Desde hace dos décadas, la empresa Petróleos de Venezuela S.A. ha sido considerada por el Gobierno, como una mina inagotable de recursos, para iniciar negocios distintos al objeto de su creación, que no fue otro que el manejo de la Industria Petrolera, principio que, con los años, fue constitucionalizado en el texto de 1999, en el Artículo 303, dándole tal importancia estratégica a su actividad, que sólo puede ser manejada por el Estado venezolano a través de los Gobiernos de turno, aduciéndose para ello razones de "conveniencia nacional", pues siempre ha estado en el ánimo de nuestros gobernantes, utilizar sus cuantiosos recursos, para invertirlos en distintas áreas de la vida nacional.
Sin embargo, en ese transcurrir del tiempo, la visión socialista de la economía nacional y de sus intereses, la llevaron a convertirse en una empresa promiscua que trajinó con evidentes reveses otras actividades muy diferentes a su objeto, como negociaciones financieras en la banca norteamericana, calificadas de fraudulentas, ventas de alimentos, PDVAL, construcción de viviendas y todo lo que se les ocurría, con tal de obtener ganancias a expensas de esta gran empresa venezolana que lentamente se iba destartalando, bajo la conducción de ciudadanos como Rafael Ramírez primero y recientemente de Tareck El Aissami, señalados ambos de un amplio y vergonzoso historial de corrupción.
Una coincidencia arbitraria y abusiva en el nombramiento de estos funcionarios era que ocupaban simultáneamente varios cargos, Ministros de Petróleo, Presidente de PDVSA, vicepresidentes del área económica, sin ningún tipo de control o fiscalización, ya que también ocupaban posiciones privilegiadas y de poder decisor, en la omnipotente coalición dominante establecida desde el partido y desde el Gobierno para decidir todo lo que tenía que ver con la materia petrolera. Sin embargo, esas actuaciones ejecutivas fueron cuestionadas por sus propios camaradas, acostumbrados a callar entre ellos mismos, las tropelías que muchas veces han cometido a lo largo de estos años, contra el erario público.
Sobre la corrupción el filósofo Aristóteles aseveró que este delito es "opuesto a la virtud, o sea, contrario a la esencia del hombre" que no debe ser buscar ilícitamente dinero, como lo hicieron Ramírez y El Aissami, para serio disgusto de sus camaradas al ver que este despreciable asunto no sólo se descubrió, sin que también se hizo público, lo que, al autoritarismo vigente, resulta inaceptable, pues lo que los distingue en materia informativa es su opacidad, que los ha obligado a desarrollar una retórica aparentemente en defensa de la honestidad, para condenar los hechos cometidos por un sector de su propia alianza dominante y meterlos presos, sin que nadie en el Gobierno explique del porqué de tanto descuido en la supervisión de esa clase de funcionarios.
Por supuesto que en la práctica el golpe de corrupción del dirigente merideño y sus obsecuentes camaradas, fue contra el Presidente de la República, al cual seguramente pensaba adversar en la carrera por la Presidencia, formando cuadros políticos a su favor en el resto del país. Queda por ver ahora el grado de cohesión interna en las facciones del partido del régimen, sobre todo a nivel de sus bases que seguramente observarán con indignación, élites partidistas enriquecidas, dentro y fuera del país, mientras que ellos al igual que la mayoría de los venezolanos, pasamos necesidades ante la grave emergencia humanitaria que seguimos confrontando y que con lo distraído de las arcas de PDVSA se hubiesen podido reducir; en fin, el golpe de El Aissami dejó hinchado al régimen imperante.
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