El contrato social venezolano, tiene como finalidad, tener un Estado amante de la paz, promotor de la prosperidad, del bienestar, que practique la ética en el desenvolvimiento de sus Instituciones, a las cuales se les estableció un conjunto de principios, que sirvieran de directrices en su accionar, sobre todo a las de Gobierno, entre otros, los de electividad, alternabilidad y pluralidad, porque seguramente existe gente muy valiosa con calidad humana, conocimientos y experiencia, pertenecientes a distintos sectores que, pueden desempeñar con decoro y probidad, cualquier cargo público, sea de elección popular o de libre nombramiento, por lo tanto; creer que pueda existir un grupo o asociación que de por vida, pueda detentar cualquier poder, es una postura vanidosa y prepotente, contraria totalmente a ese orden civil republicano que, permite designar, cada cierto tiempo, representantes de distinta procedencia social, política o económica a esos cargos, solo por el voto mayoritario de la voluntad general o de gobiernos verdaderamente legitimados.
Por cierto, que, ese orden civil se asegura en buena medida, con gobiernos legítimos y que brindan seguridad jurídica a sus ciudadanos, esto es, certeza y confianza en el actuar de sus Instituciones, sometidas plenamente a la Ley y al Derecho que, junto a la Democracia, son vértices que aseguran la necesaria convivencia pacífica, en un escenario político diverso, donde actúan personas de distinta naturaleza y formas de pensar, que obligan necesariamente a los órganos del Poder Público a consensuar y conciliar los intereses, que cada una de ellas, representa, siguiendo en tal sentido, las prescripciones que ese contrato social, aprobado en 1999, ordenó y que nos obliga a todos, sin excepción, a jugarle limpio a Venezuela especialmente en los actos electivos, sobre todo, para que el cuerpo político mayoritario sea respetado y acatado como se ordena en esa carta magna, que por lo demás, permite que se haga o hagan observaciones a dichos procesos, buenas o malas, por el solo hecho de ser electores, en un Estado que debe ser libre o se supone libre.
Ese orden civil igualmente, también debe garantizar la libertad, aunque como bien dijo Rousseau, "el hombre en todas partes, se halla entre cadenas", las cuales deben ser desechadas con inteligencia y racionalidad, habida cuenta que, "quien se cree señor de los demás, no deja de ser un esclavo de ellos". Y es que la libertad, viene a ser un valor inherente al ser humano, casi que, un derecho natural que, el orden civil debe preservar, para evitar o prevenir que, en cualquier Sociedad, se quiera imponer la fuerza, lo cual es detestable y retrogrado a la progresividad de los derechos humanos, que países como el nuestro tiene garantizada en ese contrato social, llamado Constitución, y que de no cumplirse originaría una selva en donde se impondría no la ley racional, si no, la ley de la selva, que obligará a la mayoría que es gente sensata, a obedecer teniendo en el Alma la pulsión de que se someten a un orden civil injusto, para cuidar de esta manera ese gran valor que es la libertad, hasta que como dijo Rousseau, pueda sacudirse del yugo.
Buscar una sociedad libre, es un derecho y un deber de todo cuerpo político; un derecho solemne que sirve de soporte a todos los demás. Por supuesto que, con la evolución del hombre, ese derecho es legislado, a través de convenciones sociales, con autoridades legítimas. Por ello, un orden civil legítimo, debe sustentarse en una legalidad de origen, que desarrolla su actuación apegada a lo que el cuerpo político, se dio como normativa; sin una Constitución o su inobservancia, los acuerdos de convivencia entre gobernantes y gobernados, serán vanos e ineficaces, hará que se torne riesgosa esa convivencia, pues obrar sin ley o ciegamente a ella; es el camino más seguro para los desencuentros. Para que ello no ocurra, se recalca una vez más, la legitimidad debe provenir de la solemnidad de la convención social que se dio una colectividad, vulnerarla sería reducir ese régimen de convivencia a la nada, a dejar a la sociedad en un limbo, propensa tal vez, a ser víctima de la fuerza y de la incomprensión; por lo tanto, gobernantes y gobernados, deberían entenderse, sin mayores pretextos o evasiones.
El orden civil republicano, debe ser portador de la libertad de todos los hombres, una libertad común, que debe ser conservada por medios lícitos y prácticos. Un pueblo debe ser en esencia y en sus Instituciones libres, ello reflejará su espíritu y responsabilidad, para consigo mismo. Sin embargo, como se decía al inicio de este artículo, existen personas que concibieron el poder de distinta manera, así Grocio, citado por Rousseau "niega que todo poder humano, se haya establecido en favor de los gobernados", lo que complementa con el relato de hombres sometiendo a otros hombres, con la esclavitud. Para Hugo Grocio, existen los pastores de los hombres, que son sus jefes, a los que considera de naturaleza superior a la de sus pueblos, lo que actualmente resulta inadmisible, por cuanto una de las tareas básicas de todo gobernante es trabajar en favor de la igualdad y la justicia, lo que supone un acercamiento con sus ciudadanos o súbditos, entendidos en primer lugar, como actores de la gestión gubernativa y la segunda, como destinatarios de las medidas de gobierno.
En esta misma esfera argumental, es evidente que, en los sistemas políticos autoritarios, los más fuertes, con el fin de dominar, mudan o transforman su fuerza, a un falso derecho, para hacer que sus posturas ideológicas se conviertan en obligaciones legales, aunque no sean leyes, muy justas, pues cuando el orden civil es débil, se impone el derecho del más fuerte, con un muy escaso componente moral, que es otro elemento sustancial e infaltable en cualquier decisión estatal, dado que la ausencia de este componente, además de obligación, luce como imposición. Opinó nuevamente Rousseau en casos como éste que, "ceder a la fuerza es un acto de necesidad", tal vez, para preservar la vida y la libertad, cuya vigencia deben provenir también de la prudencia, conductas que, con el tiempo, terminarán por sobreponerse a la fuerza barnizada de un supuesto orden civil, que con el tiempo por falta de arraigo popular desaparecerá, ya que no podrá ser exigido por las Instituciones que hicieron de la fuerza derecho, al triunfar en definitiva la calidad del hombre libre.
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