, estos se ven obligados a desalojar la instalación a la mayor brevedad posible.
El proceso de alquiler debe ser totalmente bajo legalidad
La perspectiva de los agentes inmobiliarios apuesta por las garantías de las partes. Erika Verdi, con cinco años de experiencia en el sector, explicó que la solicitud de depósitos de hasta tres meses busca garantizar que el propietario reciba su inmueble en las mismas condiciones en las que lo entregó.
"La relación de un alquiler es un noviazgo, entramos bien pero no sabemos cómo terminamos, por esa razón se solicitan los tres meses de depósito", argumentó Verdi y enmarcó la importancia de los contratos para proteger los intereses de ambas partes.
Desde el punto de vista legal, la abogada especialista en contratos de alquileres, Dra. Bilma Carrillo, ofreció claridad sobre los procedimientos legales para el desalojo, basándose en la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda.
La doctora Carrillo enumeró las causales legales para un desalojo y enfatizó que el proceso debe iniciarse ante la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda (SUNAVI).
Destaca que solo en caso de desacuerdo o incumplimiento de los convenios alcanzados en esta instancia administrativa, se debe acudir a los Tribunales competentes para resolver la situación.
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