Elizabeth Montoya | La Prensa del Táchira.- Presionar para que vendan sus fincas y propiedades, sacar la gente por la fuerza o amenazas para que en 24-72 horas recojan todo y se vayan, o simplemente salir corriendo para no caer muerto en la línea de fuego entre dos bandos enfrentados son parte de la realidad que están viviendo muchos venezolanos que fueron desplazados de sus comunidades por la presencia de grupos irregulares en la frontera.
Como lo señala la periodista, Sebastiana Barráez, esta realidad se ha asentado en nuestro territorio desde hace varios años con la creciente presencia de grupos disidentes de la guerrilla y los paramilitares a todo lo largo y ancho de la frontera de Zulia, Táchira y Apure, principalmente.
"El fenómeno del desplazamiento forzado por la presencia de grupos irregulares en la frontera no es algo nuevo. Anteriormente pasaba del lado colombiano, cuando muchos ciudadanos de ese país huían de su conflicto interno armado y buscaban refugio y protección en Venezuela. Pero hace algunos años se invierte el fenómeno y ahora los venezolanos parten hacia Colombia, huyendo de la violencia de estos grupos irregulares asentados en nuestro país", señaló.
Barráez indicó que hasta hace unos años predominaban los grupos paramilitares como las Águilas Negras, los Rastrojos y los Urabeños, derivados de las Autodefensas Unidas de Colombia que terminaron disolviéndose después del gobierno de Uribe.
"Ellos hacían vida del lado colombiano, pero empezaron a permear nuestro territorio por razones económicas. Entraban y salían del territorio fronterizo venezolano, pocas veces se instalaban de manera masiva. Con la llegada de Hugo Chávez al poder, los grupos guerrilleros, FARC, ELN, se sintieron muy cómodos en territorio venezolano y dejó de ser una zona de aliviadero de la persecución del Estado colombiano, pasando a tener campamentos permanentes a todo lo largo y ancho de la frontera, llegando incluso a dividirse el territorio entre las diferentes organizaciones guerrilleras y con una perversa relación con la Fuerza Armada Nacional venezolana", detalló.
Indicó que ya en los últimos años —a la par que el Estado venezolano arranca con el llamado Arco Minero del Orinoco—, tuvo mayor presencia el Ejército de Liberación Nacional (ELN), porque las FARC se había fragmentado tras el proceso de paz colombiano, y es este grupo el que empieza a desplazar a los grupos armados asentados en toda la franja fronteriza, incluyendo las minas de oro del estado Bolívar.
"El ELN logra tener fuerza en nuestro territorio, amparado por el Estado venezolano que les permitió establecerse y combatir a los grupos paramilitares establecidos, como sucedió en febrero de 2020 en la zona norte del estado Táchira, donde los Rastrojos, paramilitares que tenían control de Boca de Grita fueron barridos por el ELN y obligados unos a regresar a territorio colombiano, y otros desplazarse hacia el Catatumbo venezolano.
Pero al día siguiente del enfrentamiento, apareció el entonces llamado protector del Táchira con militares en la zona, diciendo que la Fuerza Armada había ejecutado esa acción, cuando todo el mundo sabía que ese fue un enfrentamiento entre guerrilleros y paramilitares", aseveró.
Según Barráez, estas luchas de poder son las causantes de la micromigración del desplazamiento forzoso en la frontera venezolana, de la cual "no hay una estadística clara ni manera de estimarla y controlarla" y que continuará mientras haya presencia de irregulares en nuestro territorio. Además, considera que el impacto en la población ha presentado dos vertientes principales: la primera es la toma por la fuerza y asentamiento del grupo irregular en poblaciones donde nunca antes habían hecho vida, obligando a las personas a "donar" sus propiedades e irse a otras zonas o hacia Colombia.
El segundo sería el desplazamiento de otro grupo armado de un territorio, "porque lo primero que hacen es atacar o enfrentar a la gente que haya tenido alguna relación con el grupo que se fue, como ocurría en Colombia y ahora está ocurriendo en el Catatumbo, Puerto Páez y otras zonas de Apure".
Sin embargo, el exdiplomático y defensor de los derechos humanos, Walter Márquez, considera que esa presencia se ha venido debilitando con la disminución del poder económico y social de grupos armados irregulares, tras la apertura de los pasos legales por los puentes fronterizos.
"Además, su presencia ha disminuido considerablemente por el debilitamiento propio de esos grupos y la negociación que ha permitido a algunos grupos asumir el proceso de paz de Petro. Es decir, aunque ahora hay núcleos en algunas partes, no hay una presencia generalizada", aseveró.
No obstante, coincide con Barráez en que mientras estén presentes las FARC y el ELN en la frontera, "siempre va a haber un riesgo para los pobladores, especialmente en los sectores agropecuarios, o sea, no a la escala de los años anteriores, pero sí va a haber ese peligro".
Sin embargo, José Mejías, coordinador de FundaRedes Amazonas, señala que como se ha podido ver, especialmente en las comunidades indígenas y de explotación minera, donde muchos de estos grupos irregulares se habían replegado tras el descubrimiento de nuevos yacimientos de oro han retomado sus actividades y, con ellos, retornan los abusos de estos grupos que conducen a una migración forzosa en búsqueda de resguardo.
"Estamos viendo pueblos como Puerto Páez, municipio Pedro Camejo, que es de Apure, pero que culturalmente y geográficamente son más cercanos a Amazonas que al mismo Apure, que viven como en un estado de sitio permanente, con un militar armado en cada esquina, patrullajes agua arriba y agua abajo, pistas clandestinas bajo el control de estos delincuentes de alto vuelo, guerrilleros que mueven todo lo que es ilegal, droga, combustible, etcétera.
Por eso es que se pelean duro el control de allí y ahí hay mucha población indígena que se ha afectado bastante y que se ha ido desplazando hacia Arauca. En marzo que visitamos Puerto Carreño, la municipalidad ya había registrado más de un millar de desplazados por esta problemática", aseguró.
Recordó que el desplazamiento forzoso en esta jurisdicción apureña tuvo su punto álgido en enero de 2022, luego de un tiroteo en la comunidad rural El Burro, a 5 kilómetros de Puerto Páez, pero que esta cifra actualmente ha venido en aumento y hasta el mes de enero las autoridades de Puerto Carreño ya habían censado más de mil 300 desplazados venezolanos.
Mejías indicó que toda esta situación de enfrentamiento y control de los irregulares, bajo la mirada permisiva de las autoridades venezolanas, ha ocasionado que prácticamente se esté viviendo en una zona de guerra, obligando a los ciudadanos a adaptarse a estas irregularidades "y el que no se adapte, por no estar de acuerdo, tiene que irse".
"Las comunidades, incluyendo las indígenas, están divididas por esta problemática, llegando a pelear entre ellos por los factores externos que han inducido los grupos irregulares, alimentados con dinero, promesas y suministros, hasta incluso reclutar gente de estas comunidades, sometiéndolos a ciertos tipos de penetración cultural y prácticas como la prostitución, especialmente por el factor económico, porque si la situación de crisis afecta a las ciudades, con más razón en estos sectores de difícil acceso", resaltó.
Por ello, reiteró que la presencia de irregulares, especialmente en las zonas de explotación minera, no sólo se ha mantenido, sino que incluso ha aumentado en los últimos meses, "pese a que el Gobierno nacional se ufana de hacer operativos y destruir campamentos mineros en zonas como el Parque Nacional Cerro Yapacana, que además de esporádicos son pañitos calientes para hacer ver a la opinión pública que están haciendo su trabajo".
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