EL RECLAMO DE QUIEN NO ESTÁ INHABILITADA 

El pasado 17 de octubre en la Isla de Barbados, se firmó el Acuerdo Parcial sobre la "Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales" que, entre otras cosas resolvió, que los candidatos (as) inhabilitados, pudiesen introducir ante la Sala Política-Administrativa del TSJ, unas excepcionales impugnaciones, contra los actos, hechos u omisiones, que les impide ejercer su derecho político de ser elegido (a). A tal fin, ese Acuerdo estableció que desde el 1° de diciembre hasta el 15 de diciembre del corriente año, se podían presentar los recursos contencioso administrativos de nulidad, con lo cual de manera excepcional y por un acuerdo político entre el Gobierno de los EEUU, el Gobierno nacional y la oposición denominada Plataforma Unitaria, se permitía una dispensa a los lapsos de impugnación normalmente establecidos en la ley. 

Que esto último hay ocurrido, constituye un antecedente político, que demuestra que, si se pudieron hacer acuerdos, en otros órdenes de la vida republicana, como por ejemplo fortalecer la promoción de la carrera administrativa y judicial, en un sentido amplio, para que las instituciones funcionaran con arreglo a los principios de igualdad y equidad, en el trato a los ciudadanos, y ganarán mayor credibilidad. Puede decirse entonces, con base al anterior argumento que, los ciudadanos perciben que las Instituciones actualmente, no brindan suficientes garantías, cuando son sometidos a juicios judiciales o administrativos y que, por tales razones, muchas personas se abstienen de recurrir a ellas, para hacer valer sus derechos, justamente porque les pasan variadas situaciones, que terminan por ahuyentarlos de los órganos de justicia. 

En ese contexto, se les abrió a los políticos (as) inhabilitados, la posibilidad de reclamar judicialmente respecto de esas sanciones, sino lo hicieron oportunamente, por desconfianza hacia el TSJ, negligencia personal o porque no les fue notificada oportunamente, la decisión sancionatoria del juicio, lo cual constituiría una gravísima irregularidad, porque se mutila el derecho a ser elegido, sin permitir defensa alguna. Esta garantía de la notificación, debe ser usada de dos maneras: a) para notificar a una persona de los cargos por los cuales se le investiga, que deben estar previstos únicamente en una ley y b) para notificar a una persona de la decisión, sentencia o acto dictado en su contra y teniendo pleno conocimiento del mismo, pueda defenderse ampliamente accediendo a pruebas, argumentando y disponiendo del tiempo necesario a tales fines. 

Ahora bien, ha dicho una de las candidatas presidenciales, electa en Primarias concretamente la Ing. María Corina Machado que, ella no fue convocada a juicio administrativo alguno en la Contraloría General de la República, ni menos aún le fue notificado documento de la decisión del órgano de control fiscal, el cual resulta imprescindible, esto es, inexcusable para poder recurrir al TSJ, pues su no presentación es causal de inadmisibilidad. Sobre el deber de hacerle saber la decisión, esta debió llevarse a cabo el día de la celebración de la Audiencia Pública y Oral, pero parece que tampoco hubo Procedimiento que la precediera, con lo cual se configuró la irregularidad denominada -vía de hecho- pues no se le permitió el derecho a defenderse en la Contraloría General de la República, lo cual a todas luces debe generar responsabilidad, para los autores de este gran abuso. Concretamente la vía de hecho, consistió en que la "Contraloría General de la República, estando dotada del poder de enjuiciar en sede administrativa y sancionar, no respetó las garantías procesales que estaba obligada a brindar por mandato de la Constitución y la Ley, a los afectados, para asegurar un juicio justo a todos los afectados, y así impuso sanciones de inhabilitación, sin notificar, sin abrir procedimiento, ni menos tomar decisión alguna.

Al intentar el reclamo judicial contra una vía de hecho, esto es, contra las actuaciones descritas en el párrafo anterior, queda claro que la Ingeniera Machado, sin estar inhabilitada, por una decisión arbitraria y desproporcionada a la justicia, tiene suspendido, sin que exista decisión de la Contraloría General de la República, su derecho fundamental a ser elegida para cargos de elección popular. Debe quedar claro a los ciudadanos que, ella no está impugnando ninguna inhabilitación, porque esa sanción nunca llegó a existir, ella y sus asesores por el contrario están impugnando es la indecorosa conducta de un órgano constitucional, que lejos de ceñirse a la ley y al derecho, conspiró para dañar una carrera política, que, aunque no muy bien vista por sus adversarios, debe jugársela es en la arena electoral, con votos. 

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