Yamile Cárdenas | La Prensa Táchira._ De cara al proceso de primarias de la oposición resurge la polémica de las inhabilitaciones políticas, ya que el mes pasado se anunció la inhabilitación por 15 años de la precandidata María Corina Machado, quien ya había sido suspendida políticamente en 2015 por un período de 12 meses.
Otros dos precandidatos a las primarias también se encuentran inhabilitados: Henrique Capriles desde 2017, y Freddy Superlano desde 2021, lo cual a este último le impidió asumir la Gobernación de Barinas para el que había sido electo ese año.
Noel Álvarez, expresidente de Fedecámaras y coordinador Nacional del Movimiento Político Gente, explica que las inhabilitaciones son válidas para quienes ejercen o han ejercido cargos públicos y se les comprueba manejos dolosos. De allí que para él "esa inhabilitación no existe" y lo que sí hay es "una violación del derecho constitucional" con esas medidas.
En esta misma línea, Eduardo Marapacuto, politólogo y militante del PSUV, sí considera válidas las inhabilitaciones
"porque no se puede actuar al margen de la Constitución. Algunos de esos inhabilitados han pedido sanciones y bloqueos para causarle daño a nuestro pueblo. Recordemos también que estos inhabilitados participaron e invitaron activamente en actos de violencia de las llamadas guarimbas de años recientes; además de pedir constantemente que fuerzas extranjeras invadan nuestro país".
Mientras que Carlos Casanova, abogado y coordinador del Centro de Estudios de Frontera e Integración (CEFI) de la Universidad de Los Andes (ULA), cree que las inhabilitaciones "van a seguir" y con ello se demuestra "temor al que tiene aceptación popular", "porque saben que están derrotados", y "quieren liquidar cualquier circunstancia organizada que permita que el ciudadano se presente y de manera fluida pueda demostrar que la sociedad democrática no quiere al socialismo y no quiere esta revolución".
Recurso de amparo
Frente al recurso de amparo constitucional introducido ante el TSJ por el candidato Luis Ratti contra la Comisión Nacional de Primarias (CNP) por considerar excluyente el proceso de primarias de la oposición, Álvarez sostiene no se ha violentado ningún tipo de derecho constitucional, ya que el proceso de primarias de la plataforma unitaria es de carácter interno y este candidato podrá postularse a las elecciones presidenciales de 2024.
Casanova considera que Ratti "no tiene la cualidad de opositor para participar en el pro ceso de la oposición", en tanto "Luis Ratti no es un candidato independiente, sino una ficha del Gobierno para tratar de descalificar la CNdP".
Para Marapacuto es válida la solicitud de Ratti porque "va contra el proceso viciado de esas primarias", y agrega que "el propósito central sería nombrar una nueva CNdP".
Conflictos internos
Casanova reflexiona que aparte de la incomunicación que hay entre Gobierno y sociedad, así como entre Gobierno y oposición, se suma que "la oposición también está incomunicada de la sociedad y entre ellos. Por eso es que Venezuela vive una crisis de liderazgo en todos los órdenes".
Casanova cuestiona que existan precandidatos que "creen que simplemente es el quítate tú para ponerme yo, creyendo que los liderazgos de una persona pueden ser transferibles a otro y eso no es posible" y "es por ello que la sociedad tiene una convicción de que hay factores de la oposición que juegan a favor del Gobierno".
Marapacuto afirma que "los grupos opositores no sienten respeto por nadie y son capaces hasta venderle el alma al diablo. Por ello, por su carácter, por sus intereses, por sus sentimientos no patrióticos, el pueblo venezolano los rechaza; de allí que hasta entre ellos mismos se pelean, porque sus intereses son otros. Por ningún lado vemos sus propuestas ni sus proyectos para garantizar la seguridad de la nación".
Del mismo modo, Ítalo Cortés, analista político y militante del PSUV, cuestiona la carencia de un proyecto unitario de la oposición. "Pienso que la derecha no está ejerciendo su papel de oposición, se ha dedicado a tener peleas internas".
Al parecer de Cortés, la oposición quiere "seguir siendo oposición, no la veo con afán de intentar ganar unas elecciones porque la desunión en la oposición es manifiesta. Para ganar las elecciones tiene que estar unida y presentar un programa a la ciudadanía".
Derechos políticos en la Constitución venezolana
La Convención Americana de Derechos Humanos promueve el derecho de ser elegidos para desempeñar cargos
de representación popular (art. 23.1). Igualmente, la Constitución establece que los derechos políticos "sólo pueden ser suspendidos por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley" y que "no podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público" (art. 42 y 65).
Es decir, Constitucionalmente, sólo se suspende el derecho a ser electo ante una sentencia judicial firme, conforme al debido proceso y al derecho a la defensa. Pues las inhabilitaciones constituyen una pena accesoria a una pena principal.
Sin embargo, el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República contempla sanciones administrativas de "inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de 15 años", específicamente para quienes ostenten cargos públicos o manejan presupuesto del estado.
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