Mundaray: "Combatir la corrupción es tarea pendiente del Estado"

Ana Uzcátegui | La Prensa Táchira.- Tanto abogados como investigadores afirman que aunque en el país existe un marco jurídico para combatir la corrupción, poco se ha hecho en esta materia en 23 años de revolución. 

El hecho de que la población no tenga acceso público y detallado al presupuesto anual de la nación ni a la memoria y cuenta del gabinete ministerial desde 2017, da cuenta de la tarea titánica que representa hacer controlaría ciudadana en el país.

Según Zair Mundaray, exfiscal del Ministerio Público y experto en crimen organizado transnacional, la corrupción se da en todos los niveles de Gobierno, de las instituciones del Estado y de los órganos de seguridad policial y militar de Venezuela. 

Es más notoria aun cuando perjudica la calidad de vida de los venezolanos a través del robo del erario público y de la cantidad de contrataciones opacas y obras públicas inconclusas que se registran.

En el mes de septiembre, Transparencia Venezuela obtuvo información financiera de 153 obras o elefantes blancos del Estado que implican grandes proyectos de vialidad, transporte, salud, vivienda, educación y alimentos en 21 estados que no se ejecutaron o quedaron a medias en revolución, representando la pérdida de 316.023.985.748 dólares para la nación. Una cifra que es equivalente a siete veces las estimaciones del Producto Interno Bruto (PIB) en Venezuela para 2021, según consultoras privadas. 

Hasta ahora, esta ONG no reporta que el sistema judicial venezolano haya investigado o esté privado de libertad alguno de los responsables de este desfalco.

"El chavismo es esencial y estructuralmente corrupto. El chavismo empezó desde el proceso constituyente a debilitar todos los órganos de control del país y eso lo hace esencialmente corrupto, porque de alguna manera fue debilitando los mecanismos que el Estado tenía conforme a la Constitución de 1961 y que las tiene la Constitución de 1999, pero no funcionan. Lo fue debilitando para que no lograran cumplir sus funciones, y que una sola persona pudiera decidir, en aquel momento era Hugo Chávez, el Ejecutivo nacional. Aunque Venezuela tenía muchos problemas de impunidad en el pasado, el chavismo generó un Estado de impunidad en materia de corrupción y protección a la misma estructura estatal de quienes son corruptos", es la opinión de Mundaray.

Afirma que desde hace dos décadas, instituciones como la Fiscalía General de la República y la Controlaría General, que son esenciales para controlar la gestión pública, dejaron de ser poderes "independientes".

"Quienes ocupaban los cargos principales de estas instituciones eran personas siempre electas de la manera más independiente posible. Pero no iban a la par cuando se elegía el período presidencial. Un presidente que llegaba no podía remover al contralor, no podía remover al fiscal porque tenían períodos más largos que él y este se calaba durante todo su período a un contralor, a un fiscal que venía de un período pasado. De modo que este servía de equilibrio, y así como servían de equilibrio las comisiones de contraloría que tenía el Congreso de la República. Entonces, por más que se quisiera que hubiera corrupción, había unas fórmulas de control del Poder Ejecutivo que Chávez extinguió y las extinguió para poder hacer a sus anchas lo que les diera la gana", soltó el jurista.

Peores indicadores

Yonaide Sánchez, coordinadora de Transparencia Venezuela en el estado Lara, indicó que en los últimos ocho años Venezuela ha obtenido los peores resultados al ser evaluada por organismos internacionales en el índice de Percepción de Corrupción, Índice de Presupuesto Abierto que desarrolla Transparencia Internacional, e Índice de Estado de Derecho de World Justice Project.

"En el índice de Percepción de Corrupción 2021, entre 180 países, Venezuela ocupó el puesto 177. Eso implica que de una escala del uno al 100 Venezuela obtiene 14 puntos. ¿Con quién comparte los últimos lugares?, con Sudán del Sur, Somalia, Afganistán, Corea del Norte, Guinea, Libia, El Congo. Es decir, con países donde no hay democracia, con regímenes autoritarios. Por lo que se puede concluir que hay una relación entre el tipo de régimen político y la corrupción, porque esos regímenes tienden a ser opacos, arbitrarios, abusivos. Los ciudadanos no pueden pedir rendición de cuentas, de hacer controlaría social porque sencillamente van presos o son perseguidos", enfatizó.

En el Índice de Presupuesto Abierto que mide la transparencia, es decir, que la información del Gobierno y de las instituciones estén disponibles, que los documentos que conforman el presupuesto abierto efectivamente existan y sean públicos, que se garantice la participación ciudadana y existan órganos de control de vigilancia sobre todo en materia presupuestaria. Aquí Venezuela ocupó el puesto 117 entre 120 países, acumulando 13 puntos, de las puntuaciones más bajas del mundo.

Hay incentivos para la impunidad

El pasado 08 de noviembre, el World Justice Project, presentó el Índice de Estado de Derecho mundial y Venezuela quedó entre los últimos lugares. Según lo publicado por el portal de la ONG Acceso a la Justicia, el país obtuvo una puntuación de 0,26 puntos, es decir una centésima menos que la que consiguió en 2021 cuando consiguió 0,27 puntos.

"El Estado de derecho no es sólo que haya unas leyes y que se publiquen en la Gaceta Oficial, un Estado de derecho implica el respeto a los derechos humanos, que no haya impunidad a las violaciones de DD. HH., que sea un ejemplo de cumplimiento del derecho y de la Constitución. Que haya seguridad jurídica, que se investiguen y no haya impunidad ni en los altos ni bajos niveles del Estado. Pero lamentablemente, en Venezuela las cadenas de mando no son investigadas. Es decir, es un conjunto de cosas que tienen que cumplirse y no es simplemente una publicación de normas. El Estado de derecho es el cumplimiento efectivo de las normas y de los derechos ciudadanos. Lamentablemente, en Venezuela no ocurre, al punto que el país está siendo objeto de una investigación de la Corte Penal Internacional", comunicó Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia.

A su criterio, hay una percepción ciudadana de que la corrupción se ha generalizado, no sólo involucra al Poder Ejecutivo, sino a los rangos más bajos de funcionarios de seguridad. "Ahora vemos que en ámbito general de la Administración Pública, la corrupción es algo que lamentablemente se ha normalizado. Todos los días escuchamos historias de alcabalas donde policías matraquean a ciudadanos, de actuaciones de la administración pública y de las cuales muchos ciudadanos han dicho que han sido objeto de extorsiones, de solicitudes de pagos ilegales. En Venezuela hay demasiados incentivos para que haya más corrupción, y el mayor incentivo es la impunidad", alegó.

Zair Mundaray, exfiscal del Ministerio Público en el exilio, manifestó que durante el gobierno del fallecido presidente, Hugo Chávez y en los dos períodos de gobierno de Nicolás Maduro, las contrataciones del Estado han estado en absoluta opacidad. Incluso, en el año 2021 la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo creó la denominada "Ley Antibloqueo", en donde se le da discrecionalidad al Ejecutivo nacional a la hora de realizar negocios con inversionistas, algo que va en contra de la Constitución. 

"Ley Antibloqueo se estimula que haya transacciones públicas y contratación pública sin que se sepa con quién se está contratando ni de dónde sale el dinero, de dónde se paga, ni hacia dónde gira el dinero. O sea, con la excusa de las supuestas sanciones internacionales que colocó Estados Unidos, se ha constituido un Estado venezolano que además no encaja en ninguna fórmula internacional", denunció.

Grandes casos no se investigan

Zair Mundaray, experto en crimen organizado transnacional, sostiene que aunque el fiscal general de la República, Tarek William Saab, mantiene un discurso de lucha contra la corrupción, deteniendo a funcionarios del Estado que van desde fiscales del Ministerio Público, funcionarios policiales hasta alcaldes en ejercicio del país en los últimos años, los grandes casos de corrupción del país no son investigados.

"Los pocos casos donde se intentaron acciones contra la corrupción eran casos que ya estaban investigados desde hacía muchos años y por retaliación política llegó a adelantarlos. Pero los grandes casos que están allí, por ejemplo, como Odebrecht que es una causa inmensa que involucra al presidente de la República, a gran cantidad de ministros que están activos, esos no los toca la Fiscalía General de la República", exclamó el jurista.

Una crisis moral

"Indudablemente que la crisis moral e institucional del país ha conllevado a que aumente la corrupción. Transparencia Venezuela ha documentado casos como, por ejemplo, lo que ocurrió con el Fondo Chino, que eso fue un cuento chino hecho realidad, donde hay una corrupción de más de 62 mil millones de dólares con dinero proveniente de los préstamos de China y los préstamos de Fonden (Fondo de Desarrollo Nacional)", expresó Walter Márquez, exdiputado de la Asamblea Nacional.

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