Hoy más que nunca dolarizar la economía formalmente en Venezuela es muy fácil, pues hay un proceso avanzado y profundo de transacciones en divisas. 94% de los precios se marcan en dólares, hay productos financieros en dólares, cuentas custodia, tarjetas prepagadas, anclajes de precios, indexación, en fin, el ecosistema maneja, domina y tranza en dólares desde hace más de 4 años, pues hoy el bolívar es solo una referencia.
Hay dos formas de dolarizar, hay una en la cual el gobierno decide no tener Banco Central y simplemente lo cierra, y la segunda es tener un Banco Central con reservas internacionales que permita inyectar y retirar divisas de la economía nacional. Claro está, se requiere la venia de la reserva federal sumado a la solicitud formal del país, por ende, este escenario pudiera darse en democracia y con una economía de libre mercado.
La primera traba, es modificar la constitución pues el artículo 318 establece que "La unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela es el Bolívar", por supuesto que no hay una sola receta, ya que hay varios economistas que estudiaron durante varios años este camino que, en América Latina, adoptaron Panamá, El Salvador y Ecuador y lo que ahora pudiera pasar si el economista Javier Milei gana las elecciones en Argentina en octubre próximo, quien abiertamente ha propuesto la dolarización de la economía de este país.
Ahora bien, en Venezuela según la web oficial del BCV hay 9.706 millones de dólares en reservas internacionales, mientras que en bolívares tan solo hay 1.279 millones de dólares, es decir, que con solo el 13% de las reservas ya es factible dolarizar, pues esto representa un 23% del total de dólares que circulan en la economía nacional, mientras que el 77% o bien 4.825 millones de dólares se mantienen en efectivo y circulan en la economía nacional.
Finalmente, una dolarización elimina el riesgo de devaluación y erradica las crisis cambiarias, Se reducen las tasas de interés al eliminarse el riesgo cambiario, Incentiva la inversión extranjera y profundiza los mercados financieros, mejora la credibilidad al mantenerse una política estable en materia fiscal y monetaria, reduce los niveles inflacionarios, no exige el diseño de un marco institucional a gran escala y lo más importante es que elimina el financiamiento al déficit fiscal del PIB, lo que ordena fiscalmente al país y pone una camisa de fuerzas a sus gobernantes, impidiendo que estos creen dinero ficticio.
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