Elizabeth Montoya | La Prensa Táchira.- En medio de la escalada generalizada de precios con unos pronósticos inflacionarios del 4.000% para este año, según cifras de Datanálisis, además de unos tipos de cambio que han devaluado la moneda nacional frente a otras divisas progresivamente, los usuarios tachirenses sienten que al Gobierno nacional se le ha escapado de las manos los mecanismos para garantizarle una vida digna a la población como lo establece la Constitución Nacional, dejando a los consumidores venezolanos en total indefensión.
Pese a existir una Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), creada por orden presidencial tras la promulgación de la Ley Orgánica de Precios Justos (en enero del 2014), de los usuarios consultados por La Prensa Táchira, la mayoría desconoce su existencia y jamás ha recibido una asesoría por parte de este organismo dependiente del Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, encargado de ejecutar "planes dirigidos a garantizar y regular los patrones de consumo, la estructura de costos de bienes y servicios, fijación del porcentaje máximo de ganancias y la fiscalización efectiva de la actividad económica y comercial".
No obstante, en caso de querer su intermediación para solicitar una fiscalización a determinado comercio, en el caso de Táchira, su actuación prácticamente se encuentra paralizada desde enero de este año cuando hubo cambio de ministro, y como se puede visualizar en el Instagram del organismo (@sunddetachiraoficial), las fiscalizaciones más recientes se realizaron en noviembre del año pasado, limitándose a la exigencia de publicar y cobrar el dólar a tasa del BCV y cumplir con las normas de bioseguridad.
Sobre este aspecto, el exprocurador del estado Táchira, Julio César Hernández, declara que ha habido "una clara omisión de actuación por parte de la administración pública encargada de proteger a los ciudadanos contra la especulación", teniendo en cuenta todo el marco regulatorio nacional existente, pero que se ha fallado especialmente en garantizar los derechos económicos de los ciudadanos.
"La especulación ha venido creciendo justamente por la falta de políticas económicas que eviten la inflación y la devaluación. El mercado económico nacional no tiene reglas claras y todo el mundo actúa a su libre parecer. El Gobierno permite que circule la divisa extranjera, pero no regula el tipo de cambio en la práctica y la gente lo sube a su libre albedrío, cuando en Colombia y en Estados Unidos la relación peso - dólar no ha tenido mayor variación. Y la Defensoría del Pueblo, llamada a defender los derechos fundamentales de los ciudadanos, en este caso a una economía familiar estable con acceso a los bienes y servicios básicos, tampoco hace nada", resaltó.
Sin embargo, considera que aunque se puedan hacer escritos para exigir dicha defensa e incluso amparos y pronunciamientos hacia la comunidad internacional, estas son acciones secundarias que no van a solucionar el problema de fondo que es la falta de producción.
"Mientras no se diversifique la economía, mientras no haya seguridad jurídica, eso va a ser muy difícil. La historia económica nos ha demostrado que los controles sólo traen escasez y se podrán mantener por corto tiempo, pero el empresario y los pocos que producen determinan sus precios y van a buscar la forma de saltar las limitantes", destacó.
Hernández puso como ejemplo a Colombia donde existe una gran producción y la misma competencia estabiliza los precios. "Mientras eso no se logre aquí en Venezuela, la especulación seguirá campeando", acotó.
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