Redacción | La Prensa del Táchira.- La organización no gubernamental, Fundaredes anunció mediante una nota de prensa, que se han cumplido dos años del conflicto armado de carácter no internacional en el estado Apure, iniciado el 21 de marzo de 2021 y el cual ha dejado innumerables víctimas de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Según esta organización, más de 6 mil personas fueron desplazadas de manera forzada, se realizaron al menos 30 detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y afectación del derecho a la propiedad. Situaciones que fueron denunciadas y cuya investigación aún no se ha iniciado.
La fundación asegura que hasta a la fecha, se mantienen amedrentamientos, hostigamientos y amenazas a pobladores de La Victoria, El Ripial, Tres Esquinas y La Capilla del estado Apure.
Aunque este acontecimiento tiene su origen desde el mes de septiembre de 2020, afirman que los hechos cobraron fuerza cuando se llevó a cabo la operación "Escudo Bolivariano 2021", emprendida por el Estado venezolano, la cual hizo que el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana iniciara acciones contra Grupos Armados Irregulares (GAI) de origen colombiano en el estado Apure, además de permitir la participación de las FAES.
En septiembre de 2020, registraron 19 personas asesinadas, 4 de ellas militares y las otras 15 supuestos miembros de la guerrilla, seguido de los hechos del mes de octubre donde asesinaron a 03 integrantes del ELN, así mismo se dio la desaparición de varias personas en el estado Apure, apareciendo luego asesinadas en el estado Táchira.
Consecuencias de este conflicto armado
Según el comunicado, este conflicto trajo consigo la activación de minas antipersonales, ingresos arbitrarios a viviendas sin orden judicial, detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, desaparición de personas y daños a la propiedad, es lo que hace que para finales del mes de marzo se registraran más de 6000 personas que buscaban auxilio y resguardo en el Departamento colombiano de Arauca en medio del conflicto de Apure.
De igual manera, el equipo de FundaRedes documentó allanamientos ilegales, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, desplazamiento de comunidades indígenas, minas antipersonales, amenazas y hostigamientos a defensores de derechos humanos y periodistas.
La organización manifiesta haber presentado en varias oportunidades, escritos ante la Fiscalía General de la República y ante el Ministerio Público con sede en el estado Apure, para solicitar una investigación del trasfondo de los enfrentamientos en ese territorio e instar a los organismos correspondientes, a cumplir con la misión encomendada en la Constitución venezolana referente al resguardo de la integridad territorial y la seguridad de la nación.
Asimismo, a pesar de las alertas emitidas por FundaRedes ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) sobre las vulneraciones que se cometieron en medio del conflicto, donde se le suma la detención de activistas de FundaRedes y equipo de periodistas de NTN24, quienes horas más tarde fueron puestos en libertad, dejó en evidencia que el Estado venezolano vulneró los derechos de miles de personas, víctimas de hechos de opacidad y que dos años más tarde aún siguen impunes.
FundaRedes denunció que desde el inicio del conflicto, altos funcionarios del Estado venezolano han ocultado información y han intentado esconder la cantidad de asesinados y heridos producto de los enfrentamientos que se desarrollaron durante 60 días seguidos, así como desplazamientos forzados de la población civil, ejecuciones extrajudiciales y otras vulneraciones, por lo que se exhorta a que ningún hecho quede impune, y que deja en total vulnerabilidad a los venezolanos, principalmente en zonas de alto riesgo.
Con información de Prensa FundaRedes
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