La capital de esa isla es Bridgetown, se encuentra de nuestro país al noreste del mar Caribe, tiene como sistema de Gobierno un Republicanismo parlamentario, tal vez, por la influencia política que, sobre ellos, han ejercido tanto el Reino Unido desde tiempos de la Colonia, como los Estados Unidos de Norteamérica, sobre todo en su economía. Fue allá en donde el pasado 17 de octubre, se firmó el Acuerdo de Barbados. Un día después, el 18 de octubre, la Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos permitió transacciones relacionadas con oro, deuda y acciones emitidas por Petróleos de Venezuela (PDVSA). Horas después fueron liberados varios presos políticos, entre ellos los de Roland Carreño, Juan Requesens y otros, quedando pendiente la libertad plena del Dr. Javier Tarazona y muchos presos más.
El objeto de este nuevo encuentro político se refirió al tema del levantamiento de sanciones económicas y personales a integrantes del gobierno madurista que afectan incluso a una buena parte del pueblo venezolano, a cambio de la organización de elecciones presidenciales libres y transparentes en el año 2024, lo cual pasa por permitir la observación internacional en el ámbito técnico, como freno a los abusos y manipulaciones que acostumbra a realizar el gobierno en los procesos electorales. Este último compromiso evidentemente ha sido incumplido por el Gobierno, que al ver la multitudinaria participación ciudadana el pasado 22 de octubre, arremetió contra los ciudadanos que planificaron, organizaron y ejecutaron a través de la Comisión Nacional de Primaria, dicho evento electoral, que por lo demás, no fue objetado por el Poder Electoral, sino por otros componentes de la coalición dominante: TSJ y MINISTERIO PÚBLICO.
Otro aspecto de vital importancia, que fue abordado en dicho encuentro, se refirió al levantamiento de la inconstitucional figura de las inhabilitaciones a candidatos o dirigentes políticos de oposición, lo cual ahora toma más relevancia ante el contundente triunfo de la Ingeniero María Corina Machado, lo que despertó en los jerarcas rojos, una reacción antidemocrática, que pone en duda una vez más, su seriedad en la negociación. Esta última circunstancia, será una verdadera medición de poder, entre el Gobierno y los Estados Unidos, pues tanto unos como otros, necesitan de ciertas prestaciones, como por ejemplo adquirir petróleo desde Venezuela, que les sale más seguro o alcanzar la libertad de algunos presos estadounidenses a cambio de permitir una mayor capacidad negocial con empresas de aquel país, para saldar daños y perjuicios pendientes.
El Acuerdo se extendió también al establecimiento de un adecuado cronograma electoral para los años 2024-2025, en donde deberán renovarse también, los distintos poderes de los niveles políticos-territoriales, para lo cual los lapsos en la preparación de las distintas etapas previas al acto de votación, deberán permitir un mejor accionar ciudadano, sobre todo en la inscripción de nuevos votantes, hay más de 3 millones de jóvenes pendientes de hacerlo o con la impugnación y subsiguiente depuración del Registro Electoral temporal. De la misma manera, reviste singular interés para la soberanía popular, el establecimiento del voto universal, directo y secreto, en favor de los ciudadanos venezolanos que residen en el extranjero, a los cuales se les ha vedado negligentemente a pesar de tratarse la elección del año 2024, de una escogencia presidencial, por lo que también se convino que deberá existir un registro electoral actualizado, confiable y transparente.
Por los lados del Gobierno, se pidió que el Departamento de Estado de la Unión Americana, suprima la recompensa de 15 millones de dólares que se ofrecen por la captura y deportación del Presidente de la República, quien, a pesar de sus anillos de seguridad y poca habitualidad en salir de la ciudad de Caracas, considera que tal oferta limita su libertad de movimiento y amenaza su integridad en los albores de la campaña electoral, en donde será candidato presidencial. Como un acuerdo sostenible el de Barbados, debe ser necesariamente evaluado, ampliado y mejorado, los factores de oposición deben en tal sentido, reclamar y pedir se subsane el continuado abuso en la utilización de los medios de comunicación del sector público, que dedican un alto porcentaje de su programación a realizar propaganda en favor del gobierno, despotricar de la dirigencia opositora y negar el valor del pluralismo político.
Barbados ha abierto entonces una ruta política y electoral, que busca garantías para todos los actores en conflicto, en tal sentido, se propone el ejercicio de la política desde un plano de respeto e igualdad, al autoritarismo electoral, le sigue doliendo en el hígado, el menú de sanciones, aunque no sean tan efectivas como al comienzo, mientras la oposición debe seguir acumulando músculo, tras la dirigencia democrática legitimada a través del voto, que deberá tener presente siempre esta circunstancia.
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