Agencias | La Prensa del Táchira.- El Frente Laboral Internacional Venezolano (FLIV) criticó este domingo la falta de acción por parte de Pdvsa ad hoc, la Asamblea Nacional de 2015 y la Comisión de Administración y Protección de Activos (CAPA) en relación con un caso de posible corrupción que afecta a Citgo, la filial de la estatal petrolera venezolana en Estados Unidos.
Lo sindicalistas recordaron que hace un año el diputado de la AN 2020, Jorge Alejandro Rodríguez, instó a las autoridades estadounidenses a investigar posibles violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) por parte de Crystallex International Corporation y Siemens Energy.
Esto, por supuestos «pagos irregulares comprobados a funcionarios venezolanos por parte de Siemens y Crystallex», asì como a funcionarios del extinto gobierno interino. «Siemens Energy busca cobrar una deuda de más de 140 millones de dólares de Pdvsa, a pesar de un historial de irregularidades y sobornos en Venezuela. Crystallex, por su parte, ha presentado múltiples demandas contra Venezuela tras la nacionalización de la mina Las Cristinas en 2008», señala el FLIV en un comunicado.
Inacción de la AN de 2015
En su comunicado, el frente laboral denuncia la inacción de Pdvsa ad hoc, la AN 2015 y la CAPA, que pese a la «gravedad de las acusaciones», no han tomado medidas concretas para avanzar en la investigación y proteger los activos nacionales. «Esta inacción es inaceptable y pone en peligro la capacidad del país para defender sus intereses frente a acciones legales y financieras internacionales», recalca el FLIV.
Ante esta situación, el grupo sindical demanda a la AN 2015 una investigación «exhaustiva y a fondo» de las acusaciones en contra de Crystallex y Siemens Energy, en colaboración con entidades estadounidenses, para «esclarecer todas las posibles violaciones de la FCPA y otros actos de corrupción».
El FLIV insta a implementar medidas para proteger los activos venezolanos en el extranjero, evitando su liquidación o embargo indebido. También, exige garantizar la transparencia en todos los procesos relacionados con la investigación y sancionar a los funcionarios y entidades que hayan facilitado o se hayan beneficiado de prácticas corruptas.
Finalmente, exhorta a fomentar la cooperación con organismos internacionales y gobiernos extranjeros para asegurar la aplicación rigurosa de las leyes anticorrupción.
Fuente Informativa: El Nacional
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