¿EL FIN DEL DEBIDO PROCESO?

En el mundo occidental la garantía del Debido Proceso, tiene rastro histórico en la magna carta de libertad de Inglaterra de 1215, que estableció un conjunto de condiciones y requisitos, como garantías en favor de los ciudadanos, para que puedan llevarse a cabo diversos juicios que son necesarios para poder afectar judicialmente los derechos de los ciudadanos. Desde aquellos tiempos, ningún hombre libre podía ser detenido, encarcelado o privado de sus derechos, sino en virtud de una sentencia. En 1628, el parlamento inglés publica el documento conocido como petición de derechos, consistente en que, solo por ley de ese cuerpo legislativo, se podía ser citado a juicio o detenido, inquietado o molestado por motivos tributarios. Ya con la revolución francesa, se emite "la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano" en el año de 1789, que en buena parte resumía su objeto en que "toda sociedad en la cual esta garantía no esté asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene Constitución. 

El debido proceso encierra entonces una garantía o aspiración de libertad para las personas, pues a través del mismo, aquellas lograban obtener un pronunciamiento judicial y más modernamente administrativo, que se suponen ajustados a la Constitución, pactos o tratados y al Derecho, para liberarse a través de un juicio justo, de cualquier responsabilidad o señalamiento. Se creó para sustanciar litigios de distinta naturaleza e igualmente para asegurar los distintos derechos que lo configuran, conforme al orden constitucional venezolano, que somete al mismo Poder Judicial a la legalidad, al momento de actuar en contra o frente al ciudadano común, imponiéndole límites al momento de afectar los derechos de éstos. En un Estado de Derecho, como el venezolano, que lo es por mandato constitucional, el Debido Proceso puede considerarse en opinión del profesor colombo-mexicano Pedro Pablo Camargo, como el "instrumento más importante del ser humano en defensa de su vida, libertad y bienes".    

Para este renombrado autor, "sin duda el debido proceso es la frontera entre el Estado Democrático de Derecho y el Estado autocrático en donde la voluntad de un gobernante o de una élite que confunde al Poder Judicial con el partido dominante, restringen o limitan derechos políticos o civiles, pues tan importante herramienta a veces se usa para arremeter contra adversarios políticos, quienes se ven indefensos frente al poder omnímodo del Estado, que los reduce a simples fichas de juego, sin considerar de ellos, su dignidad humana o sus valores personales. Es por eso que, la Constitución de 1999, para evitar aquellas desviaciones en las relaciones Estado-ciudadanía, previo títulos y capítulos destinados a la defensa de la vida, la libertad y los bienes, aunque los mismos no tengan un cumplimiento fiel, de parte del Poder Público al momento de someterse a su jurisdicción y autoridad, problemas de ese tipo, provenientes del sector público o privado. 

En el sector público se han venido presentando en los últimos años, graves diferencias y enfrentamientos entre el Gobierno dominante y un importante sector de la oposición agrupada en lo que se ha dado por llamar, la Plataforma Unitaria, aunque dentro de esta alianza, falten otras formaciones políticas, que no logran cohesionarse todavía. Una de esas graves discrepancias, lo constituye el hecho de la emisión el pasado viernes 26 de enero en horas de la tarde, de una sentencia, condensada en una breve nota, emanada de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en donde se declaraba improcedente, esto es, sin fundamentos de hecho y de derecho la acción judicial, presentada por la candidata Machado Prisca, siendo que este máximo Tribunal de la República, no estaba en horas laborables ese día, o sea, no dio despacho y era público, notorio y comunicacional que la Sala estaba realizando un inventario de expedientes.   

Esta inapropiada actuación judicial, censurable éticamente desde cualquier punto de vista, quebrantó un importante principio de todo juicio como es el de igualdad, dado que la Sala al parecer no mantuvo a las partes contendientes María Corina vs. Contraloría General de la República en condiciones de igualdad, sin preferencias ni desigualdades, por lo que puede decirse que actúo sin probidad, ni mucho menos lealtad, contra una dirigente política que en el debate electoral por la Presidencia de la República, acusan de un conjunto de hechos o tentativas, sin que ningún tribunal de la jurisdicción respectiva, la hubiese sentenciado por los hechos que políticamente se le imputan, en consecuencia tanto los órganos del Estado como sus propios adversarios políticos, deben tratarla ajustados al principio de presunción de inocencia que también forma parte del Debido Proceso, pues la política sin el mismo, es barbarie, como escribió Francesco Pagano. 

El debido proceso, implica observancia de las garantías que se ofrecen en un proceso judicial, observancia quiere decir, acatarlas y cumplirlas, por parte del Estado, que debe proteger los derechos de los particulares, en este caso, el derecho a ser elegido, y para ello se deben cumplir con las fases consecutivas y preclusivas del proceso de que se trate, y que el Poder, por mucha autoridad que tenga, puede relajar o subvertir, como ha ocurrido en el caso de Machado Parisca vs Contraloría General de la República, donde se ha denunciado que, se admitió la demanda y luego no se tramitó; incongruencia en la sentencia, se pidió una cosa y se decidió otra; no se siguieron las fases de esa clase de juicio, sino que, sin debate alguno, se decidió al fondo, no valoró los documentos que estaban en el expediente judicial y peor aún, decidió la Sala con el propósito de sorprender a la prestigiosa recurrente, encontrándose en días no laborables, todo lo cual puso fin al debido proceso de mala manera en ese caso en particular. 

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