Elizabeth Montoya | La Prensa Táchira.- Casi un mes lleva desaparecida Denny Yerimar Carrasquel, la joven de 29 años de edad que fue llevada por supuestos miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la mina de oro Cacique del cerro Yapacana en el estado Amazonas. Sin embargo, como lo señala el dirigente de Fundaredes, José Mejías, no es la única desaparecida en estas minas, pero no hay tampoco estadísticas reales "porque casi nadie formaliza ni denuncia nada por miedo".
"Todo queda en especulación, porque las familias no denuncian formalmente. En enero, en diversas oportunidades denunciamos la desaparición y muerte de indígenas en el estado Amazonas, por las acciones de grupos armados irregulares y bandas criminales .
Detalló que el 28 de diciembre de 2022 se produjo la desaparición de Wilberto Camico Menare, de 36 años de edad, también procedente de la parroquia Yapacana, "y la familia denunció en todos lados, pero no pasó absolutamente nada, a pesar de su repercusión como dirigente indígena".
Así mismo, recordó que el 6 de enero de este año se reportó el hallazgo del cadáver de un indígena maniatado en el cerro Yapacana y que seis meses antes, el 30 de junio de 2022, el también líder indígena Virgilio Trujillo, miembro de la Organización Indígena Piaroas Unidos del Sipapo (OIPUS) y coordinador de Guardianes territoriales de la comunidad Uwottüja, fue asesinado en Puerto Ayacucho, recibiendo varios disparos en la cara, sin que hasta la presente las autoridades venezolanas hayan esclarecido este crimen, lo que favorece la impunidad.
"A través del Informe de Contexto Violento hemos venido denunciando que los pueblos indígenas y la población están siendo gravemente afectados por la extracción de la minería ilegal, ocasionando graves vulneraciones y hasta la muerte de personas inocentes. Incluso que los organismos de seguridad del Estado están cometiendo acciones violentas, porque el caso de Camico ocurrió en pleno desarrollo de la Operación Roraima, que luego la cambiaron a Autana, para combatir los llamados Tancol", subrayó Mejías.
Tancol es un acrónimo con el cual el Gobierno de Nicolás Maduro designó a los grupos Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia (Tancol), a los cuales, en junio del año pasado –tras presentar los resultados la Operación Escudo Bolivariano 2022-, Maduro les declaró la guerra, ordenando incrementar las operaciones militares y policiales para su "exterminio" en territorio venezolano, como parte de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.
Sin embargo, Mejías señala que pese a estos "operativos" relámpago, lo que reina en Amazonas es la inacción por parte del estado "para defender y proteger a la ciudadanía y, por consiguiente, la soberanía nacional". De allí que los grupos armados irregulares sigan rigiendo a sus anchas el Arco Minero del Orinoco y muy especialmente la minería ilegal de Yapacana, pese a que este fue declarado Parque Nacional -en diciembre de 1978-, por sus valiosos recursos naturales, escénicos y científicos.
De hecho, numerosas organizaciones no gubernamentales como SOS Orinoco, Control Ciudadano y el Observatorio de Ecología Política de Venezuela, han denunciado no solo este control de la minería en la zona por parte de los grupos armados, con testimonios y evidencias de una especie de "complicidad" por parte de efectivos militares e instituciones de la región, sino también el enorme impacto ambiental que esta actividad ha tenido en el parque nacional Yapacana con más de 2.227 hectáreas destruidas –al mes de febrero del 2022- y la presencia de mercurio en los ríos Ventuari, Caura, Caroní, Cuyuní y Orinoco.
Solo en el 2021, SOS Orinoco denunció que la actividad minera había causado la deforestación de 210 hectáreas -equivalentes a 276 campos de fútbol-.
Hasta al papa le hemos escrito
La familia de Denny Yerimar es de las pocas que ha acudido a Fiscalía Superior, Cicpc, DGCIM, Defensoría del Pueblo, Zodi y hasta al papa Francisco le han escrito por Twitter "para que ore por Denny y que Dios Todopoderoso le toque el corazón y la mente de sus secuestradores", como lo señala su tía Yandira Romero.
Sin embargo, la única respuesta que ha recibido de las autoridades es "una comisión irá a investigar", pero los días siguen corriendo y la angustia de no saber si sigue con vida los mantiene sumidos en el desconsuelo y el dolor, especialmente "al ver la cara de su muchachita de 10 años que es igualita a ella y a la que adora con el alma y jamás se desconectaría así de ella".
Romero comenta que antes de su secuestro, ocurrido en noche del 20 de abril, Yerimar ya llevaba 15 días en la mina de oro Cacique del Yapacana, pero que era algo recurrente, pues desde hacía cuatro años subía a las minas –tanto la Cacique como otra llama La Cuarenta- para ganarse la vida ya sea vendiendo ropa o como encargada de un expendio de licores, por lo que era "muy conocida y querida en el lugar porque es una muchacha muy noble, cariñosa y colaboradora con todos".
Sin embargo, esta vez subía para vender tres motos usadas y esa noche "mientras se dirigía al lugar donde se estaba quedando con su pareja, una supuesta amiga la llamó para quedarse un ratico en una plaza y Yerimar le dijo a su pareja que se adelantará, que ella subía, pero al estar en el lugar, delante de testigos, llegaron personas pertenecientes al Ejército de Liberación Nacional ELN y se la llevaron a la fuerza, sin mediar palabras, y aunque ella pidó auxilio, nadie la ayudó".
Actualmente, ante la falta de respuesta de los organismos nacionales, la familia de Denny Yerimar está pidiendo la mediación de la Iglesia y de la Embajada de Colombia en Venezuela, a fin de ubicar a la joven sea devuelta por sus captores lo más pronto posible y terminar con el calvario en el que llevan casi un mes.
"Estamos devastados como familia. El secuestro es la peor tragedia que pueda vivir un ser humano por no saber cómo ni cómo está su ser querido. Rogamos a Dios Todopoderoso y a María Santísima que le respeten la vida y nos la devuelvan sana y salva", señaló Romero.
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