"Guerrilla colombiana capta a niños venezolanos para ingresarlos a sus filas" es el título del boletín Nº13 de la ONG FundaRedes, en donde expone que un total de 20 mil 624 estudiantes habrían sido censados por la guerrilla colombiana para recibir útiles escolares.
Según la documentación, activistas de esta organización recibieron, recientemente, denuncias por parte de los pobladores de comunidades rurales de los estados fronterizos Táchira, Apure, Zulia, Bolívar y Amazonas.
Los habitantes comentaron que "durante el receso escolar el Ejército de Liberación Nacional (ELN) realizó un censo en sus casas para precisar el número de niños de cada comunidad que asiste a clases, su nivel de escolaridad, rango etario e identificar sus necesidades con miras a una entrega masiva de útiles".
Este mismo informe señala que, en base a la data de instituciones educativas que guarda FundaRedes de los estados antes mencionados, en Táchira, al menos 6.076 estudiantes de los municipios Pedro María Ureña, Bolívar, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo, Libertador, Fernández Feo y Rafael Urdaneta estarían en situación de vulnerabilidad.
En Zulia, los municipios Catatumbo, Guajira, Jesús María Semprun, Jesús Enrique Lossada y Machiques reúnen a 3.949 estudiantes; así mismo, en Apure, unos 4.129 niños de zonas de difícil acceso y de los municipios Páez, Muñoz y Achaguas.
De igual manera, en Bolívar 4.237 estudiantes de las jurisdicciones Cedeño, Sucre, Sifontes, Padre Chien, Roscio y Piar; como 2.233 niños de Amazonas de los municipios Autana, Alto Orinoco, Atabapo y Atures, son presa fácil por la desprotección a estas aldeas y barriadas.
Ante esto, la organización no gubernamental denuncia que la penetración de la guerrilla colombiana en escuelas venezolanas, infringe lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos sobre la libertad, la vida y la seguridad de la persona.
Así como también, en los artículos 4, 35 y 37 de la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente referentes a la obligación del Estado de asegurar el pleno disfrute de sus derechos, garantizar un nivel de vida adecuado, y velar por el derecho a la educación, a la libertad de pensamiento y conciencia; y a la libertad personal.
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