Los análisis acerca de las medidas necesarias que se deben tomar para sopesar el fluctuante sector agroalimentario venezolano, han sido diversos, extenuantes y promotores de cambios trascendentales, que exigen mayor incidencia en el mercado interno por encima de una maquinaria internacional que arropa la producción de naciones en desarrollo o bamboleantes, por sus economías de fragilidades devenidas en una serie de efectos negativos, provocados por sus políticas exteriores.
Las incidencias impositivas en el sector agroalimentario datan desde la década de los años 70, cuando el mercado internacional proveía de materias primas más económicas, situación que generó en el gobierno de turno la creación de la Corporación de Mercadeo Agrícola (CMA), la cual tenía, en el marco de sus funciones de mayor mérito, la importación de alimentos a Venezuela bajo el beneficio de los subsidios nacionales y una participación económica de los países interesados en la exportación de sus excedentes agrícolas.
La creación de esta corporación bastó que para que luego de aproximadamente tres lustros, con un endeudamiento abrumador y dejando un legado poco confiable, las acciones en el sector se estancaran y se anulará cualquier política incipiente, en palabras más verosímiles en la historia nacional: se abandonó, sin importar, una parte indispensable para el desarrollo del país.
Ahora bajos los preceptos generados por la costumbre para recuperar el sector, que durante años se vio obnubilado por la renta petrolera y los desmanes que se produjeron en su nombre, es necesario promover políticas reales que desde las bases sustenten y protejan al productor, su empresa, los canales de distribución y el consumidor final.
Es el sector agroalimentario uno de los bastiones del desarrollo y sobre su mejoramiento está dispuesto el avance del país, es por ello, que más que restricciones, es imperativo, en el orden macroeconómico y basados en las propuestas microeconómicas que se plasmen estamentos donde se involucre el conglomerado nacional, agrupado en asociaciones, entes, organizaciones no gubernamentales, grupos de productores, productores independientes y todos aquellos participantes activos de la producción nacional a que se propongan y expresen de manera cordial y unificada qué le falta y qué se requiere para consolidarse de manera efectiva.
No es una quimera proponer este tipo de acciones si lo que se busca es mejorar un sector que pese a las controversias se ha mantenido activo durante décadas y sigue forjando cambios que si bien, para muchos no alcanzan los niveles mínimos de importancia para los más avezados, son la piedra angular para gestar verdaderas transformaciones en nuestra nación, atestada de buenas intenciones y pocas actuaciones, es decir, con muchas ganas de cambiar y pocas disposiciones para generar esos cambios.
Sin embargo, hay factores de parte y parte que limitan este convenio, este encuentro, y se evidencia en la actuación de los líderes del sector agroalimentario quienes no han tenido la asesoría debida o la preparación necesaria para poder ubicarse en el contexto que amerita su accionar. Sumado a ello, también se debe reconocer que quienes ostentan las riendas de los entes, organizaciones y grupos independientes se enfocan en otros aspectos, pero nunca en el desarrollo del sector.
Con ello se expresa que algunos se inclinan desde la perspectiva política mientras que otros prevén actuar como ente monopolizador de agrupaciones bajo objetivos que están ausentes de gerencia, pese a ello, aún es necesario insistir en este encuentro que derivará en la consolidación de políticas adecuadas donde todos salgamos beneficiados.
Es así que basados en una historia donde la agroalimentación en su esencia fue quebrantada, no queda más que suponer que hoy día, en medio de la realidad que nos exige la recuperación pronta del sector, las críticas, las propuestas y la consolidación de los entes de control y supervisión sean tomados en cuenta, no para forjar leyes que luego se olviden, sino para que en un trabajo conjunto se implementen, en primera instancia, modelos de desarrollo y, en segunda, se apliquen en pro de la comunidad nacional, vapuleada ante la presencia de sanciones, políticas que limitan los cambios necesarios para todos en presente y para todos en el futuro provisor que exige Venezuela.
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