Ratifican a Venezuela como país que no combate tráfico de drogas

Agencias | La Prensa Táchira.- Estados Unidos determinó el jueves en la noche que tanto Bolivia como Venezuela no cumplieron con sus compromisos en la lucha contra las drogas durante el año pasado y por lo tanto ambos países son sujetos de varias sanciones económicas.

El presidente Joe Biden, encargado de hacer esta evaluación anual sobre el desempeño de los países del mundo en la lucha contra las drogas, también decidió que tanto Afganistán como Birmania tampoco lo hicieron.

Este proceso es el que anteriormente se conoció como el de «certificación», bajo el cual Estados Unidos emitía su visto bueno o castigo a todos los países del mundo.

Pero desde hace más de una década, Washington solo menciona a los que faltaron a su compromiso y no a los que sí cumplieron. En otras palabras, no ser mencionado equivale a que el país sí cumplió o fue «certificado», como sería el caso de Colombia.

Fue en este mismo documento anual, durante el 2017, cuando el entonces mandatario Donald Trump amenazó con descertificar a Colombia por no cumplir sus compromisos en materia antidrogas.

En esta ocasión llamó la atención la mención de Afganistán, que estuvo por fuera de la lista por casi dos décadas, pero que ahora vuelve un año después de que Estados Unidos se replegó de este país.

Biden también identificó a un grupo de países, entre ellos Colombia, como grandes productores de drogas o de tránsito.

Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.

En el documento, Biden aclara que ser mencionado en esta última lista no es un reflejo de los esfuerzos de un gobierno para combatir las dogas o de su cooperación con Estados Unidos.

En el caso específico de Bolivia, el presidente demócrata dice que está complacido con los esfuerzos de La Paz en los últimos años, pero le pide que tome pasos adicionales para impedir que los criminales se aprovechen de las leyes para producir más coca que la autorizada para usos tradicionales y medicinales.

Con información de El Nacional. 

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