11580 víctimas de violación de DDHH registradas en la Corte Penal

Ariana Moreno | La Prensa del Táchira.- Las violaciones de los derechos humanos en Venezuela es una realidad alarmante que ha sido ampliamente documentada y condenada por organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según Walter Márquez, defensor de derechos humanos y presidente de la Fundación El Amparo, desde hace casi 10 años, al menos 11.580 víctimas han sido documentadas en las diferentes incidencias de la Corte Penal Internacional (CPI), un tribunal de justicia cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad. 

El también exdiputado de la Asamblea Nacional también destaca la relevancia de este número, ya que, de acuerdo con las normas y elementos de los crímenes, solo se requiere de una sola víctima para iniciar una investigación y sancionar a los responsables de un crimen de lesa humanidad. Aunque se estima que esta cifra abarca un periodo de 10 años, resalta que otros afectados anteriores al año 2014 están solicitando que también se investiguen sus casos.

Explica que un gran número de personas que han sido víctimas de abusos por parte del gobierno y otras entidades estatales están esperando que se retomen las investigaciones que han sido postergadas durante varios años y que aún se encuentran en la etapa preliminar. Asegura que desde el año 2021 se han producido una serie de incidentes en la Corte Penal Internacional, en los cuales el gobierno ha intentado que el fiscal no continúe con la investigación, solicitando su inhibición e interviniendo en las decisiones de la sala de asuntos preliminares y la sala de apelaciones. "Actualmente, estamos a la espera de que se ratifique la facultad del fiscal para continuar", añade. 

De todos los casos, a su juicio los más preocupantes son los derivados de la sistemática represión hacia disidentes políticos y manifestantes pacíficos. El experto afirma que el gobierno venezolano ha utilizado la fuerza excesiva, la detención arbitraria y la tortura como mecanismos para silenciar a quienes se oponen a sus políticas o reclaman sus derechos. Estas acciones violan el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, fundamentales en cualquier sociedad democrática.

Además, resalta el desplazamiento forzoso que ha afectado a más de 8 millones de venezolanos, quienes han tenido que abandonar su país por responsabilidad del Estado y del gobierno, "porque la gente no se va voluntariamente, la gente se va producto de la coacción y la situación a que los someten". Esta situación de personas que abandonan sus hogares no solo se debe a conflictos, violencia y persecuciones, sino también a otras violaciones de derechos humanos como bajos salarios y problemas en los servicios públicos.

"Es insólito que un país petrolero como el nuestro tenga que hacer cola permanente para combustible, que tenga que hacer cola para el gas, que estemos sometidos a razonamiento hasta de ocho horas diarias en bloques de cuatro horas. Eso afecta la salud, afecta la economía, afecta el bienestar de los venezolanos, eso es un crimen de lesa humanidad"

Acción y omisión

Por otro lado, Clara Ramírez, directora interina de la ONG FundaRedes, insiste en la importancia de que las personas comprendan que los derechos humanos no solo son violados por el Estado. Es decir, cuando el Estado no reconoce ni garantiza los derechos establecidos en la Declaración Universal, está irrespetando los derechos humanos, ya sea por acción u omisión.

Explica que las violaciones de derechos humanos se han vuelto más evidentes durante las protestas ocurridas en 2014 y 2017. Sin embargo, asegura que estos no son los únicos casos ni episodios de violaciones de derechos humanos en nuestro país, dado que se han venido vulnerando los derechos humanos mucho antes.

Ramírez destaca que en Venezuela se han identificado cuatro graves violaciones de derechos humanos: detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y ejecuciones extrajudiciales. Indica que de los casos de detenciones más conocidas en el Táchira es el de Javier Tarazona, por supuestas acusaciones de terrorismo. Su juicio, ha sido retrasado en varias ocasiones; sin embargo, su familia y los miembros de la la ONG que dirige, continúan en la lucha por su libertad. Del mismo sentido, se logró conocer el caso de los hermanos Zambrano, dos jóvenes palmirenses que llevan más de un año y medio privados de su libertad. Según afirma su madre, Luz Marina Arias, fueron engañados, secuestrados, torturados y posteriormente detenidos por supuesta conspiración contra la patria y violación de información. Arias sostiene que uno de sus hijos padece autismo y denuncia que las autoridades no han tenido en cuenta su condición, manteniéndolo detenido sin que se le haya explicado la razón de su privación de libertad. Además, denuncia que durante su reclusión han sido objeto de constantes torturas, lo cual los ha dejado afectados tanto física como psicológicamente.

Ante esta situación, la abogada y directora interina de FundaRedes destaca de manera contundente la falta de investigación por parte del Estado venezolano en relación a las denuncias de graves violaciones de derechos humanos. Además, expresa que se ha identificado que los cuerpos de seguridad del Estado son los principales responsables en estos casos.

A pesar de las abundantes denuncias, indica que resulta difícil determinar una cifra precisa de víctimas de violaciones de derechos humanos, en particular de aquellos conocidos como "presos políticos". Esto se debe a que existen muchas personas detenidas cuya situación pasa desapercibida, ya que sus ideas suponen un desafío o una amenaza para el sistema político establecido. "Lamentablemente, muchas de estas personas no cuentan con un perfil visible que genere exigencias para su liberación".

La experta de FundaRedes señala que se intenta dejar constancia de esta situación con autorización de las víctimas o familiares, ya que las personas no se sienten motivadas a denunciar a los organismos estatales debido a la falta de investigación y seguimiento. No obstante, señala que es crucial que la población acuda a los organismos, ya que esto permite demostrar ante instancias internacionales que el Estado tuvo conocimiento de dichas violaciones.

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