Estatización de empresas impiden la construcción de viviendas

Ana Uzcátegui | La Prensa Táchira.- Una paralización de casi el 100% registra la construcción de viviendas en el país desde 2016. Ese año el sector privado logró fabricar 5.000 viviendas y el Gobierno a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela un promedio de 50.214. Según Roberto Orta Martínez, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, solamente en el Área Metropolitana de Caracas existe actualmente un proyecto residencial en ejecución financiado netamente con capital privado. 

En los demás estados del país han quedado edificios y complejos habitacionales a medio terminar o simplemente en planos sin utilizar. Son múltiples los factores que impiden que la construcción arranque en Venezuela, pero las principales causas es la falta de créditos bancarios y la existencia de cuatro leyes creadas en revolución que afectan al sector inmobiliario, atentan contra la propiedad privada y generan desconfianza entre inversionistas, estas son: La Ley de Protección al Deudor Hipotecario de 2005, Ley de Tierras Urbanas y Emergencia de Terrenos de 2011, Ley Contra la Estafa Inmobiliaria de 2012 y la Ley de Regulación de Alquileres creada ese mismo año. 

Orta Martínez consideran necesario que sea reformada la Ley de Arrendamientos de Viviendas que impide los desalojos de inquilinos. Tras una decisión que tomó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el 17 de agosto de 2015 y que se mantiene vigente. "Esa ley crea inseguridad jurídica para el arrendamiento y un miedo infundado en la población", destacó. El sector inmobiliario cree que un nicho importante a explotar mientras el Banco Central de Venezuela (BCV) toma la decisión de bajar el encaje legal que impide el crédito bancario es potenciar el alquiler masivo de apartamentos y casas a nivel nacional, para aprovechar las propiedades desocupadas debido a la inmigración de 7.1 millones de venezolanos. 

Ronald Arias, presidente de la Cámara de la Construcción en Lara, señala que también se debe modificar la Ley del Deudor Hipotecario, porque no permite constituir hipotecas a una moneda que no sea el bolívar, por lo que se impide financiar la adquisición de viviendas. Venezuela tiene la tercera inflación más alta del planeta, por lo que esas hipotecas deberían establecerse en una moneda extranjera, como el dólar. 

El gremio exige a la Asamblea Nacional 2020 la modificación o derogación de la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria que regula a las empresas constructoras de viviendas y a quienes las comercializan, las promueven y a las entidades bancarias que financian a estas compañías. Destacan que es necesario que se permita obtener una inicial en dólares para que pueda avanzar un proyecto de construcción y se dinamice la economía.

En cuanto a la Ley de Tierras, Arias recordó que esta normativa sólo ha provocado la expropiación de tierras productivas en Venezuela. Según una información publicada por Fedeagro en 2018, el gobierno de Hugo Chávez expropió más de cinco millones de hectáreas hasta 2015.

Sector sin créditos

Ronald Arias explicó que los créditos que proporciona la banca nacional no superan los 500 millones de dólares y son recursos destinados sólo a sectores priorizados, como la producción de alimentos. Eso representa que la cartera de crédito es equivalente al 1% del Producto Interno Bruto (PIB). En Colombia, la cartera de crédito representa el 54% del PIB y en Brasil el 70% del tamaño de su economía. Antes que Venezuela registrara siete años de contracción continua de su economía, la cartera crediticia del sistema financiero venezolano era de 32 mil millones de dólares. 

"No solamente se necesitan créditos para construir, sino para que los venezolanos puedan pagar las viviendas. Las compras que se están dando son de contado, dejó de existir la prevenTa, que era cuando el comprador tenía capacidad de ahorro, su poder adquisitivo valía y podía pagar por partes y en el transcurso de varios años un inmueble", comunicó Orta Martínez. 

Inicio de debacle

La crisis en el sector construcción comenzó entre 2007 y 2008, cuando el Gobierno decidió nacionalizar la industria del cemento, las siderúrgicas y las empresas petroquímicas, pasando a ser no solamente el principal inversionista del mercado nacional, sino el principal proveedor de materia prima. 

Desde allí, según Ronald Arias, de la Cámara de la Construcción de Lara se empezó a registrar una escasez de productos porque estas empresas bajaron su producción, dejaron de aplicar mantenimientos preventivos y quedaron en manos de personas sin conocimiento del área. 

Orlando Chirinos, presidente de la Federación Única de la Industria del Cemento (Fetracemento), explicó que el gobierno de Hugo Chávez expropió tres trasnacionales cementeras: la Holcim, Lafarge y Cemex. Cemex es la empresa cementera de mayor producción del mundo y en 2008 demandó al gobierno venezolano ante un tribunal internacional por desarrollarse una expropiación sin recibir el pago de sus bienes. En 2011, el gobierno de Hugo Chávez le canceló 600 millones de dólares, pero la empresa exigía $1.400 millones.

"En 2008, estas tres trasnacionales reportaron que Venezuela producía 8.4 millones de toneladas métricas anuales de cemento. El país tenía una capacidad instalada de nueve millones de toneladas métricas. En 2011, el Estado comenzó a importar cemento porque la demanda fue de 18 millones de toneladas métricas anuales, debido a que ese año arrancó la Misión Vivienda Venezuela. 

Hoy la industria cementera produce menos de un millón de toneladas métricas al año, hay una paralización de más del 90%", puntualizó. Lo mismo ocurre con las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana donde se produce el hierro, aluminio e insumos necesarios para la construcción. Rubén González, expreso político y secretario del sindicato de Ferrominera Orinoco, sostiene que esta empresa produce al 15% de su capacidad unas tres millones de toneladas de hierro anualmente, cuando antes eran 20 millones de toneladas. 

"La empresa Alcasa (Aluminio del Caroní), está cerrada; Bauxilum se encarga de la explotación y transformación de bauxita, materia prima para producir aluminio, opera al mínimo de su capacidad y la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) produce 200 mil toneladas de acero líquido al año, cuando antes eran cuatro millones de toneladas. Esta empresa produce insumos como cabillas.

Dudan de cifras dadas de la Misión Vivienda en 10 años

Ronald Arias, presidente de la Cámara de la Construcción de Lara, sostiene que aunque el Gobierno asegura que ha construido cuatro millones de viviendas en la última década, la realidad es que esta cámara ha logrado contabilizar un promedio de 1.8 millones de casas realizadas en revolución. 

"La Gran Misión Vivienda Venezuela tuvo un frenazo en 2016, el oficialismo se apropió de empresas que producían materia prima para el sector construcción, pero la ambición que tenía el Gobierno se paró por la caída de la producción petrolera y los precios del crudo que se registraron hasta febrero de 2022. El presidente Maduro sigue anunciando cifras que no sabemos de dónde las saca", expresó. 

Si el Ejecutivo nacional habría construido cuatro millones de viviendas, eso representa que le solucionó el problema habitacional a aproximadamente 16 millones de personas. "¿Entonces por qué todavía existen ranchos y tanta marginalidad en el país?, ¿Por qué cada vez que se realizan elecciones se producen invasiones en Venezuela?, son cosas que no explicamos, sobre todo teniendo una diáspora que supera los siete millones de venezolanos desde el año 2013", soltó Ronald Arias. 

Hasta hace seis años el Estado venezolano financiaba el 75% de la inversión de construcción en Venezuela, y el sector privado financiaba el 29%. 

Considera que en la actualidad hay problemas graves en materia de fallas en los servicios públicos. El Estado necesita ejecutar proyectos de gran envergadura para que la población cuente con agua por tuberías, solucione la inestabilidad en el sistema eléctrico nacional y la población tenga acceso a combustibles de manera continua, por lo que cree necesario que exista un financiamiento internacional si cesan las sanciones económicas que impuso en 2018 Estados Unidos.

Aumentan los alquileres

Roberto Orta Martínez, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, informó que el sector se mantiene activo solamente con la venta de viviendas en el mercado secundario y alquileres de locales comerciales.

"Los precios que registran las casas y apartamentos en el mercado secundario son una tercera parte de lo que llegaron a ser en el pasado, es decir, han tenido una caída de 66%. Pero hay nichos que se han activado como el alquiler de locales comerciales, donde se contabiliza un repunte de 20% y eso es señal de que hay recuperación en la economía", manifestó. 

Considera que se deben generar las leyes que garanticen la propiedad privada para que sean invertidos en el país 500 mil millones de dólares en capitales que tienen venezolanos en el exterior.

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