Ariana Moreno | La Prensa Táchira.- La violencia por parte de bandas criminales que operan en la zona fronteriza es algo que ha preocupado a la población colombo-venezolana durante muchos años. Sin embargo, durante los últimos meses el incremento de actos de violencia, extorsión, amenazas, desapariciones forzadas y la presunta existencia de nuevas fosas comunes mantienen en alerta a las autoridades de ambos países.
El gobernador del Táchira, Freddy Bernal, informó que en los últimos meses se han registrado tres ataques terroristas en Ureña y San Antonio. El mandatario asegura que los responsables de estos actos violentos son criminales pertenecientes a grupos delictivos, como El Clan del Golfo, el Tren de Aragua, Los Rastrojos y Los A5-47.
Los habitantes de zonas fronterizas han denunciado la aparición de panfletos con amenazas de que asesinarán a todo aquel que se encuentre en la calle a altas horas de la noche, con el fin de cumplir con las llamadas "limpiezas sociales".
Ante esta situación, el gobierno regional inició una operación denominada "Frontera de Paz" con el despliegue de alrededor mil policías para contrarrestar la violencia criminal que, a juicio del mandatario, pretende extenderse. Según el comandante de la Policía del estado, Wilman Rivera Torres, ya se comenzó a visitar aleatoriamente a negocios en la frontera a preguntar si han sido amenazados por los grupos criminales. Informa que hasta el momento han procesado cinco denuncias, por lo que no descarta que los grupos tengan sometidos a algunos empresarios.
El mismo día en que Bernal se reunió con los cuerpos de seguridad del estado para tomar medidas y anunciar la identificación de varios de los delincuentes implicados en estos actos criminales, el exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso, reveló desde Estados Unidos que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) arrojaron los cuerpos de unas 200 de sus víctimas en el lado venezolano de la frontera, tras la destrucción del "horno crematorio" en el que desaparecieron a centenares de personas.
Tras estas declaraciones, políticos y activistas aseguran que la cifra podría ser aún mayor. Luis Useche, gerente jurídico de FundaRedes, indicó que de acuerdo al trabajo de monitoreo podrían haber al menos 731 personas desaparecidas que pudieron haber muerto y hallarse en estas fosas comunes.
Detalla que la cifra de Mancuso son de hechos que ocurrieron desde el año 2000 al 2004 y que desde el 2005 al 2018 no hay una contabilidad precisa de víctimas. Desde el 2019 hasta la fecha, FundaRedes lleva un registro de 531 víctimas en frontera y suman las 200 declaradas por Mancuso, llegando a una cifra de 731 personas. Sin embargo, no precisa cuántos pudieron haber desaparecido en los 13 años de los que nadie lleva un registro.
Opacidad de cifras
El defensor de los Derechos Humanos, Walter Márquez, destacó que no hay una estadística oficial, sino una mezcla de todo porque en Venezuela y Colombia hay opacidad informativa respecto a los desaparecidos, por lo que insistió en que se requiere ampliar la auditoría de las víctimas a través de sus familiares que son sobrevivientes.
Marino Alvarado, coordinador de Investigación de Provea, denunció que detrás de muchos de estos casos hay autoridades civiles que posiblemente colaboraron o tuvieron conocimiento y no actuaron. Declaró que con estos hechos queda en evidencia la enorme incapacidad del Estado venezolano para resguardar la soberanía.
A través de su cuenta de Twitter, informó sobre otra de las irregularidades que presuntamente vienen ocurriendo en la frontera colombo-venezolana. Se trata de personas que son secuestradas por presuntos guerrilleros y luego las autoridades venezolanas las presentan como muertos en enfrentamiento con policías o militares venezolanos. Esta situación también fue denunciada por Karim Vera, coordinadora de Primero Justicia, quien declaró que las asociaciones criminales han trascendido al estado Táchira entre grupos irregulares y funcionarios de cuerpos de seguridad venezolanos.
Todos estos hechos han llevado a los gobiernos de Colombia y Venezuela a acordar "unos prontos y eficaces mecanismos institucionales" para localizar los restos mortales de víctimas, según informó la Cancillería colombiana.
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