DEMOCRACIA Y ESTADO DE DERECHO

Como sistema político racional y sustentable, la democracia se funda enraizadamente en el Estado de Derecho, entendido como la sujeción del Poder Público al orden establecido, por ser sus órganos los que detentan mayores y más fuertes atribuciones en sus relaciones con los ciudadanos; por tales circunstancias, son proclives a excederse en su ejercicio, como ocurre en países como el nuestro, por ejemplo, donde no hay exigencias particulares, para optar a desempeñar el cargo de Presidente de la República, que históricamente ha sido el poder más preponderante frente a los otros y que han manejado los asuntos de Gobierno y de Estado a su real saber y entender, alejados del respeto a los derechos humanos o de valores republicanos como la justicia, la equidad y la ética. 

Lo anterior ocurre cuando para un Estado el centro de su actuación, ya no es el ciudadano, sino el Estado mismo, con lo desplaza desafortunadamente el respeto a la dignidad de aquellos, y se le rinde de paso, pleitesía de manera exagerada a un autócrata o a un líder populista, con lo cual la Democracia pierde su esencia humanista, porque como sistema político sostenible que es en esencia, ésta siempre ha buscado reivindicar y garantizar los derechos del hombre, con base a una actividad estatal ceñida a la legalidad, como instrumento para limitar y condicionar la desproporción que existe en las relaciones Estado-Sociedad-Individuo, lo que no limita de otra parte, que los ciudadanos puedan actuar con acato y respeto también, al mismo orden que debe obedecer el poder público. 

A pesar de lo opinado, una de las más grandes debilidades de la democracia se presenta cuando la misma no tiene "filtros detectores" contra aquellos personajes que se valen de sus mecanismos y de su prestigio, como el sistema de libertades, para ascender al poder y desde allí ir rebanando importantes principios democráticos, como los de justicia y paz social, con el doloso fin de sobreponerse al Estado de Derecho o intentar socavar la separación de poderes, en donde sus fieles representantes se convierten o pueden convertirse en incondicionales del autócrata o líder populista, para desdicha de los ciudadanos, que vieron como su voto o apoyo se convirtieron en un pasaporte para que el gobernante o gobernantes, desechen su deber de sometimiento a la ley y al derecho.

Se destaca en base a lo anteriormente escrito que, en una democracia sustentada en un verdadero Estado de Derecho, no puede contar con poderes auto colocados por sobre la Constitución y las leyes, ni menos que sus criterios discrecionales e infundados, puedan servir de pautas de actuación a sus subordinados, en detrimento muchas veces de los intereses ciudadanos que enfrentados a los oficiales, son relegados de manera humillante a pesar de que la Constitución contempla que el Estado venezolano, debe dar prioridad a los derechos humanos, que no es otra cosa que hacer posible que el poder trate a todos los ciudadanos con respeto a su dignidad, e igualmente que los ciudadanos se traten de la misma manera, pues detalles como estos fortalecen la civilidad democrática.  

En razón de lo expuesto, vale la pena reforzar el respeto y la valoración que debe existir por el Estado de Derecho, como soporte primordial de la democracia, porque los conflictos o desavenencias que dentro de la misma se suceden, serán resueltos por las reglas que la Sociedad ha querido darse a través de sus representantes parlamentarios, como pasa en otros países occidentales, en donde se conforman parlamentos pluralistas, que dictan distintas leyes, ejecutadas por poderes ejecutivos, produciéndose con ello la más cercana aproximación a una genuina representación popular, cuya tarea constitucional es la de producir leyes, que sean aceptadas sin mayores contratiempos por la sociedad, al provenir las mismas de procesos democráticos, en donde se respetó la soberanía popular y el voto.

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