Elizabeth Montoya | La Prensa Táchira.- La falta de subsidios en combustible e insumos, así como una creciente inflación tanto en repuestos y mano de obra para mantener operativas las unidades, aunado al descenso en el número de pasajeros serían las causas de los elevados costos del transporte público en el estado Táchira.
Así lo señalaron los representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Transporte Automotor y sus similares, Víctor Velazco y Walter Márquez —presidente y secretario ejecutivo, respectivamente—, quienes destacaron que sólo un 30% de la flota activa recibe a diario combustible subsidiado limitado a 70 litros, una vez por semana, lo que equivale a un solo día de trabajo en una ruta suburbana, por lo que el resto de días deben adquirir combustible a precio internacional e incluso por encima, cuando la falta de gasoil especialmente los obliga a comprarlo "a lo que lo vendan", para salir a trabajar.
Igualmente, señalan que a diferencia de otros estados aquí no se ven beneficios por la Gran Misión Transporte Venezuela, por lo que todos los insumos los adquieren ya sea en dólares en territorio tachirense o pesos en territorio colombiano, sin contar con la mano de obra que también se paga en divisas y en medio de la creciente inflación.
Aseguran que, en los últimos tres años, el volumen de pasajeros se ha reducido en más de un 400%, por lo que unidades que anteriormente movilizaban hasta 500 pasajeros diarios, ahora difícilmente llegan a 100 y hasta les toca hacer toda la ruta con dos o tres pasajeros.
Señalan que todos estos aumentos decretados por el Gobierno nacional no se hacen con base en los costos operativos del sector, que ya para el mes de enero arrojaba un ajuste mínimo a 14 bolívares, pero que al día de hoy, debido a la devaluación de la moneda respecto al dólar, estaría sobre los 19 bolívares.
"Lo menos que queremos es subir el pasaje porque estamos conscientes que los sueldos no alcanzan para nada, pero la población también está consciente que por menos de lo que estamos cobrando tampoco podemos garantizar el servicio, porque esto es como cualquier empresa. Del pasaje se saca para todo: pago de fiscales de las líneas, gastos operativos, repuestos, combustible, porcentaje para el chofer y el dueño de la unidad, pago de impuestos que ahora también están anclados al petro", afirmó Márquez.
Por su parte, Velazco dijo que lamentablemente los aumentos llegan cuando ya se los ha comido la inflación y la gente prefiere pagar las tarifas actuales —de 2500 pesos en las urbanas y entre 3000 y 4000 pesos las sub-urbanas, a volver a los tiempos en que se movilizaban en "perreras" sin ninguna seguridad.
Además, resaltó que el transporte no sólo moviliza toda la cadena productiva del país, sino que de él dependen numerosas fuentes de empleo no sólo directas, sino en industrias, comercios y servicios asociados —como mecánicos, latoneros, repuesteros, entre otros—.
Voluntad política
Por su parte, la concejal del municipio San Cristóbal (Copei), Vilma Rodríguez, rechazó que, en menos de seis meses, el Gobierno nacional haya emitido tres decretos de aumento del pasaje (en octubre, diciembre y marzo, respectivamente), cuando ya se cumplió un año desde el último aumento salarial, lo que va en detrimento de los ya disminuidos ingresos de las familias venezolanas. "Es muy lamentable que no exista la voluntad política en la municipalidad para apoyar a la población en el tema del aumento del pasaje urbano.
Aunque el decreto del Ministerio de Transporte hace un exhorto oficial a los alcaldes con competencia en materia de tarifas del transporte urbano para hacer cumplir el decreto, no vemos voluntad política por parte del alcalde, Silfredo Zambrano para que se cumpla", afirmó.
Explicó que para el mes de diciembre el pasaje establecido en gaceta equivalía a menos de 800 pesos y los transportistas en San Cristóbal ya cobraban 2000 pesos a los usuarios, es decir, más del doble del pasaje autorizado y actualmente, cuando la tarifa urbana subió a un máximo de 7 bolívares que equivalen a 1260 pesos (a tasa de 170), se pretende cobrar 2500 pesos.
"Aquí no hay quién meta en cintura al transporte y los obligue a cumplir con las normativas. En el mes de febrero solicité a la presidencia de este cuerpo edilicio una reunión con el Sindicato de Transporte para tratar esta problemática y hasta la fecha ni siquiera hemos recibido una respuesta", subrayó.
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