Alí Daniels asegura que el Gobierno pretende sacar del terreno social a las organizaciones que han denunciado violaciones sistemticas de DD HH

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Alí Daniels asegura que el Gobierno pretende sacar del terreno social a las organizaciones que han denunciado violaciones sistemáticas de DD. HH

Alí Daniels: "Proyecto de ley busca disolver las ONG"

Ana Uzcátegui | La Prensa Táchira.-  Desde el año 2010, la Asamblea Nacional (AN) y voceros del alto Gobierno han amenazado con aprobar una ley que controle el financiamiento que reciben las ONG, y sin explicación alguna las discusiones se han diferido en varias ocasiones. El anuncio que dio a conocer el lunes 20 de mayo el legislador y primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, de que el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro iba a ser aprobado en sesión ordinaria el martes 21 de mayo, no se concretó. Los parlamentarios sólo aprobaron nueve de más de 30 artículos de un documento que no aparece publicado en la página web de la AN.

"Las organizaciones que manejan fondos importantes en este país son las humanitarias. Esa ayuda es a través de Naciones Unidas y esa información la transmiten al Gobierno. Así que es falso que las ONG trabajen a escondidas", expresó Alí Daniels, abogado, profesor de la UCAB y director de la ONG Acceso a la Justicia.

¿Qué consecuencias genera este proyecto de ley para las ONG de Venezuela?

El proyecto que se discutió el martes es más largo que el aprobado en primera discusión por la AN en 2023. Tiene más de 30 artículos, el pasado tenía 17, además es diferente, pero no por ello mejor. Tiene las mismas características punitivas, sancionatorias, persecutorias del primero, sólo que lo hace con menos errores de redacción, al final, el carácter sancionatorio de la ley se ve, porque esta ley que tiene más de 30 artículos, el 31% de sus normas son de carácter sancionatoria.

Cuando uno escucha al oficialismo, la palabra recurrente es que esta ley permitirá el control del financiamiento que reciben las ONG porque pueden provenir esos recursos de Estados Unidos, para legitimar capitales, crear partidos políticos o financiar actividades de terrorismo. ¿Realmente el Estado venezolano no sabe en qué utilizan los recursos las ONG del país?

Todas las ONG pagan impuestos, declaran al fisco, pagan nómina, cumple con el Seguro Social, etc. De modo que nada de lo que hace la organización es bajo cuerda. Además, el grueso de las ONG que manejan fondos importantes en este país son las que trabajan la emergencia humanitaria compleja que padece Venezuela. Esa ayuda se hace a través de Naciones Unidas y son ellos quienes tienen unos controles y exigencias de cumplimiento, y luego de que la ONU satisface sus controles esa información se la pasa al Gobierno y la publican en sus plataformas, incluso informan qué país da el donativo.

¿Cuál es la verdadera intención de este proyecto?

Se persigue es que las ONG que tienen opiniones independientes, pues se callen, porque cuando una ONG humanitaria que trata temas de niños, niñas y adolescentes en materia de nutrición, dice que en Venezuela la desnutrición es alta, eso al Gobierno no le gusta. O cuando una ONG da información sobre temas de violaciones de DD. HH., crímenes de lesa humanidad, pues obviamente eso tampoco es del agrado del Gobierno. Entonces buscan calificar a las ONG que son molestas como enemigos internos y perseguirlos. La ley tiene elementos tan graves como que las organizaciones que ya están constituidas, van a tener que volverse a inscribir en un nuevo registro, so pena de que su inscripción se declare nula. Eso va a ser una manera de que aquellas ONG que están constituidas y que son molestas, puedan ilegalizarse o se disuelvan como ocurrió en Nicaragua.

Lo peor de todo es que el Gobierno que dice que las ONG tienen que ser transparentes, es el mismo Gobierno que tiene cinco años sin publicar la Ley de Presupuesto y sin que se publique una Memoria y Cuenta de algún ministro, es decir, si alguien no rinde cuenta en este país es precisamente el Estado venezolano.

Usted ha dicho que la ejecución de esta ley puede dar pie a disolver a las ONG del país, incluso por sólo criticar al Gobierno. ¿Estaría en riesgo la ayuda humanitaria?

Efectivamente, por ejemplo, en el caso de las humanitarias el hecho, por ejemplo, de que se tengan que hacer todo este papeleo con un montón de requisitos totalmente inútiles, pero que son onerosos para las ONG va a hacer que se incrementen los gastos que destinan a trámites administrativos, que puede ser el 1 o el 2% de los fondos. Eso hace que lleguen menos recursos a los beneficiarios de la ayuda humanitaria.

¿Por qué asegura que este proyecto busca aplicar el mismo libreto que Nicaragua?

En Nicaragua ilegalizaron y confiscaron los bienes de más de 3.000 ONG. Una de ellas fueron las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta, que además fueron expulsadas del país de una manera indigna. Este proyecto de ley venezolano aprobado en segunda discusión involucra a esto, expresamente señala la expulsión de extranjeros que formen parte, al ser sancionados por la ley. La pregunta es: ¿quiénes son los verdaderos afectados con lo que hicieron en Nicaragua?, su gente, que ahora no tienen esa ayuda que le prestaban las ONG.

Este proyecto de ley no es nuevo, el Gobierno lleva varios años amenazando a las ONG con crearlo. ¿Por qué no se termina de aprobar?, ¿por qué justamente vuelve a salir a relucir el tema cuando estamos tan próximos a unas elecciones?

Obviamente sería especular decir cuáles son las razones por las que amenazan constantemente con este tipo de normativa desde 2010. ¿Por qué habiendo tantas iniciativas no terminan de aprobarla?, para nosotros también es un misterio. Entendemos que quizá los donantes de la ayuda humanitaria, los países porque no es sólo Estados Unidos, son también los países que integran la Unión Europea, le han hecho saber al gobierno venezolano, mire, nosotros estamos dando dinero para Venezuela y ahora vienen a dictar normas que impiden o dificultan la ejecución de ese dinero. No sabemos si es por eso.

El 5 de agosto de 2023 ya el Gobierno ha intervenido organizaciones civiles, como la Cruz Roja. ¿Eso generó alguna consecuencia para el funcionamiento de esa institución internacional?

No sólo se intervino a la organización Cruz Roja, sino que además de manera arbitraria se le dieron a los miembros de esta nueva junta potestades de cambiar la normativa interna y reorganizar la ONG. Lo cual puede interpretarse como que esas personas entonces pueden crear una Cruz Roja a su medida para quedarse ahí. Eso es muy delicado, esperemos que eso no ocurra, pero la capacidad se la dieron. Ellos pueden reformar los estatutos de la Cruz Roja sin escuchar a los verdaderos dueños de una institución de las más antiguas del país, creada a finales del siglo XIX.

Desde 2020 se han dictado 68 leyes en la Asamblea Nacional, 28% de esas leyes no están publicadas en Gaceta Oficial. ¿Son viables para el país?

Muchas de ellas son las leyes de presupuesto de cinco años para acá. Estas gacetas nosotros en Acceso a la Justicia la hemos llamado las "Gacetas perdidas", porque nadie sabe dónde están. Como usted comentó, hay un enorme número que ni siquiera sabemos de qué leyes se tratan, lo que sabemos es el número de la Gaceta porque tenemos el consecutivo. Imagínese usted lo grave de un país donde se aprueban leyes y nadie sabe qué es lo que dicen. Hasta donde hemos tenido conocimiento, no sabemos de casos donde se aplique las que no han sido publicadas. Bueno, tenemos un caso que es Ley de Presupuesto que sí se aplica, a pesar de que nadie la ha leído. Pero del resto...Aprobaron la Ley de Seguros, que es una de las que estuvo pérdida, finalmente cuando se publicó fue que se comenzó a aplicar.

¿Qué consecuencias puede tener para el país la reciente ley de Protección a las Pensiones, donde el aporte que harán las empresas para que los adultos mayores tengan una vejez digna será del 9%?

Resulta que en el ámbito laboral el sector más pequeño es el sector privado, el gran patrono en este país es el Estado. Entonces, cómo se pretende que el sector más pequeño vaya a dar recursos para las pensiones de todo el mundo, eso no tiene ninguna lógica. Pretender que el Estado no aporte para las pensiones y que sean sólo el sector minoritario del mercado laboral el que esté para todo, obviamente esas matemáticas no cuadran. Además, estamos en una economía deprimida donde el empleo se ha precarizado.

Quisiera hablar de otro tema. ¿Es una buena señal que el Gobierno haya rectificado e invitado otra vez al país a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DD. HH.?

Lo primero que hay que decir es que el hecho de la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, para el Gobierno es importante, por más que Venezolana de Televisión intentó minimizarla. Lo cierto es que alguien que con su simple visita hace que el Gobierno se eche para atrás en la expulsión de quienes calificó de espías, de enemigo de gente vendida, etcétera, y los expulsó del país, y que gracias a la visita de este señor el Gobierno dice, bueno, vamos a hablar para que regresen, entonces eso nos dice que no son tan traidores ni tan espías. Actualmente, el Gobierno está en negociaciones con esta oficina, no es inminente que vayan a venir, no sabemos. En mi opinión personal, pudieran venir luego de las elecciones.

También fue inaugurada una Oficina Técnica de la CPI, ¿de qué se encargará?

Hay que aclarar que esta oficina no viene a investigar y separada de la oficina que está en La Haya realizando la investigación sobre crímenes de lesa humanidad registrados en Venezuela. Y que en el caso de la oficina que va a funcionar aquí viene estrictamente a dar asistencia técnica. También va a valorar temas de complementariedad, pero nunca va a investigar.

¿Podrá el Gobierno seguir aplicando detenciones arbitrarias contra la disidencia política, incurriendo en retardos procesales o tortura, teniendo los ojos de la CPI en Venezuela?

Los crímenes de lesa humanidad no han cesado, no son mis palabras, son de la representante de la Oficina de Defensa de las Víctimas en noviembre del año pasado, en la apelación que hubo ante la CPI, la señora Pasolina Massida dijo que la gravedad del caso venezolano no eran los crímenes que se habían cometido, sino que se seguían cometiendo, basta ver en este año, por ejemplo, la detención arbitraria y la desaparición forzada de nuestra compañera Rocío San Miguel, de la cual siempre pediremos su libertad.

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