Ariana Moreno | La Prensa Táchira.- El Táchira se ha convertido en una de las principales rutas de destino preferidas por las bandas criminales y grupos armados, para cometer los peores crímenes de comercio humano en toda Venezuela. Al igual que en Bolívar y Nueva Esparta, este territorio fronterizo ha registrado un aumento en los casos de explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos, o cualquier forma moderna de esclavitud, según el Observatorio Venezolano de Violencia. Para la organización, estas tres regiones venezolanas comparten algo en común: son puntos de salida hacia destinos internacionales.
Ximena Biaggini, investigadora del OVV Táchira, asegura que es difícil mantener una estadística de los casos porque estos involucran diferentes estados, o incluso varios países. Sin embargo, quienes monitorean los hechos de violencia están seguros que el Táchira es una de las rutas más buscadas para la comisión de esta clase de delitos. La experta explica que muchos de estos casos se han desplegado de otros estados, pero que involucran al estado andino por ser un puente para conseguir el objetivo deseado.
Así también lo anunció el fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien se refiere al Táchira como uno de los puntos utilizados para el movimiento de las víctimas a otros países. La investigadora destaca que la mayoría de las bandas y detenidos por trata de personas son personas de otros estados de Venezuela, más que todo del centro.
Cuando se habla de trata, es importante señalar que no sólo se están usando a las personas para llevarlas a otros países, sino que también son forzadas dentro del territorio venezolano, a través de otras modalidades. En el caso del Táchira, afirma que la gran mayoría de víctimas son niños, niñas, adolescentes y mujeres. Hasta el momento, asegura que ni el ministerio ni los medios de comunicación han reseñado casos con víctimas masculinas. Sin embargo, presume que muchas de las desapariciones de hombres en la frontera colombo-venezolana están vinculadas a una red de trata de personas, donde estos jóvenes están siendo traficados, destinados a trabajo forzoso, y también a la explotación sexual.
Dice que la opacidad de cifras por parte del Estado venezolano tiene mucho que ver con esto, debido a que en noviembre de 2022, FundaRedes anunció que las estadísticas de desaparecidos estaban lideradas por el Táchira, donde las denuncias y llamadas de familiares eran cada vez más virales en redes sociales y venían aumentando. Por tanto, asegura que muchas de estas desapariciones tienen que ver con la trata de personas derivadas de la acción de grupos irregulares que operan en la frontera.
Modalidades
A juicio de la experta, la trata es un tema complejo porque tiene muchísimas modalidades. En este año 2023, el Observatorio ha monitoreado varios casos bajo modalidades de engaño, de trabajo fácil y contratos jugosos para trasladarlas a países extranjeros donde las sodomizan, esclavizan y prostituyen bajo amenazas de muerte y coacción.
El primero de ellos, ocurrido en el mes de enero, donde un hombre fue detenido en un hotel cerca del terminal de pasajeros de San Cristóbal, tras concertar una cita con una mujer que captó a través de las redes sociales, ofreciéndole un contrato como modelo internacional, presumiendo que la trasladaría al extranjero y la convertiría en una esclava sexual.
En este caso, las autoridades anunciaron que el sujeto fue detenido en flagrancia por ser miembro de una banda de trata de blancas en la frontera que captan niños, niñas, adolescentes y mujeres.
Posteriormente, en febrero una mujer que había sido raptada por una red de trata en Colombia fue rescatada en La Peña, municipio de Bolívar. Se encontraba en cautiverio, pero logró escapar y se comunicó con su mamá para informarle que se encontraba bajo el poder de una banda organizada que mantenía contra su voluntad explotándola laboral y sexualmente.
En marzo de 2023, se realizó el desmantelamiento de una red de explotación y abuso infantil en Coloncito, municipio Panamericano, que a través de las plataformas de transmisión en vivo, tenían prostituyendo a niñas y adolescentes. Resultaron detenidas dos mujeres y un hombre, una de las cuales es la madre de una de las denunciantes, quien permitía e incentivaba a sus hijas a realizar esta actividad.
También, en marzo de este año, dos menores, una de 17 años y otra de 16, oriundas de Puerto La Cruz, fueron rescatadas cuando pretendían sacarlas del país por el Puente Internacional Simón Bolívar, para ser prostituidas en Perú.
Tras las indagaciones, se conoció que el modo operandi usado por la red de trata de personas para explotación sexual, cuyos tentáculos tienen alcance en gran parte del país, es la figura del caminante.
La investigadora explica que las bandas están utilizando esta figura para pasar desapercibidos por las alcabalas, donde casi nunca se les piden papeles. Se descubrió que esta modalidad está siendo utilizada para sacar a las muchachas.
Este panorama que se vive en el Táchira es semejante a lo que sucede en los estados Bolívar y Nueva Esparta, donde también se presentan situaciones con uso de violencia, presencia de grupos armados irregulares, cierre o paso irregular y otras dinámicas sociales, que según la coordinadora del OVV Bolívar, Eumelis Moya, están muy vinculadas con el tema de una emergencia humanitaria compleja y la precarización de las condiciones de vida de las personas que habitan en estas entidades.
En los casos de trata de estas regiones, resaltan también la presencia de "señuelos" que son personas que llegan a comunidades vulnerables manifestando haber conseguido ese enlace con la prosperidad e invitan a los jóvenes a acompañarlos a esos lugares, donde son seducidos por el tema de equipos tecnológicos de alta gama, operaciones estéticas, carros y todo lo que tiene que ver con el poder.
Asimismo, registran la presencia de agencias de modelaje y de talentos deportivos, que una vez que las víctimas firman contratos ya no cumplen con las condiciones establecidas, o divulgan las fotos en redes sociales. La coordinadora del Observatorio en Bolívar, denuncia que las víctimas en toda Venezuela tienen que ver mucho con que el sueldo mínimo no es suficiente para la satisfacción de las necesidades más fundamentales.
Por su parte, Adriángela Álvarez, investigadora de FundaRedes, dice que el municipio Bolívar y el municipio Pedro María Ureña son donde se presentan los mayores casos de reclutamiento por parte de grupos armados irregulares en el Táchira para someter a las víctimas a trabajo forzoso y explotación sexual.
Migración
Los expertos coinciden en que la migración tiene que ver en estos casos. Las organizaciones han investigado que la migración forzada de venezolanos ha conllevado a que la movilización masiva sea aprovechada por grupos organizados y bandas criminales para cometer todo tipo de delitos, como la captación de migrantes (en su mayoría mujeres) para ofrecerlas a redes de tráfico de personas. Estefanía Mendoza, de la organización Mulier Venezuela, informó que sólo en 2022, 1.390 mujeres venezolanas fueron rescatadas de redes de trata.
En cuanto a ese tema, Carlos Casanova, coordinador del Centro de Estudios de Fronteras e Integración de la Universidad de Los Andes, manifiesta que "cuando hablamos de la trata, estamos hablando de un negocio que se alimenta de la migración, donde existen binacionales". Finalmente, explica que todo esto refleja que estamos ante un negocio trasnacional.
Autoridades venezolanas acusadas de ser cómplices
En diversas ocasiones, las autoridades de Venezuela han sido acusadas de ser cómplices en los delitos de trata de personas que se vienen registrando desde hace muchos años en las zonas fronterizas. Según la investigadora de FundaRedes, Adriángela Álvarez, las bandas criminales y grupos armados que operan en este eje siguen extendiéndose y creciendo en miembros y armas sin que el Estado haga nada. "Vemos cómo el Estado ha permitido y ha hecho caso omiso para sacar a estas personas del territorio. Existe una complicidad por parte de los cuerpos de seguridad para proteger a estas personas que continúan proliferándose y ejerciendo delitos", asegura.
La organización ha documentado en cuantiosas oportunidades situaciones que evidencian la cooperación de los funcionarios policiales y militares. En Trinidad y Tobago, una de las principales rutas tomadas por muchos migrantes las mafias actúan en alianza con funcionarios administrativos, policiales y militares que hacen el trasbordo de las víctimas sin tomar medidas de seguridad para evitar ahogamientos o naufragios.
Denuncian que en Delta, los oficiales se prestan para favorecer el tráfico de menores de edad. Después de abusar de ellos, los envían a trabajar a Trinidad, donde son tomados por mafias de delincuentes que los despojan de todas sus pertenencias y documentos, para luego destinarlos a un oscuro mundo de esclavitud laboral y sexual.
La ONG registra que en esta zona hay funcionarios que cobran 20 dólares por cada persona que transportan en lanchas.
Sobre este punto, el coordinador del Centro de Estudios de Fronteras e Integración, Carlos Casanova, sugiere que existe un crimen binacional derivado de la corrupción, la presión, la extorsión y la amenaza a funcionarios policiales y militares. "Aquellos que tienen que evitar estas situaciones, lo permiten por razones que no son investigadas", dice.
Sin medidas
En 2022, FundaRedes solicitó a la Fiscalía General que investigue la desaparición de venezolanos que se dirigían a Trinidad y Tobago en embarcaciones, así como la existencia de redes de trata y tráfico de personas en las costas y zonas fronterizas del país, para que se determinen las responsabilidades en estos crímenes.
Asimismo, la organización Mulier Venezuela denunció que el Estado venezolano se comprometió en mayo de este año a divulgar el plan nacional contra la trata de personas, establecido en la Gaceta Oficial N° 42.173 de 21 de julio de 2021. "Queremos comprometernos públicamente en un plazo máximo de 15 días a hacer público el plan de trata de nuestra patria", dijo Alana Zuloaga, viceministra de Política Interior y Seguridad Jurídica del Ministerio de Interior, durante su participación en el 85° período de sesiones del Comité de la Cedaw.
Sin embargo, han transcurrido más de dos meses y aún no se ha publicado el proyecto. Este compromiso por parte de las autoridades venezolanas se dio luego de que el Comité de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), le pidiera a Venezuela un plan contra la trata de personas y la violencia de género.
Descarga nuestra app aquí o escanea el código QR
