Ariana Moreno | La Prensa Táchira.- En relación a la situación carcelaria de Venezuela, especialistas señalan que los penales no están cumpliendo con su objetivo de resocializar o rehabilitar a los reclusos, sino que se están convirtiendo en reclusiones degenerantes que personalizan a los individuos. Según Jesús Alberto Berro, abogado y exdirector de la Policía del Táchira, esto ha llevado a una forma de criminalidad conocida como "prisionalización", en la cual los reclusos adoptan el código de conducta de la cárcel sin lograr reintegrarse a la sociedad, e incluso algunos prefieren permanecer encarcelados en lugar de recuperar su libertad.
Los expertos señalan la falta de educación como un factor influyente en esta situación. Humberto Prado, abogado y director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), ha explicado que en los sistemas penitenciarios, incluyendo los de América, existen cárceles que ofrecen cursos e incluso tienen universidades incorporadas para que los presos puedan estudiar y obtener al menos una educación básica. Sin embargo, Prado afirma que en Venezuela es difícil encontrar una educación adecuada que permita a los internos continuar sus estudios. Además, la educación primaria y secundaria básica parece ser insuficiente, ya que no se le da prioridad. En el caso del Táchira, asegura que sólo una proporción insignificante de toda la población penitenciaria se encuentra estudiando.
Asimismo, Humberto Prado indica que en Venezuela hay alrededor de 33.000 personas recluidas en centros penitenciarios, de las cuales un 70% están enfrentando retrasos en sus procesos legales. "Eso habla de lo que es el sistema de justicia nuestro, que simplemente son personas que son condenadas sin condena en nuestro país", expresa.
Situación en el CPO
En el caso del Centro Penitenciario de Occidente (CPO) en Santa Ana del Táchira, municipio Córdoba, el especialista explica que inicialmente fue diseñado para albergar a una población de 800 presos, pero en la actualidad cuenta con aproximadamente 1.650 internos y 256 internas en el anexo de mujeres, lo que representa un nivel de hacinamiento de casi el 250%.
Manifiesta que las denuncias que reciben del penal de Santa Ana se centran principalmente en el tema de la alimentación. Se reporta una alimentación insuficiente y desequilibrada que no cumple con las 3.500 calorías diarias necesarias ni proporciona los nutrientes esenciales, como vitaminas, grasas, lípidos y proteínas.
A juicio del abogado, Humberto Prado, esto ha generado enfermedades estomacales y diversas patologías médicas, que a su vez conduce a la falta de atención médica adecuada. Para lograr esto, asegura que es fundamental que los reclusos reciban al menos una atención médica básica mínima, con la presencia permanente de al menos un médico y personal de enfermería.
Lamentablemente —dice—, no funciona de esa manera en la mayoría de los centros penitenciarios del país, sino que los reos son atendidos por médicos "espasmódicos", que vienen con horario específico a atender a un número de "X" personas privadas de libertad. Ante esto, menciona el caso del reciente fallecimiento del interno Gustavo Alonso Vaca Molina, de 47 años, que murió el pasado 17 de septiembre "por negligencia médica y una mala alimentación".
Richard Vaca Molina, hermano del recluso fallecido, denunció a través de las redes sociales que su hermano murió en el CPO II de Santa Ana, por falta de asistencia médica. Se pregunta por qué su hermano no fue liberado si se comprobó su inocencia, y considera estas situaciones como inhumanas para las personas que están privadas de libertad. Molina asegura que su hermano ganó el juicio porque se comprobó que era inocente y nunca le dieron la libertad plena.
Según información policial, Gustavo Alonso Vaca Molina fue detenido el 31 de octubre de 2020 por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) luego de incautarle 22 envoltorios de presunta marihuana en la urbanización Araguaney, en la población de La Fría.
Además del hacinamiento, la falta de educación, de asistencia médica y la escasez de alimentos, el director del OVP asegura que persiste el problema del transporte para trasladar a los reclusos a las audiencias. Afirma que los internos sólo disponen de un vehículo y, en muchas ocasiones, este se encuentra averiado, lo que obliga a los presos o a sus familiares a solicitar su reparación.
Dice que al menos debería haber el número de vehículos necesario, tanto ambulancias como autobuses para los traslados a los tribunales. No sólo tener un vehículo disponible, sino contar con un servicio de ambulancia dentro del penal y también un servicio de transporte que satisfaga las necesidades de traslado hacia hospitales u otros servicios, como los tribunales, tanto para casos generales como para situaciones particulares, como llevar a una persona al entierro de un ser querido cuando el juez ha otorgado permiso. "Actualmente, eso tiene que salir de las manos y del bolsillo de los familiares de los presos", asegura.
A todo esto, se le añade las experiencias de maltrato y humillación por parte de los funcionarios policiales. Marynet, quien temerosa de represalias no quiso revelar su apellido, afirmó que los familiares son víctimas constantes de abusos y malos tratos. "Es horrible, nos desnudan por completo, nos abren las piernas, nos revisan las vaginas como si fueran ginecólogos, no nos dejan entrar medicamentos, no tenemos permitido llevar dulces, café ni panela. Todo eso es porque allá adentro del penal tienen un negocio, donde se venden todo tipo de productos a precios exorbitantes, hasta diez veces más caros", afirma. Marynet iba acompañada por un grupo de mujeres vestidas con franela y pantalón azul, el uniforme obligatorio para quienes realizan visitas conyugales a sus parejas una vez al mes. Además, explican que también asisten a las visitas los días miércoles, jueves y viernes cada 15 días.
Según Humberto Prato, los delitos de maltrato a internos y familiares son consecuencia de la falta de personal debidamente capacitado y formado para brindar un servicio en el sistema penitenciario. "Un funcionario que trabaja en el ámbito carcelario no debería tener ningún tipo de antecedentes militares o policiales". Explica que cuando alguien ha sido militar su mentalidad está enfocada en estar preparado para la guerra y, cuando es policía, está entrenado para lidiar con la violencia.
En el caso de las personas que no hayan tenido ninguna de esas experiencias, deben recibir una formación y capacitación legal que garantice tanto al Estado como a la familia que ese individuo está preparado para brindar atención y cuidado a las personas privadas de libertad, respetando su dignidad. "No se trata de otorgar privilegios, pero al menos se espera que cumplan con su trabajo sin faltarle el respeto al interno, y a su vez, que el interno no falte el respeto al funcionario", afirma.
Asimismo, ante los rumores de un supuesto traslado de reos desde la cárcel de Tocorón a Santa Ana, el diputado ante el Consejo Legislativo del estado Táchira, Miguel Reyes, manifiesta que en la clasificación actual de los presos, parece que están utilizando como metodología el traslado de reclusos hacia el Táchira.
"Esperemos que el centro penitenciario, que ha tenido algunos meses de tranquilidad a pesar de las deficiencias existentes, como retrasos en las audiencias, problemas de alimentación y falta de atención adecuada a los enfermos, no se vea afectado por la llegada de personas que vienen contaminadas con ese quehacer allá y vienen a pretender montarlo aquí", asegura.
Tocorón, sólo un centro piloto del "Tren de Aragua"
Humberto Prado, director del OVP, explica que si bien es cierto que existe un problema en el penal de Tocorón, donde se encontraba el núcleo del "Tren de Aragua", no significa que esto haya desarticulado por completo a la banda, sino que simplemente se ha intervenido uno de sus centros piloto.
A su parecer, las autoridades deberían tomar medidas para recuperar y renovar dicho espacio penitenciario en lugar de cerrarlo y demolerlo. Considera importante trasladar a la población reclusa que actualmente está siendo trasladada a otras prisiones lo más pronto posible. "Ojalá se cuente con el presupuesto necesario para al menos restaurar las instalaciones del penal, las cuales son fundamentales para el desarrollo de actividades relacionadas con el trabajo, la educación, el deporte, la cultura, la vida religiosa, la vida social, los aspectos jurídicos y psicológicos". El especialista destaca que este penal cuenta con una torre de reclusión que puede albergar a aproximadamente 750 internos, así como una torre administrativa que brinda todos los servicios administrativos y técnicos necesarios.
En cuanto a una posible complicidad del Estado, los expertos manifiestan que es evidente que algo está fallando en el sistema. El abogado, criminalista y exdirector de la Policía del Táchira, Jesús Berro, manifiesta que "lo que está a simple vista no requiere explicación adicional" y señala que estas organizaciones pueden expandirse a otros países con la colaboración de las autoridades. "Muchas personas que han emigrado parecen haber estado vinculadas a estas megabandas, las cuales se convierten en organizaciones transnacionales, con el fin de obtener beneficios económicos y ejercer control a través de prácticas como la extorsión y el secuestro. Es la primera vez que Venezuela ha experimentado este tipo de organizaciones criminales a nivel transnacional", añade.
Humberto Prado asegura que lo ocurrido en Tocorón fue resultado de una negociación, ya que todas las tomas que se han realizado en otros penales siempre han sido negociadas, aunque al principio haya resistencia. Prado menciona que la toma del Rodeo II duró 20 días, la de la Caracas duró 25 días, la de la Penitenciaría General de Venezuela duró 32 días y la de la cárcel de Mérida duró casi un mes. "Entonces, cuando me dices que van a tomar Tocorón con 11.000 funcionarios y que lo lograron en dos horas, nadie va a creer eso, porque no estás tomando cualquier cárcel, sino el centro piloto de la banda más peligrosa de Venezuela y Latinoamérica, que es el "Tren de Aragua", que tiene presencia en Perú, Colombia, Chile, Ecuador, Brasil, Panamá y, por supuesto, Venezuela".
Finalmente, Miguel Reyes, diputado del Consejo Legislativo del estado Táchira, asegura que es muy doloroso y penoso para toda Venezuela, que siempre se había destacado como una referencia importante, especialmente debido a su riqueza petrolera y su gente, ahora sea conocido en todo el mundo por tener una de las migraciones delictivas más destacadas en el planeta Tierra. "Hay que mirar hacia atrás para hacer una revisión de quiénes son los verdaderos culpables, porque allí hay una situación de cooperación con estos delincuentes", manifiesta.
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