AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA

La confianza en las instituciones públicas se tambalea al ser atropellada su autonomía e independencia, por gobernantes que se erigen como los dueños de las decisiones que de ellas devienen, golpeando la legitimidad y legalidad de sus acciones. Respetar la autonomía significa permitir que las instituciones funcionen sin intromisiones de los actores políticos o económicos, para que actúen con objetividad e imparcialidad, siempre en beneficio de la sociedad y no de intereses particulares. La independencia, debe entenderse como la capacidad que tienen las instituciones para autogobernarse, facilitándoles sus presupuestos y competencias de funcionamiento. Así pueden adecuarse a las necesidades que demanda la sociedad y responder eficazmente.

Dar importancia a la imparcialidad de las instituciones públicas contribuye a generar un clima de estabilidad social y gubernamental, al percibir los ciudadanos, que las decisiones emanadas son justas y legitimas, repotenciando la confianza en sus representantes. Quien no cumple la Ley debe ser castigado, eso transmite tranquilidad y da sentido de legalidad a los actos sancionados, e incluso, minimiza la corrupción, haciendo que los problemas sean resueltos por los funcionarios a través de decisiones rápidas, flexibles, sin barreras burocráticas, fortaleciendo la transparencia, que se consolida con la rendición de cuentas. Esa es una obligación de los gobernantes para permitir que las instituciones funcionen sin interferencias. Los ciudadanos están obligados a denunciar los abusos que se puedan generar en el seno de las instituciones públicas y exigir respeto la normativa legal existente. 

La elección presidencial por realizarse en el año en curso (2024) en suelo venezolano, debe contar con la confianza de los ciudadanos en el Consejo Nacional Electoral (CNE), y eso no termina de permitirse, al existir estrategia de desprestigio hacia la institución, que "confunden" los actores de la polarización política, entre diálogo para acuerdos mínimos de gobernabilidad, y violación a la Ley. Que a la fecha 02 de marzo de 2024 el CNE no haya anunciado los lapsos a cumplir para esa elección constitucional deja mucho que desear de la autonomía e imparcialidad que allí reina, pero es necesario entender que esos son los trapos rojos que lanzan a la luz pública para espantar de las urnas electorales a los ciudadanos.

Representantes del poder ejecutivo asumen las competencias del poder electoral y anuncian a gobernantes de otros países que las elecciones se realizarán en el segundo semestre del año en curso. La duda queda en el ambiente, dado que eso implica que pueden ser desde julio a diciembre. La paciencia debe reinar en los ciudadanos, y la organización, movilización, formación de testigos electorales, seguir su curso, sin distraerse. La elección se va a realizar y eso es de suma importancia para alcanzar los cambios deseados por la mayoría de los venezolanos. La lucha es por alcanzar la unidad en la disidencia y avanzar en el propósito de una Venezuela para todos. El día de la votación, nadie puede quedarse en casa. Hay que restablecer la autonomía e imparcialidad en las instituciones para que estén al servicio de los ciudadanos y no de gobernante alguno.

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