Un ejercicio claro de ciudadanía es ejercer el derecho humano a la manifestación pacífica con respeto al valor de la paz, lo que significa sin violencia y con razones justificadas para estar en la calle. Este derecho que toca simultáneamente las libertades de reunión y expresión, se viene materializando en diversos estados del país, motivado a un conjunto de reclamos o exigencias laborales y de seguridad social, que presumiblemente han generado desagrado en las cúpulas de poder del régimen dominante, que como gobierno populista que también es, cree encarnar el espíritu del pueblo protestario, el que esta vez lo cuestiona en las calles y avenidas por sus acciones y omisiones gubernativas en aquellas áreas.
En nuestras calles y avenidas se viene expresando indignación e insatisfacción de manera pacífica con las políticas salariales y económicas que le aplica el Gobierno a la clase trabajadora desde el año 2018, cuando a causa de una ineficaz e irresponsable gestión, se produjo la "reconversión monetaria" que trajo regresión social, miseria y desconsuelo, por no enfrentar con seriedad e ingenio el fenómeno devastador de la inflación y de la hiperinflación, que periódicamente hacen aumentar el éxodo de la juventud al exterior y la pobreza en muchos hogares del país. Sin contar el menoscabo al derecho al trabajo como hecho social, que impide en buena medida a muchas familias vivir con dignidad y sin angustias.
Lo grave para el Estado venezolano es la ineficacia del Gobierno en coadyuvar con un trabajo institucional que permita alcanzar sus fines, como el bienestar y la prosperidad social a través de los procesos de la "educación" y el "trabajo", que son constitucionalmente los hilos conductores para que la Sociedad venezolana crezca y se desarrolle de manera pacífica, como una verdadera Nación bajo el valor de la unión nacional. Sin embargo, es duro reconocer al evaluar la situación de la educación y el trabajo, que ambos procesos se encuentran bastante deteriorados, lo que ha sido claramente captado por las víctimas de este cataclismo social, quienes lo están manifestando de la manera más democrática posible.
El valor cívico entonces de las sucesivas manifestaciones, es que las mismas han sido pacíficas, con mucha claridad en sus pretensiones reivindicativas, las que de paso significan desaprobación a la actual gestión gubernativa, que debería producir, si la nuestra fuese una Democracia responsable y honesta, el retiro inmediato de las autoridades del área, en este caso, las de los Ministerios del Poder Popular para la educación y el Trabajo, ya que ambos funcionarios y otras más por sumisión ideológica, no muestran ningún interés por reivindicar las peticiones que se les hacen desde las calles y avenidas, ya que además responden a las directrices autoritarias existentes, de no conversar o consensuar, sino solo imponer.
El valor cívico de las manifestaciones pacíficas en curso, han puesto en evidencia esas antidemocráticas posturas gubernativas, que de manera cínica ha dicho además que no tiene recursos para decretar incrementos salariales a la clase trabajadora venezolana, pero simultáneamente a condonado deudas por millones de dólares a algunas Islas del caribe. La protesta pacífica es también el resultado de años de espera por mejores condiciones socio-económicas y servicios públicos de calidad, lo que al no producirse han agravado los daños a los ciudadanos, quienes se han visto obligados a manifestar y tal vez a buscar otras estrategias racionales para obligar al Gobierno a conversar y buscar salidas conjuntas a la grave problemática que se vive.
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