El pasado 15 de enero, el Ejecutivo Nacional, ratificó su postura de reemplazar la figura del salario, por la de los bonos, sin incidencia salarial. Antes lo había hecho el 1° de mayo de 2023, con lo cual el trabajo dejó de ser un hecho social, pues sus beneficios económicos, tales como las prestaciones sociales, bono de vacaciones, utilidades anuales, sobresueldos y todo los demás beneficios o ventajas que comportaban el trabajar para vivir con cierta dignidad, no fueron para nada resarcidos, todo lo contrario, dejaron de ser factores de seguridad social que, con el paso del tiempo laboral, garantizan una vejez tranquila y solvente en lo económico. Ahora bien, si esos bonos no forman parte del salario, ni tampoco de los demás beneficios laborales, ¿qué son en realidad?, la respuesta es sencilla, son dádivas o ayudas que el Gobierno nacional otorga ante la inutilidad del salario actual, hecho éste que también es responsabilidad del mismo, junto con la tristemente célebre reconversión monetaria de 2018, para desdicha y empobrecimiento de la clase trabajadora o del sector laboral venezolano.
Puede decirse entonces que los trabajadores venezolanos, han venido siendo sistemáticamente sacudidos por anuncios presidenciales, de que en Venezuela ya no se va a pagar "un salario mínimo vital", sino unos bonos que escasamente podrían asegurar un ingreso mínimo vital, para satisfacer las necesidades materiales, sociales y morales de los trabajadores. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre salario mínimo vital, e ingreso mínimo vital? El primero de los nombrados tiene rango constitucional, Artículo 91, CRBV que ordena que sea suficiente para el trabajador y su familia y sea ajustado anualmente y el segundo no, ni tampoco tiene asidero legal, es sólo una dádiva. Entonces, ¿qué llevó al Gobierno nacional a otorgar esos bonos? la respuesta es el reconocimiento tácito de que el trabajador venezolano no tiene con la utilización de la moneda de curso legal, poder adquisitivo alguno, lo que por demás no es nada nuevo; sin embargo, a sabiendas de eso, empeoró la situación socio-laboral del trabajador, al no tomar medidas de protección del salario, como se lo ordena la Ley Orgánica del Trabajo de 2012, sino que en su lugar va a pagar el trabajo con ayudas o dádivas, disfrazadas con el nombre de bonos que como ya se indicó, no forman parte del salario, y cuyo monto no es siquiera justo para el trabajador.
??A pesar de no ser salario, ni tener incidencias derivadas de ese ingreso, el Gobierno nacional ha dicho de manera demagógica que se mejoró el ingreso mínimo vital de los trabajadores. Esa afirmación llena de humo y deseos de confundir, se rompe en mil pedazos, cuando se aclara la voz "ingreso mínimo vital" que no es otra cosa que una prestación económica que da el Estado, para atenuar la pobreza existente y la falta adecuada de acceso a bienes y servicios, que puedan satisfacer las necesidades materiales, sociales y morales más urgentes de la gente, sin que sea para nada salario. Entonces desde la óptica de quien escribe, se puede decir que el Gobierno ya no paga con un salario mínimo vital, sino que a partir del 1° de mayo de 2023, otorgó una prestación de ayuda o dádiva indexada, cada cierto tiempo a los trabajadores, en moneda extranjera, llamada "ingreso mínimo vital" porque reconoció tácitamente que la moneda nacional ya no sirve, ni para calcular o evaluar la cantidad y calidad del trabajo prestado, ni cuánto se puede devengar por el trabajo realizado, ni como medio de poder adquisitivo.
Lo anterior significa que el Gobierno para dar contentillo, dice que hará indexaciones, o sea, ajustes por inflación al bono de alimentación y al bono de guerra económica para los trabajadores activos, jubilados y pensionados por vejez, quienes siguen abandonados por el Estado, a pesar de ser los más vulnerables, como se demostró en días pasados cuando un ciudadano arremetió a punta pies contra otro ciudadano de avanzada edad, por estar sentado frente a su casa y que decir de tanta gente mayor que está abandonada y sin seguridad social. La mentada indexación es probable que no se haga conforme al IPC emanado del BCV, pues en los gobiernos autoritarios, la opacidad de la información sobre la materia inflacionaria es lo característico, seguramente los "ajustes" de esas dádivas, gratificaciones o bonos, los hará el Presidente de la República, en base a su real saber y entender de la economía, sin reconocer tampoco la necesidad imperiosa de estabilizarla en ese sentido, pues al paso que vamos ni los dólares ni los pesos colombianos alcanzarán para adquirir los productos de la cesta básica, medicinas y vestido entre los más importantes.
En cuanto a lo que se pueda hacer en contra de esta inconstitucional medida, las organizaciones sindicales verdaderamente alineadas con los intereses de los trabajadores, deben agregar a la lucha social y económica que vienen desplegando en sus manifestaciones pacíficas, el punto de convertir esos bonos en sueldos o salarios, pues sus pagos continuos mensualmente así los convierten y, además porque es de justicia social que así suceda, como ocurría antes de llegar al poder los promotores de la revolución socialista del Siglo XXI, donde todo bono se convertía en salario. Resultan entonces tanto el 1° de mayo de 2023, como el 15 de enero de 2024, fechas aciagas para el ámbito laboral del país, que se recordarán históricamente, porque fueron los días del desprecio al salario como institución constitucional y legal y porque fue el día en que un Gobierno sin capacidad para llevar bienestar y prosperidad a los ciudadanos, los quiso engañar entregándoles unas dádivas como un supuesto aumento al salario mínimo vital, que tienen menos valor que las llamadas propinas que si forman parte del salario el cual después de esta irrazonable decisión presidencial se encuentra en capilla ardiente.
Necesariamente en nuestro país, al reivindicarse electoral y democráticamente el valor del trabajo del hombre a fin de que sea nuevamente la actividad que reconozca la dignidad de aquellos, se les trate con el respeto y consideración debidas, puedan percibir salarios y beneficios económicos suficientes, que los trabajadores no tengan que estar desempeñando otros trabajos, que los exponen o no les permiten el adecuado descanso; de manera especial también quisiera referirme a las personas de la tercera edad o adultos mayores, para los cuales la inversión en seguridad social es muy baja, empezando por la mísera pensión de 130 bolívares mensuales, y el pírrico aumento de 5 dólares al denominado bono de guerra económica ($25) en total, que resultan bastante insuficientes para la adquisición de medicamentos, alimentos o vestido, necesidades básicas y prioritarias de todo ser humano, por tanto, tarea pendiente para la clase política y democrática venezolana, será la de articular programas, planes y mecanismos que tiendan a prevenir y combatir la pobreza extrema y la exclusión social.
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