Táchira sin centros públicos para terapias a niños especiales

Mayerlin Villanueva | La Prensa del Táchira.- Llevar a terapias a niños con discapacidad se volvió un trabajo cuesta arriba para padres y representantes, quienes no cuentan con una diversidad de centros públicos, donde los menores puedan recibir la atención adecuada.

Para el buen funcionamiento de estos lugares se necesita un equipo multidisciplinario que pueda atender las necesidades de las personas con deficiencias auditivas, visual, motora, entre otros, pero debido a la crisis humanitaria compleja el personal se retiró dejando un vacío en estas instituciones.

Es así como lo comenta Carmen Andrade, madre de Oriana Andrade, una joven que padece de trisomía ocho, y quien debido a la situación del país no puede acudir a los centros de salud pública, pues no hay los especialistas necesarios que le brinden la atención que requiere.

"Hacerlo en un centro privado el costo va desde 15 a 20 dólares y para mí es imposible poder costear esas sesiones, que por su condición deben ser diarias", expresó.

Actualmente, Oriana recibe clases de natación una vez por semana, pues la entrenadora decidió hacer una labor social con ella debido a la patología que tiene; sin embargo, el costo mensual de este tipo de entrenamiento supera los 25 dólares mensuales.

Las terapias ocupacionales y psicopedagogas que se dan en varios centros de la ciudad como Fonoaudio, Equisalud Funda Zoo, entre otros, el precio va desde 10 hasta 15 dólares, mientras que en los públicos han mermado su capacidad y el número de procedimientos que se realizan.

 Por falta de recursos no ha podido cumplir con las citas médicas necesarias como neurología, fisiatría, entre otras las cuales oscilan entre 35 y 50 dólares.

"Antes de la pandemia acudíamos a un centro público, pero no volvimos porque no se cumplían las expectativas de lo que ella necesita, pues las personas que atienden no tienen las condiciones para hacerlo, ya que Oriana tiene un severo daño cognitivo", dijo.

Deficiencias 

La terapista del centro Cedinta, Noraima García, explicó que en los centros públicos se deben contar con las instalaciones adecuadas en cuanto a espacio e implementos para poder hacer distintos tipos de terapia, entre ellos fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología, y psicopedagogía. 

Estos sitios deben contar con equipos especializados de electroterapia, bicicletas, barras paralelas, balancines, columpios, pelotas, escaleras, juegos didácticos, materiales escolares, espejos, entre otros.

"Hace aproximadamente ocho años atrás, en el Táchira se contaba con muchos centros de atención pública e incluso uno por municipio y en San Cristóbal eran varios, los cuales tenían las estructuras exigidas por la educación especial; sin embargo, con el paso del tiempo y todos los cambios sociales y políticos se fueron deteriorando las plantas físicas", indicó.

En este caso, las estructuras educativas se fueron al abandono y no se cuenta con el personal profesional adecuado para la atención de los niños y jóvenes que presentan discapacidad.

Para García es importante que exista un personal con calidad humana, compromiso y responsabilidad, y especialmente con una excelente formación académica para que pueda brindar una atención de calidad a esta población.

"Todo esto es importante, ya que estas personas no pueden acudir a una escuela o liceo regular debido a las condiciones que tienen, entre ellas que el personal no está preparado para trabajar con ellos", apuntó.

En la actualidad, sitios como Antituberculoso y CDI de Táriba, en el municipio Cárdenas, brindan terapias de lenguaje, pero no cuentan con equipos especializados para los pacientes.

Sin especialistas

La docente en educación especial y miembro del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza, Yolimar Cárdenas, indicó que hace más de 20 años en la Escuela Bustamante existió una unidad psicopedagógica donde eran atendidos esta población con necesidades especiales, pero con el paso del tiempo la misma fue "desmantelada".

Esto debido a que los bajos salarios hicieron que el personal se retirara de estos lugares, disminuyendo la atención en los niños y jóvenes, lo mismo ocurrió con los docentes de aula, quienes renunciaron a sus cargos, pues el sueldo era insuficiente para cubrir la canasta alimentaria.

Esta opinión es compartida por la docente en el Instituto de Educación Especial San Agatón, Arelis Pernía, quien señaló que las fallas de personal fueron más notorias al retornar a la presencialidad.

Dijo que los educadores se ven "consumidos" por la exigencia que tienen con los menores de edad, pues cada niño requiere una atención diferente.

"Se ha visto que los nuevos profesionales salen mal preparados y al momento de trabajar no aguantan la presión y renuncian. Otros que son antiguos decidieron no volver a clases, se fueron del país o se jubilaron", expresó.

De 33 profesionales que habían en dicha escuela, sólo quedan nueve, quienes tienen que distribuirse en los diferentes grupos. El estimado de niños especiales por aula va entre seis y ocho. La matrícula de este centro es de 47.

Carencias

Yudelkis Serrano, docente en la UEE Tulio Viera Portillo, precisó que la institución carece de profesores oyentes, por lo cual pidió que para el nuevo año escolar 2022-2023 se pueda solventar esta situación.

"Es importante que hayan más profesores, y de esta manera podamos brindar más atención a los niños", acotó.

Resaltó que las infraestructuras se encuentran deterioradas, cuyos lugares no escaparon del hampa común, quienes durante la pandemia desmantelaron todos estos sitios.

Retraso pedagógico en escolares del Táchira

La madre de una estudiante con deficiencia auditiva, Eilyn Nieto, señaló que en cada municipio deben existir instituciones que atiendan esta discapacidad y otras, pues a muchos padres se les hace difícil trasladar a sus hijos a las instituciones.

"Muchos representantes que viven en municipios alejados de San Cristóbal se ven obligados a inscribir a sus hijos en escuelas y liceos regulares, porque no cuentan con los recursos para pagar los pasajes del transporte público", dijo.

Ante esto, la docente en educación especial mención retardo y dificultad de aprendizaje, Yelhitze Bohórquez, mencionó que el Gobierno nacional debe capacitar a los docentes para que al menos en una escuela haya una persona que pueda brindar atención a la población con discapacidad.

"Esto es algo que debió hacerse desde hace muchos años, ya que cuando el estudiante deja de ir a clases se da un retraso pedagógico", expresó.

Dijo que es necesario hacer esta preparación, pues esto permitiría que los escolares puedan acudir a los planteles.

Poca oferta de la carrera de educación especial

En el estado Táchira sólo dos recintos universitarios cuentan con la carrera de educación especial, entre ellos Universidad Bolivariana de Venezuela y Colegio Monseñor de Talavera.

Quienes deseen algún tipo de especialización, deben trasladarse hasta el estado Zulia o Caracas para poder culminar la licenciatura o lograr un posgrado en las diferentes ramas que engloba este sector educativo.

La coordinadora general del Colegio Monseñor Talavera, Carmen Guillén, precisó que durante la pandemia la matrícula disminuyó, pero espera que para el próximo año que arranca en un par de meses el número aumente.

"Es importante que se despierte el interés por los jóvenes de prepararse y ayudar a los niños con condiciones especiales", señaló.

La Prensa del Táchira contactó al director de la Universidad Bolivariana, Rafael Castro, para conocer sobre la matrícula en esta casa de estudios, pero se negó a ofrecer declaraciones a la prensa.

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