En nuestro país, todas las personas tenemos el deber de cumplir y acatar la Constitución y leyes de la República, esa obligación forma parte del pacto de convivencia, que tenemos todos los venezolanos entre sí y con el Poder Público, el cual también está obligado por dichas normas, a garantizarle a los primeros, entre otros, derechos políticos, a fin de que algunos, como la pluralidad de ideas, no afines, coexistan con las ideas gubernativas, para que el derecho a manifestar pacíficamente y sin armas, se cumpla sin contratiempo alguno, cada vez que sea necesario y, para que los eventos electorales, se cumplan sin mayores dificultades y en condiciones de igualdad. Hemos colocado de manera particular estos tres derechos políticos, que deberían caracterizar la actividad política venezolana, porque sobre los mismos, el Estado venezolano a través de sus distintos poderes públicos, han colocado todo un menú de delitos políticos, que sirven de advertencia y punición, cuando los ciudadanos o los políticos de profesión o no, denuncian o actúan con palabras y acciones, en contra de las actuaciones materiales del Gobierno. Ese arsenal penal, se halla contenido en el actual Código Penal y forma parte del aparato coercitivo del Estado venezolano, en contra de sus adversarios políticos, para ellos enemigos a pesar de proclamar la vigencia de una supuesta democracia.
Ese catálogo de delitos, lo integran aproximadamente, veinte (20) artículos punitivos, lo cual es contrario a la tendencia de los países verdaderamente democráticos, que es a reducirlos sustancialmente, pues esa forma política los obliga a ello, además de que el proceder de los órganos del Poder Público, se ajustan a la ley y al derecho, dado que, en ellos, se da y aplica el principio de separación de poderes que, en nuestro país, desde hace años, ha sido desestimado, por la concentración de los mismos en la figura del Presidente de la República, lo que desembocó en un autocratismo, que es cuestionado tanto a lo interno, como a lo externo y que es respondido con mensajes ultranacionalistas, de supuestas agresiones militares o subversivas de otras Naciones. Es así, como en el Código penal vigente, se previó como delito, contra la Independencia y Seguridad de la Nación, "la traición a la patria", que ocurrirá cuando cualquier venezolano o extranjero se pusiera de acuerdo con un país o república extranjera, enemiga de Venezuela, con grupos paramilitares o subversivos, para cercenar o conspirar contra la integridad territorial, como lo hizo Chávez en el 2004, al permitir que Guyana explotara recursos naturales en la zona en reclamación, sin que esta circunstancia fuera sustanciada por los órganos judiciales competentes, para establecer las responsabilidades debidas; también la hostilización a las Instituciones Republicanas, se considera como tal, delito.
Afortunadamente la madurez y equilibrio de la mayoría de ciudadanos demócratas, no ha llevado a ninguna agresión o ataque a institución republicana afecta al gobierno. De la misma manera, en ese conjunto de normas penales, se observa una gran paranoia gubernativa, al creer que, en tiempos de paz, desde territorio extranjero, buques de guerra o aeronaves, puedan lanzar proyectiles o hagan cualquier otro mal, a las poblaciones, habitantes o al territorio venezolano, late en el poder entonces de que hay países que le quieren hacer daño, siendo que, nuestras relaciones internacionales, deben regirse también por el principio de la solución pacífica de los conflictos internacionales. Este gobierno que tiene muy débiles relaciones internacionales, tiene la fijación mental de que lo quieren agredir, hacerle daño, sin tomar en cuenta que, como territorio continental que tenemos, nuestros problemas, llegan y afectan a otros países del área, y a los cuales no se les permite opinar de ellos, por razón de una supuesta "soberanía", aunque aquellos alberguen una gran cantidad de connacionales. Es por eso que, cualquier venezolano que se encuentre residiendo en el extranjero, se puede convertir en reo de la justicia penal criolla, cuando denuncie irregularidades en cualquier sector del gobierno, como ocurrió recientemente con nuestra paisana periodista Sebastiana Barráez y otros más.
También en el Código Penal se previeron delitos contra los Poderes Nacionales y de los estados, lo cual nunca debe ocurrir, pues el voto electoral es suficiente para relevar democráticamente a cualquier autoridad de cualquier nivel, sin embargo, esa norma seguramente fue dictada por los autores del 4F, para prevenir, lo que ellos hicieron en contra del orden constitucional, y quienes lo intentaron del lado democrático, no encontraron respuesta favorable a estos métodos impropios a su condición dirigencial, y hoy en día el ambiente electoral se expande por todo el país político, en medio de un clima de paz y esperanza, aunque el gobierno en su lenguaje agresivo y hostil siga inventando tormentas. Lo anterior, porque bajo el socialismo imperante, sus autoridades no admiten discrepancias contra el Poder Público o la Constitución, aunque ellos lo concentren en un solo poder, atentando así, contra nuestra forma republicana, que se dio cinco (5) poderes, para que, entre ellos, hubiere contrapesos o con bastante frecuencia vulneren la Constitución, diciendo cínicamente que la acatan y cumplen. Es así, como por delitos políticos, las penas son bastante severas, las que difieren del Derecho Penal Comparado, en donde ya casi estos delitos, no se suceden, aunque en Venezuela tampoco, pero el Gobierno se inventa traiciones a la patria, espionaje, conspiraciones, atentados y demás versiones parecidas.
De otra parte, ya se inició la campaña electoral, bien por la oposición PU que, se está moviendo con ligereza y efectividad por todo el país, haciendo jugadas políticas loables en contra de un gobierno que, la enfrenta con métodos innobles, no propios de seres demócratas y eso resulta inaceptable y condenable; menos mal que tampoco toda nuestra clase política, ha mordido el peine de la violencia, que es una acción inapropiada para adversar al gobierno y que si mantiene en la calle grupos civiles violentos, sin que la normativa penal tan estricta, para el lado opositor, se les aplique a ellos a pesar de que muchas veces han causado lesiones personales a actores políticos o ciudadanos. En los regímenes autoritarios, como el que confrontamos, el dirigente opositor que es constante en sus denuncias, reclamos y acciones políticas, contra el gobierno imperante, se convierte o lo convierten en delincuente político, el delito se configura por disentir de las prácticas antidemocráticas del Estado-psuv en este caso; así vemos también, como dirigentes con muchos años de ejercicio político, resultaron imputados y exiliados, sin probárseles absolutamente nada en juicios transparentes, o sea, claros para la opinión pública, pues la feroz maquinaria revolucionaria, lo que sí ha hecho muy bien, es descalificar y terminar moralmente a sus adversarios.
No se puede pasar por alto en esta opinión, el caso de la Dra. Roscio San Miguel, opositora racional y pacífica al gobierno, y a quien entre otros supuestos delitos políticos se le imputó el de "espionaje", sin que al país, se le explicara de manera convincente como se configuró, pues se le atribuyó de manera general el haber comunicado dibujos, planos y otras informaciones relativas a fortificaciones militares, lo cual a la opinión pública le resultó bastante dudoso, en todo caso, se piensa que esta valiosa venezolana está siendo castigada por sus opiniones, respecto de la vida militar, que bajo este gobierno ha resultado bastante noticiosa, amén que se ha informado de las irregularidades procesales de que ha sido víctima. Ojalá en los años por venir, se revise razonablemente la normativa sobre delitos políticos, existente en el vigente Código Penal; ya basta de tanto odio y desprecio por razones ideológicas entre los venezolanos; Venezuela es nuestra patria, por ella profesamos un profundo sentimiento de amor y respeto, la unión del país, no se logrará con penas de prisión y de presidio de por medio, la Democracia y la Libertad, deben ser promovidas, el accionar político constante y regular es lo que debe privar, se debe desterrar de una buena vez la violencia por causas políticas, menos mal que el Dr. González Urrutia, declaró que vendrán indultos y amnistías, para normalizar así en parte, nuestra vida política republicana.
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