Redacción | La Prensa del Táchira.- La organización de derechos humanos, FundaRedes, junto a otras instituciones civiles, exigieron la liberación inmediata del activista Javier Tarazona, a quien, aseguran, «fue acusado de delitos que no cometió».
La directora interina de FundaRedes, Clara Ramírez, aseguró que «es oportuno agradecer a las distintas organizaciones nacionales e internacionales, quienes se han sumado desde el día uno, al llamado y peticiones por la libertad de Javier Tarazona, por su detención injusta y arbitraria, asegurando que, la Misión de Determinación de Hechos lo ha tenido presente a través de la presentación de sus informes orales y escritos, así mismo el comité de derechos humanos de naciones unidas y diversas relatorías».
«Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho una modificación a sus medidas cautelares, incluso señalando que están dispuestos a realizar una visita a Venezuela para verificar su estado de salud y la condición de Javier Tarazona dentro del Helicoide», aseguró Ramírez.
Luego de la detención de Tarazona en la ciudad de Coro estado Falcón, «cuando por 12° vez estaba denunciando actos de hostigamiento y amenaza en su contra, por funcionarios del SEBIN y FAES, le abordaron de manera violenta la mañana del 02 de julio, él (Tarazona), se encontraba en la sede del ministerio público de esta entidad como parte de un conjunto de actividades propias de la defensa de los derechos humanos», mencionó Ramírez.
Durante estos 500 días de detención arbitraria de Javier Tarazona, «se ha visto envuelto en un juicio totalmente viciado, donde no se le ha garantizado el derecho a la defensa, al debido proceso y donde hoy se encuentra en un limbo, porque su juicio oral y público está interrumpido, y que, por esta misma interrupción, deberá iniciarse nuevamente, dejando una inestabilidad no solo en su proceso judicial, sino en su estado emocional».
La ansiedad, como consecuencia de la incertidumbre, es una de las problemáticas a las que se enfrenta Javier Tarazona como prisionero de conciencia, sumado a que está en una situación que ha ido menoscabando progresivamente su estado de salud, como lo ha alertado su familia y la organización FundaRedes desde hace ya 500 días de su detención.
«Por ser un paciente con enfermedades base que le fueron diagnosticadas previamente, esta detención perversa, lo único que ha hecho es deteriorar más su salud, y es por ello que, los diferentes organismos nacionales e internacionales se han pronunciado de forma oral y escrita a favor de su libertad como lo ha destacado la oficina del alto comisionado de los DDHH de Naciones Unidas.»
Pronunciamiento de diversos organismos defensores de DDHH
Por su parte, Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad de Provea, afirmó que el retardo procesal y las constantes violaciones al debido proceso, es una constante en el caso de Javier Tarazona, además que están vulnerando la atención de un activista y sobre todo defensor de los derechos humanos.
Resaltó además que, hay un problema en la estructura de justicia venezolana que afecta los derechos de los privados de libertad, y en el caso de Javier Tarazona es lo que ha retardado su debido proceso.
«Javier Tarazona está preso por opinar»
Durante la rueda de prensa se contó con la presencia del profesor José Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV), quien destacó que «hoy nos sumamos a la exigencia de libertad del profesor universitario Javier Tarazona, quien se desempeña en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), puesto que su detención es un atentado que viola la libertad académica en nuestro país, reconocida recientemente como un derecho humano».
«Javier Tarazona está preso por opinar, sus distintas opiniones se derivan de su acción profesional y académica, en la que investiga sobre realidades, efectuando consideraciones críticas a la política del Estado, su detención es un acoso a quienes emitimos opiniones en relación con las políticas que el gobierno ejecuta», refirió Afonso.
Continuó exigiendo a las autoridades competentes la liberación de este docente defensor de derechos humanos, «los académicos reivindicamos en todos los espacios, que opinar no es un delito, puesto que buena parte de lo que decimos se desprende de investigaciones, puesto que nuestra función no es solo formar profesionales, sino brindar solución y esclarecer los grandes problemas nacionales, esto hace Javier Tarazona a través de FundaRedes y sus cátedras universitarias».
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