Como es bien sabido, el venidero año 2024, corresponde la realización de las elecciones Presidenciales, al vencerse el actual período (2018-2024) marcado constitucionalmente como el exacto tiempo de duración del mismo, para el titular de dicho cargo. En tal sentido, distintas fuerzas opositoras al sistema político imperante, organizaron el evento electoral denominado "primaria" a efectuarse el 22 de octubre de este año y otras han mencionado que irán directas a las elecciones presidenciales, sin someterse previamente a ningún conteo, pues prefieren evitar coincidir en el hecho electoral de la primaria, antes que someterse al escrutinio de la gente, lo cual a nuestro entender es una lamentable omisión, pues es la arena electoral el escenario para cualquier dirigente político.
Ahora bien, si el candidato o candidata opositora, resultare ganador del evento electoral constitucional, tendrá que afrontar un difícil proceso político en el camino de restablecer una Democracia verdaderamente Institucional, pues quedará rodeado de un conjunto de poderes que representan a la revolución o al socialismo del siglo XXI, con los cuales se podrá negociar o no, un proceso de liberalización que "tienda a pasar de un régimen a otro" dando mayores prioridades al sistema de derechos y libertades, tan vapuleados con este régimen, en especial, los derechos a la libertad económica, propiedad privada, libertad de información y opinión, y el derecho de igualdad en el ámbito electoral.
Imagínense ustedes, que los poderes revolucionarios que le pudiesen quedar al actual Gobierno, después de las elecciones, no deseen pactar o convenir, ningún consenso o acuerdo para llevar adelante ese proceso de reforma del Estado, para intentar sacarlo del actual estado de circunstancias; tal actitud, significaría una seria amenaza a la estabilidad presidencial, que obligaría a la búsqueda de alianzas estratégicas, con sectores de la comunidad nacional, internacional o del mismo régimen saliente, para que hagan presión racional e inteligente, sobre las fuerzas políticas emergidas el 4 de febrero de 1992 y acepten el cambio hacia la Democracia, y así entender que es necesario ceñirse más que nunca al principio de colaboración de los poderes, mientras llega el momento de las elecciones 2025, para alternar a esos poderes en ejercicio hasta ese año.
En sentido contrario, de producirse un entendimiento para llevar adelante un proceso de transición política, las partes hasta ese momento en conflicto electoral, deberán designar importantes actores políticos, para pactar una transición; sin embargo, ¿estará la oposición preparada para ello? ¿ qué partidos democráticos la firmarían? con la finalidad de que puedan diseñar sistemáticamente el cambio de régimen político (socialismo-democracia) a través de las estrategias que puedan ser aprobadas y coordinadas, y de las cuales destacan las garantías a los derechos de los representantes del autoritarismo saliente, en caso de ser pactada esa transición, pues una de las primeras peticiones a ser tomadas en consideración es asegurarles esa situación, aunque con el tiempo muchos de ellos, tengan que responder ante la justicia sea transicional u ordinaria, por hechos de corrupción o vulneraciones a los derechos humanos principalmente, pues la transición busca hacer justicia y no hacer venganzas o persecuciones.
La transición política, como se puede vislumbrar, no es tarea sencilla, recuperar o reconstruir las Instituciones de la democracia representativa, exigirá concienzudos procesos de selección de ciudadanos probos y conocedores del funcionamiento del Estado, ello pasa por organizar de verdad, elecciones libres y competitivas, para los cargos de elección popular y aún dentro de los mismos partidos políticos, tan urgidos de renovación y conexión con la Sociedad o las Comunidades, pasa incluso por estudiar una reforma a la Constitución que haga más visible y eficaz el control sobre el poder, sobre todo que lo haga viable otorgando una dirección compartida de los órganos correspondientes a las distintas fuerzas políticas, con un poder judicial confiable y honesto, sin olvidar por supuesto la transición del vetusto modelo económico imperante a uno libre, competitivo y democrático.
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