Ariana Moreno | La Prensa del Táchira.- En los últimos meses, el estado Táchira ha sufrido un fuerte impacto en su economía local debido al alarmante cierre de comercios en diversas áreas, siendo el sector gastronómico uno de los más afectados. La Asociación Gastronómica del Táchira (ASORETA), informó que durante el último año se ha registrado el cierre de 83 establecimientos entre restaurantes, heladerías y pastelerías, la mayoría de ellos ubicados en el municipio San Cristóbal.
Señaló que con el cierre de estos establecimientos, se han perjudicado 507 puestos de trabajo y se han registrado pérdidas superiores a los nueve millones de dólares. A su juicio de los representantes asociación, esta tragedia económica es el resultado directo de los elevados tributos impuestos por el Estado, que dejan a las empresas sin liquidez suficiente para operar y luchar por su supervivencia.
El organismo considera que existen varios factores en el país que están contribuyendo a la quiebra de las empresas, incluyendo las tasas impositivas municipales y nacionales. Además, estiman que el 70% de las materias primas son adquiridas en Colombia.
Ante esta situación, tanto la Asociación Gastronómica del Táchira como Fedecámaras y la Cámara de Licoreros del estado Táchira, han solicitado a la Alcaldía del municipio San Cristóbal una modificación de las alícuotas de las actividades económicas. En su propuesta, se sugiere que se establezca un máximo del 1% para todos los rubros, además de mantener una política de descuentos durante todo el año, en lugar de limitarla a los primeros tres meses. También proponen ampliar la base de contribuyentes, incluyendo al comercio informal a través del pago de un monotributo, y llevar a cabo una campaña educativa para fortalecer la conciencia tributaria.
Sin respuesta
A pesar de que en la solicitud se explica a la municipalidad que los altos impuestos conducen al cierre de empresas y, como resultado, a una disminución en la recaudación tributaria municipal, las autoridades no han atendido la petición.
Además, en el informe se destaca la importancia de implementar medidas de incentivos fiscales durante períodos de crisis para fortalecer a las empresas y al sector privado, en lugar de presionarlos y debilitarlos. Hasta ahora, no han recibido ninguna respuesta en los últimos siete meses que llevan de gestión. Según Asoreta, la Alcaldía de San Cristóbal ha dejado en claro que no modificará las tasas impositivas hasta que se establezca el tabulador nacional de la Ley de Armonización Tributaria. Por lo tanto, las tarifas de impuestos se mantienen sin cambios. Cabe destacar que la solicitud la hacen los gremios, tras la aprobación de esta ley ordenada a nivel de alcaldías y gobernaciones en toda Venezuela con tarifas que van desde el 1% al 5% dependiendo del rubro.
Mientras tanto, el sector se encuentra a la espera de una reunión con las autoridades para definir qué ocurrirá, qué acciones se tomarán y cómo se actuará.
Como se menciona al inicio, el sector gastronómico es uno de los más afectados pero no es el único. El sector licorero enfrenta los mismos desafíos. La Cámara de Licoreros del Táchira (CALITA), considera que el porcentaje de las alícuotas son insostenibles para el comercio sancristobalense y es por ello que la organización se une a la solicitud de estudio de las tasas de la ordenanza municipal que a su juicio, se realiza para llegar a un acuerdo que incentive la tributación y a su vez proteja la administración municipal.
Según CALITA, hasta el momento, la respuesta de la administración municipal ha sido mantener las mismas alícuotas, es decir, un 3,4%, y no aumentarlas al 6,5% de los ingresos brutos obtenidos por la venta de licores, tal como establece la Ley de Armonización Tributaria. Este porcentaje se considera extremadamente perjudicial y podría llevar al cierre de todas las licorerías del país. No obstante, expresan que se podría interpretar como algo positivo el hecho de que no haya habido un aumento en las alícuotas.
Asimismo, informó que este problema, junto con las fallas en los servicios públicos, ha llevado al cierre de más de 50 licorerías en los últimos seis meses. Entre estas fallas, se destacan los constantes bajones y cortes de energía eléctrica de más de cuatro o cinco horas, que han causado daños en las cámaras frigoríficas y refrigeradores; el aumento en los servicios como el agua; la escasez de gasolina y las ventas bajas. "Todo esto, además de los impuestos nacionales, hace que sea realmente difícil mantenerse como comerciante".
Los representantes del sector comercial del Táchira coinciden en que los negocios que aún se mantienen en pie es porque tienen una sólida base que les permite implementar diversas estrategias durante épocas de crisis. Por ejemplo, en el caso de un reconocido restaurante, el dueño afirma que si estuviera pagando las máquinas que compró hace 15 años, ya estaría en quiebra.
Sin embargo, explica que los empresarios que tienen un establecimiento que genera ingresos mínimos suficientes para cubrir el alquiler o que tienen un local propio, pueden sobrevivir. No obstante, aquellos que aún están recuperando su inversión, que tienen que pagar un préstamo bancario o que deben usar sus propios recursos y además invertir para mantenerse, optan por cerrar sus negocios, "el problema que tenemos ahorita con las empresas es que no perduran más de dos años", añade.
Caso frontera
Por su parte, representantes de la Cámara de Comercio de San Antonio del Táchira, han destacado las graves consecuencias económicas que ha experimentado el eje fronterizo desde el cierre de la frontera en 2015. Explican que, desde el cierre de los puentes internacionales, tanto el comercio como el sector industrial han sufrido un declive significativo, con un aumento del 80% en el cierre de empresas. Esta situación se mantiene hasta el día de hoy, donde si bien no se abren muchos negocios nuevos, tampoco se cierran muchos más. Según Sayago, se ha observado un ligero movimiento económico, especialmente en el sector informal de venta de alimentos, como las empanadas.
Aseguran que hasta el momento, en el caso del municipio Bolívar y Pedro María Ureña, no se ha percibido un impacto en materia de impuestos por parte de la alcaldía. Sin embargo, informó que los días 15 y 16 de noviembre se llevó a cabo una consulta pública en el concejo municipal para la reforma de varias ordenanzas. Por tanto, se encuentran a la expectativa de posibles cambios que puedan afectar o mejorar el comercio local.
Para los empresarios, es fundamental que las autoridades revisen detenidamente las acciones tomadas en materia económica, ya que esto ha llevado a grandes pérdidas y al cierre de múltiples empresas.
Las bajas ventas, un factor determinante en el cierre
Los diferentes sectores están de acuerdo en que las ventas bajas son un factor crucial en el cierre de negocios en Táchira. Según los representantes, la falta de capacidad de compra de la población resulta en una notable disminución de las ventas en las empresas, lo que a su vez se traduce en una reducción de los impuestos y, en última instancia, en el abandono de los establecimientos.
La realidad económica actual plantea un desafío para los empresarios, quienes se encuentran en la necesidad de adaptarse y desarrollar estrategias para atraer a los consumidores en un entorno limitado. Sin embargo, como lo señalan miembros de la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Estado Táchira (ACETA), el sector comercial es altamente dinámico, con cierres y aperturas de negocios en constante fluctuación.
Afirman que resulta complicado mantener cualquier establecimiento comercial en un país con constantes variaciones monetarias, escasez de créditos, largas filas para obtener combustible y en un país con los impuestos más caros que en Europa.
La falta de poder adquisitivo de los venezolanos ha sido señalada en repetidas ocasiones por el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF). En su informe más reciente sobre los indicadores del país, registró una caída del 7% en la economía venezolana durante el primer semestre de 2023. Según este organismo, a pesar de un aumento en la producción petrolera, la recesión está relacionada con la baja demanda debido a la caída del poder adquisitivo de la población, especialmente de los trabajadores del sector público y los pensionados.
Los empresarios del estado Táchira consideran inaceptable que los trabajadores reciban menos de 5 dólares y un bono mensual de solo 20 dólares, lo cual ha llevado a que ya no puedan cubrir sus necesidades básicas y disfrutar de momentos de recreación.
Ventas de ropa
Esta situación también fue advertida por el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), registrando las mayores caídas en las ventas de restaurantes, hoteles, licorerías y tiendas de ropa en todo el país durante los meses de enero a mayo de 2023.
Se puede observar esta situación en el estado Táchira, donde se ha evidenciado el cierre de un número incalculable de tiendas de ropa en el centro de San Cristóbal, en Barrio Obrero y en reconocidos centros comerciales como el Sambil San Cristóbal. Según el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), el desplome en el volumen de las ventas y las personas atendidas en los estados andinos fue de 34 % si se le compara con el año pasado, mientras que en la región central y Caracas, el descenso llegó a 21%. En todo el territorio nacional el ente registró una caída de 68 % en restaurantes y la hoteles; los licores descendieron (-57%), los servicios (-55%), las prendas de vestir (-48%), los repuestos automotrices (-38%) y el comercio electrónico (-32%).
Para los comerciantes y empresarios del Táchira, todo esto es el resultado de una economía desestructurada. Además aseguran que es difícil manejar una cifra exacta en el estado por falta de registros.
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