Elizabeth Montoya | La Prensa Táchira.- Desde el 2018 que se agravó la crisis económica e incrementó la migración venezolana, aumentó la vulnerabilidad de la infancia venezolana para caer en todo tipo de situaciones de esclavitud sexual, doméstica, laboral.
Así lo señaló Beatriz Mora, integrante de la Red Naranja —orientada a la prevención de la violencia de género—, quien destacó que muchas niñas y adolescentes, en búsqueda de alternativas de sustento, "pueden caer en ofertas engañosas y con la migración, los niños dejados atrás por sus padres que migraron buscando un futuro mejor, quedaron en manos de abuelos, tíos, primos, amigos, vecinos, siendo expuestos a muchas situaciones".
Mora indicó que pese a las regulaciones, en Venezuela no se ha podido erradicar el abuso y los tratos crueles e inhumanos en niños, niñas y adolescentes, y que este fenómeno social se manifestó con más fuerza durante la pandemia "porque los agresores se encontraban en casa, ya sea padres, padrastros o cualquiera con los que hayan sido dejados a cargo".
La activista señala que la reclusión de la pandemia también les abrió a muchos niños y jóvenes las ventanas del mundo digital y las redes sociales y con ellas nuevos peligros, como las redes de trata de personas que utilizan este tipo de plataformas "para captar a estos seres vulnerables, no sólo para la esclavitud sexual, sino para realizar trabajos forzados e incluso ser incorporados a las filas de grupos irregulares".
Además, asegura que en el período fuerte de la migración se presentaron muchos casos de niños y jóvenes que llegaban solos a la frontera provenientes del centro del país, sin que se les exigiera algún tipo de documentación en su recorrido y, afortunadamente, en un trabajo mancomunado con las autoridades fronterizas y las ONG "logramos abordar a muchas de estas niñas y adolescentes y salvar a bastantes, pero muchas otras cruzaron la frontera bajo ofertas engañosas y no se volvió a saber nada de ellas".
"Neoesclavitud"
Por su parte, el abogado y exdirector de la Policía del estado Táchira, Jesús Alberto Berro, confirma que el estado de crisis en el que se ha sumido el país en las últimas décadas "ha sido el caldo de cultivo perfecto para que niños y adolescentes, como sujetos extremadamente débiles desde el punto de vista jurídico y social, sean vulnerados y expuestos a tratos degradantes e incluso la esclavitud sexual".
Sin embargo, esa "esclavitud" a veces dista de la percepción tradicional e histórica "del collar con la cadena y el sumiso que se somete a los destinos del verdugo o del amo", ya que ahora se puede hablar de un neoesclavismo o neoesclavitud que involucra "formas más sutiles, no tan gráficas y tan patéticas como las anteriores, pero igualmente degradantes", como la explotación "digital" o las fábricas andantes, donde niños y jóvenes son explotados laboralmente en buques que operan en altamar para evadir cualquier acción jurisdiccional.
Streaming
Como lo destacó la defensora del Pueblo delegada en el estado Táchira, Celeste Buitrago, para ser víctima de una red de esclavitud o explotación infantil no hace falta cruzar la frontera, pues ahora incluso las nuevas tecnologías pueden ser utilizadas para vulnerar los derechos de niños, niñas y adolescentes.
"Las redes sociales son muy buenas, pero pueden aumentar la vulnerabilidad. No se debe permitir que los niños, niñas y adolescentes tengan redes sociales sin vigilancia por parte de los padres, madres y representantes.
Así como debemos conocer los amigos de nuestros hijos, sus padres y a dónde van nuestros hijos para estar advertidos ante cualquier situación, Dios no lo permita, igual debemos estar atentos a lo que hacen en redes, con quiénes se comunican, a fin de protegerlos ante cualquier peligro", subrayó.
Tal fue el caso de un grupo de niñas residenciadas en Coloncito, municipio Panamericano, que eran utilizadas por una red de explotación y abuso infantil para transmisiones de streaming en la plataforma Tango (que permite la monetización por contenido).
En el mes de febrero, funcionarios de Politáchira, en conjunto con el Cmdnna, se acercaron a una residencia tras recibir una denuncia y encontraron a una ciudadana con una actitud nerviosa. Al verificar el interior de la vivienda, en las habitaciones notaron la presencia de una niña de 11 años y una adolescente de 14 haciendo transmisiones en vivo —por internet—, en las que bailaban con actitudes y ropas no acordes a su edad con la promesa de que obtendrían sumas de dinero por cada sección.
De inmediato se detuvo a la pareja hallada en la residencia —un masculino, de 39 años, y la femenina, de 28 años—, siendo detenida, además, la madre de una de las víctimas —de 39 años de edad—, quien no sólo permitía e incentivaba a sus hijas a realizar esta actividad como ingreso familiar, sino que incitaba a otras niñas y adolescentes a participar. Los tres detenidos, junto con las evidencias, fueron puestos a órdenes de la Fiscalía del Ministerio Público.
Primeros garantes
Como lo subraya Buitrago, es necesario entender que la protección reside fundamentalmente en la familia, y el Estado sólo es garante de dicha protección, por lo que los padres no sólo deben procurar que sus hijos accedan a los derechos fundamentales, como la educación, sino evitar que se expongan a riesgos innecesarios y se vea vulnerada su integridad física y mental.
"Desde el 1° de abril del 2000 que entra en vigencia la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, se fortaleció todo un sistema para la protección integral de este grupo vulnerable a través de una serie de políticas, programas y asistencia apropiada para que la familia pueda asumir adecuadamente sus responsabilidades. El padre y la madre son los que deben asumir, en igualdad de condiciones, sus deberes, responsabilidades y derechos como primeros garantes de la protección de sus hijos", destacó.
En este sentido, la defensora del Pueblo delegada en el estado Táchira, recalca que "El Estado no viene a sustituir la obligación de los padres" y aunque desde el sistema de protección se viene desarrollando una gran labor en la defensa y sensibilización de los derechos de la infancia y todo el tema de la trata de personas de las que pueden ser víctimas nuestros niños, niñas y adolescentes, la primera defensa debe partir de casa.
"Hay que explicarles a nuestros hijos que cuando nos ofertan trabajos en el exterior con grandes remuneraciones y nos ofrecen viajar con personas desconocidas sin ninguna autorización, nos puede conllevar a un peligro. Muchas veces les ofrecen ser modelos y al llegar les quitan pasaportes y los esclavizan sexualmente, o como domésticos o trabajadores en los campos", destacó.
En este sentido, afirma que hay un gran esfuerzo del Estado para lograr que cada infante que cruce la frontera "vaya con su debida autorización de viaje firmada por ambos padres", lo cual muchas veces es percibido como un capricho de las autoridades migratorias, pero es parte de los esfuerzos para salvaguardar la infancia de este tipo de situaciones.
Igualmente, Buitrago enfatizó en que tanto desde la Defensoría del Pueblo como los Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes a nivel de estados y municipios, así como el Ministerio Público, a través de la Dirección de Protección Integral de la Familia, están abiertos a cualquier denuncia sobre actos o personas que vulneren los derechos de la infancia venezolana, establecidos en la Carta Magna y la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna).
La familia como factor de riesgo
A mediados del mes de marzo, el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), presentó al país un informe sobre "Violencia estructural en la familia en la crisis humanitaria de Venezuela". La investigación puso especial mirada en los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) y los resultados, nada alentadores, indicaban que "la familia se ha convertido en un factor de riesgo y no de protección para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, haciéndolos vulnerables ante las agresiones de algunos miembros de la familia".
Entre los casos emblemáticos destaca el ocurrido en el municipio Samuel Darío Maldonado (Táchira) donde dos presuntos agresores fueron acusados por la comunidad de haber violado al menos 7 niñas, en edades comprendidas entre 10 y 12 años, atraídas con engaños (ofreciéndoles dulces, regalos y efectivo) hacia sitios solitarios para cometer el delito.
Secuelas para toda la vida
Alfonso Amaya, profesional de psicología clínica, destaca que los niños y adolescentes sometidos a maltratos y abusos pueden generar diferentes manifestaciones psicopatológicas que van a seguir acompañándolos durante toda su vida y que tendrán implicaciones en el entorno con el que se desarrolle.
"Todo abuso persistente en un ser humano genera traumas que pueden configurarse en una serie de desórdenes de los procesos del desarrollo infantil, con riesgo de retraso a todos los niveles, algunas veces irreversibles. Pueden padecer desórdenes en los procesos de socialización, aprendizaje y resiliencia, así como otros vinculados al trauma, como estrés postraumático y estrés agudo. Sin embargo, el peor de los trastornos psicológicos es el que corresponde al apego, ya que afecta toda la vida emocional y social de la persona", destacó.
El psicólogo reitera que de no ser atendidos estos desórdenes, no sólo "se van agravando", sino que pueden convertirse en un problema serio de amplias connotaciones.
"Hay siete veces más probabilidades de que quienes sufrieron abuso sexual, físico o emocional continuado durante la infancia, desarrollen desórdenes psicopatológicos, de la sexualidad o la personalidad con incidencia, incluso transgeneracional, transmisible a hijos, nietos y bisnietos, porque, a pesar de haber logrado salir de esos círculos de esclavitud, tienen déficit en la crianza de nuevas familias y tienden a ser expresión de contextos de pobreza y exclusión", afirmó Amaya, destacando que la sanación psicoterapéutica es un proceso duro, pero fundamental.
Como lo destaca también la activista Beatriz Mora. "Es necesario escuchar a los sobrevivientes, aprender de cada cosa que les ha pasado y exigir respuestas y servicios adecuados a los organismos competentes y trabajar unidos para erradicar la violencia, como flagelo que afecta a todos, sin distinción política o condición social".
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