Redacción | La Prensa Táchira.- Lo que transcurría como una noche de camaradería entre los asistentes al lugar, quienes departían mientras escuchaban música e ingerían bebidas alcohólicas, se transformó en una de las peores masacres conocidas en la historia del estado Táchira.
Era un viernes 30 de mayo de 2008, cuando aproximadamente diez hombres se encontraban en la tasca "El Pedregal". Unos jugando una partida de pool y otros charlando, aprovechando que era fin de semana de quincena para tomarse unos cuantos tragos de licor para amenizar el momento. Una ligera lluvia caía en la calle que lleva el mismo nombre del establecimiento, en el sector de Campo C, en el municipio Capacho Independencia.
Cuando el reloj marcaba más de las diez de la noche, varios hombres llegaron al lugar a bordo de motos de alta cilindrada y custodiados por un taxi de color blanco. Luego de ubicarse en lugares estratégicos, al mejor estilo de películas de acción, estilo Kill Bill, los hombres desenfundaron sus armas y comenzaron a ejecutar a cada uno de los presentes.
Sin mediar palabra con alguno de ellos, estos sujetos dispararon contra los diez hombres presentes, comenzando por el dueño del establecimiento y su hijo, quienes heridos de muerte cayeron al piso.
La muerte los tomó a todos por sorpresa. Esa vieja norma de que en caso de oír disparos se deben lanzar al piso no aplicaba en el lugar, pues los asesinos llevaban la misión de acabar con la vida de todos los que allí se encontraban.
La ráfaga de disparos no duró mucho tiempo, pero fue suficiente para arrebatarles la vida a ocho de los asistentes y herir de gravedad a dos más. Disparos en la cabeza, pecho y espalda eran la constante de los cuerpos que quedaron tendidos en el lugar.
De manera instantánea murieron Alberto Zambrano, de 82 años de edad y Elifonso Prato, de 69. Ambos taxistas quedaron tendidos en la entrada del establecimiento, donde se encontraban conversando. Uno de ellos, incluso quedó con la botella de cerveza en la mano tras ser acribillado por hombres desconocidos.
Otro de los muertos en el lugar era el metalúrgico Richard Jeisson Jáuregui, de 33 años y los latoneros Jairo Benito Villalobos, de 47 años de edad, y Gerardo Germán Valbuena, de 33 años de edad.
No aguantaron
Tres personas más murieron fuera del establecimiento mientras eran ayudados por sus familiares. Estos eran el dueño del Pool, Francisco Sánchez Varela, de 57 años y su hijo, Francisco Alejandro Sánchez Rangel, de 21 años y quien en sus ratos libres ayudaba a su papá en el negocio familiar, pues al momento de su muerte el joven recién iniciaba estudios de informática en un instituto universitario de San Cristóbal. Ambos fueron sacados por familiares y vecinos del charco de sangre en el que se encontraban y mientras iban a la altura de El Mirador, perdieron la vida, pues sus heridas eran mortales.
El último en morir fue Orlando Ramón Useche, de 28 años y quien trabajaba como alguacil del Ministerio de Interior y Justicia. Él sucumbió mientras recibía atención médica en una clínica privada de la ciudad.
Se pudo conocer que cinco de las ocho víctimas eran conocidas entre sí y tenían algún parentesco y eran residentes de la zona donde ocurrió la masacre. Algunos tenían poco tiempo de haber llegado a la tasca cuando los masacraron de forma inclemente.
Dos con vida
De los diez presentes en el negocio, dos personas resultaron heridas y pese a la gravedad de sus heridas, lograron sobrevivir. Manuel Ricardo Rodríguez y Ruddy Cabón de 24 años de edad, ambos vivieron para contarla. No fueron rematados a tiros porque al momento de iniciarse el tiroteo, salieron por la parte posterior del pool. Pese a ello, recibieron disparos en la espalda y brazos.
Personas de honor
A todos los ultimados en el lugar los conocían en la zona y sus vecinos descartaron de inmediato que hubiera alguna rencilla que los matones llegaron a cobrar. En medio del dolor por las trágicas pérdidas, familiares de los occisos pedían a gritos justicia, pues esto no se trataba de un ajuste de cuentas.
Esta situación era corroborada por las autoridades, en vista de que tras verificar en el sistema policial los antecedentes de los fallecidos, todos aparecían sin registros, por lo que el aporte de testigos presenciales sería determinante a la hora de precisar quiénes habrían ejecutado tan macabra matanza.
Las experticias
La noticia del tiroteo se supo casi que de inmediato, por lo que los funcionarios de Politáchira de Capacho, Táriba y San Cristóbal llegaron al lugar a fin de preservar la escena lo más intacta posible, mientras arribaban funcionarios de la Brigada contra Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, quienes se encargarían del levantamiento de los cinco cadáveres que quedaron en el lugar, además de colectar las evidencias y objetos de interés que pudieran dar con la captura de los autores tanto materiales como intelectuales de lo que sería la segunda masacre en la entidad, pero la que cobró más víctimas hasta la presente, pues antes de esta, se registró una matanza en el 2004 en la zona de Las Minas, una barriada populosa de San Antonio, donde irregulares asesinaron a seis jóvenes.
Los charcos de sangre inundaban no sólo el interior del pool, sino la fachada del mismo. Las conchas de bala y proyectiles que quedaron incrustados en las paredes e inmuebles del local debían ser removidas por los sabuesos, quienes en un primer vistazo se dieron cuenta que las armas usadas eran semiautomáticas, aunque el calibre de las mismas no fue determinado por las autoridades.
Los cuerpos fueron trasladados esa misma noche a la morgue del hospital de San Cristóbal, y allí permanecieron hasta el día siguiente bajo una fuerte custodia policial, pues se temía la llegada de grupos armados al recinto.
Dada la poca iluminación del establecimiento, así como por la lluvia, los funcionarios procedieron a bajar las santamarías de "El Pedregal" y llegar a primera hora de la mañana para revisar mejor el lugar.
La luz del día evidenciaba la carnicería que en menos de doce horas antes se había registrado en el lugar. Incluso pozos de agua que estaban en las inmediaciones estaban manchados de rojo, pues la lluvia lavó parte de la sangre que quedó afuera del local.
De inmediato, la hipótesis que se manejó fue la de que esta ejecución la habrían efectuado irregulares colombianos, dado el acento de estos al hablar entre ellos, según declaraciones de vecinos que aportaron esos y otros detalles a los funcionarios policiales.
El móvil del robo fue descartado en un primer momento, ya que a ninguna de las víctimas le despojaron de sus pertenencias y tampoco hubo cruce de palabras entre homicidas y los presentes en el lugar antes de las ráfagas de disparos.
Retaliación
En febrero de ese mismo año, un hombre de nacionalidad colombiana fue asesinado en ese lugar por desconocidos. Desde esa fecha, sujetos le habrían exigido al dueño del local el cierre del mismo, por lo que las autoridades no descartan que el único objetivo haya sido eliminar al señor Francisco Sánchez y que los presentes hayan sido víctimas circunstanciales o fortuitas, aunque también la muerte de tantas personas sentaría un precedente con el que se buscaría sembrar el terror en los habitantes de la zona.
Retratos hablados
Tras 72 horas del asesinato de estas ocho personas, se hicieron los primeros retratos hablados de quienes podrían ser los responsables materiales de este hecho.
Tras investigaciones de campo y sobre evidencias colectadas, tres policías en condición de retiro y cinco civiles fueron capturados y acusados de homicidio intencional calificado en grado de complicidad correspectiva, homicidio intencional calificado en grado de complicidad correspectiva en grado de frustración y asociación para delinquir.
Tras una serie de situaciones, los abogados defensores de estos ocho hombres solicitaron el traslado del juicio a la ciudad de Barinas, la cual fue aprobada y es en la entidad llanera, donde, el 6 de julio de 2011, tras diez meses de debates y audiencias, los condenan a 30 años de prisión.
Incansable lucha
Pese a que el caso se considera cerrado, familiares de estos ocho hombres aseguran que ellos fueron acusados injustamente.
En reiteradas oportunidades, madres, esposas y otros miembros cercanos al núcleo familiar denunciaron que presentaron informes con los nombres de quienes habrían ejecutado la masacre en Campo C, pero que los mismos eran obviados por los jueces y fiscales que llevaban la causa.
Denunciaron que antes del traslado de los detenidos a la cuidad de Barinas, les propinaron una brutal golpiza sin aparente razón.
Uno de los abogados defensores, Carlos Macero, en reiteradas oportunidades retó al sistema judicial a fin de probar que sus ocho defendidos eran inocentes y que quienes habrían accionado sus armas de fuego en contra de los presentes en el pool "El Pedregal", la noche del viernes 30 de junio de 2008, aún estaban libres y delinquiendo.
Destacó en su momento que espera que le permitan exponer el caso en un escenario neutral, pues a su juicio eran tan inocentes los fallecidos y heridos, como los que purgan condena sin tener implicación en este hecho.
Familiares reprocharon que ninguna autoridad haya escuchado y visto el informe, donde incluso hay fotos de los verdaderos culpables.
Lo último que se supo de este caso es que los detenidos fueron trasladados a diversas cárceles, entre ellas La Planta y El Dorado, en el estado Bolívar.
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