En este país centroamericano se viene sucediendo un proceso de desmocratización, producto de la persecución del Gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo a la Iglesia Católica y a sus obispos, los cuales son acusados de desestabilizadores e intentar así un supuesto golpe de estado, contra un régimen político que lleva ya cuatro (4) períodos de dominación y cuenta además con el control de las fuerzas militares, policiales, paramilitares y los restantes Poderes Públicos, los que como en nuestro país se encuentran claramente dominados por el Poder Ejecutivo, que no ha tenido dudas en acallar con represión y violencia la inconformidad popular.
Las causas de la inconformidad social se encuentran en las reformas al sistema de seguridad social, recorte de pensiones y un aumento en las cargas tributarias hacia una población que vive en extrema pobreza en un setenta por ciento (70%), agudizada por la presencia del covid 19 que debilitó como en la mayoría de países el respectivo aparato productivo nacional, el cual también ha resultado golpeado por la concepción socialista del régimen político imperante y al cual la Iglesia Católica ha pedido una reconsideración de esas medidas, lo cual ha sido respondido de manera despiadada con el cierre de emisoras radiales católicas y encarcelamiento de sacerdotes.
En el régimen orteguista actual, los partidos políticos opositores han sido ilegalizados y algunas de las Alcaldías que gobernaban han sido ocupadas por las fuerzas policiales leales al Gobierno y les han sido entregadas a los concejales adherentes a Ortega y Murillo, con lo cual se desconoció la decisión soberana de los pueblos locales de darse sus propios gobiernos locales, cuyas protestas han sido acalladas por grupos paramilitares ante la indiferencia de las fuerzas policiales, lo cual pareciera ser una receta de los sistemas totalitarios, pues cada vez que emergen grupos políticos disidentes, la reacción de Ortega y Murillo es enviarlos a la cárcel.
El régimen de Ortega y Murillo se ha dado a la tarea de acabar también con las Organizaciones No Gubernamentales, las cuales son acusadas de realizar financiamientos de grupos conspiradores, para evitar que esta clase de asociaciones puedan realizar no sólo denuncias de violaciones a Derechos Humanos, sino también formación y educación política ciudadana, lo cual por supuesto representa un peligro para el establecimiento oficial. Busca con ello también, esta clase de Gobiernos sentar precedentes de castigo y advertir con ello, que si las Asociaciones u Organizaciones que se forman, no se alinean con el régimen, su porvenir será de fracaso.
En Nicaragua sólo actúa entonces y a sus anchas el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que es el partido oficial, encabezado por el nepotismo de los Ortega- Murillo, que de manera hegemónica y arbitraria vienen ejerciendo el poder político de ese país, desde hace quince (15) años, y en los cuales subyace la intención de anular todos los elementos plurales de la Sociedad y en especial de procesos electorales competitivos o siquiera semicompetitivos, que puedan originar un relevo democrático en la conducción de ese Estado, el que se encarna en ese matrimonio que pretende eternizarse en el poder de manera indefinida, aún a costa de la felicidad de ese pueblo.
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