ABOGADOS: ACCESO A LA JUSTICIA EN VENEZUELA DEBE SER IMPARCIAL

Guiomar López | La Prensa Táchira.- La intención llega a ser aplaudida, pero sería factible teniendo el respaldo del acceso a la justicia sin parcialidad". Es la advertencia de abogados y defensores de derechos humanos en torno al anuncio del Ministerio Público (MP) sobre la activación del programa permanente "MP va a tu comunidad", ante la falta de confianza en la denuncia y la violación de DD. HH. que vulnera el retardo procesal.

Para los especialistas, lo importante es profundizar y materializar un verdadero acercamiento al proceso judicial, pero desde el respeto a los lapsos y el debido proceso que empieza desde la presunción de la inocencia, imputación de cargos y las audiencias que terminen con la sentencia del juez. Admiten que se necesita la cercanía, pero con hechos concretos que demuestren el respeto de la institución, dejando el sesgo político o cualquier otro interés en particular.

"Más allá de generar acciones para tratar de hacer ver que se está trabajando, es permitir la efectividad", señala Mariana Romero, abogada y defensora de los derechos humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), sobre la importancia que los procesos sean accesibles con la garantía de la independencia e imparcialidad, sin fines políticos.

Recuerda que la misión debe ser avanzar por la recuperación de la institucionalidad y evitar los sesgos en lucha contra la impunidad. El MP tiene sus funciones bien establecidas y está obligado a avanzar por el cumplimiento en todos los sentidos, sin dejar omitir la violación de los DD. HH.

Rafael Narváez, abogado y defensor de los derechos humanos, considera que el problema está en el proceso judicial y que se percibe desde acciones tan sencillas como la suspensión de presentaciones o audiencias por problemas tan sencillos, como la dificultad de traslados o ausencias de fiscales o jueces.

Saluda este anuncio de intentar llegar a las comunidades, pero reconoce que el venezolano "se encuentra en un grado de indefensión entre un sistema politizado y muchas veces, de rebusque". Precisa de esa plataforma que puede empezar a tambalear desde la falta de protección y de la debida investigación de algunos cuerpos policiales, sin acciones extrajudiciales.

Más controles y políticas que obliguen a cumplir con las investigaciones, esa es la necesidad para que un juez decida a tiempo y a la defensa no le sea negado el acceso al expediente. "Son violaciones que impiden ese debido proceso y hasta pueden llegar a obligar a la defensa pública", denuncia de ese condicionamiento que suele caer con más peso, al tener un vínculo político y de los riesgos de un defensor público con falta de interés y sin la debida supervisión.

Recomienda que además del cese al abuso policial se debe considerar la pertinencia de ese contacto directo con los tribunales municipales y exigirles la efectividad, desde la revisión permanente de casos y evitar el riesgo que esa lucha por la justicia se pierda en el olvido.

Para Henderson Maldonado, abogado y miembro de la asociación Movimiento Vinotinto, para que la población de lugares más recónditos pueda tener acceso al MP, se debe empezar porque las fiscalías municipales tengan diversas competencias y así los afectados de municipios foráneos tengan más facilidad para la denuncia. Habitantes de caseríos muchas veces desisten, ante la dificultad de movilización y los diversos traslados que deben realizar hacia ciudades capitales.

Más allá de espacios, exigen que se fundamente desde la imparcialidad, respeto de lapsos y se activen las fiscalías municipales.

Falta la cultura de denuncia

"Ante las faltas en las investigaciones, se ha perdido la credibilidad en la denuncia". Así lo lamenta Henderson Maldonado, desde Movimiento Vinotinto, al señalar el cansancio de afectados que pueden resignarse ante las violaciones en el debido proceso judicial. Una situación que puede ser más frecuente en comunidades de municipios foráneos, donde tantas dificultades les llevan a anticiparse en el cansancio por buscar justicia.

El abogado, Rafael Narváez, también señala que un estimado del 80% de los jueces provisorios no tiene el perfil indicado, lo que a su juicio implica que el proceso sea menos independiente. "El sistema de justicia suele dejar las cárceles como depósitos de humanos, en pleno hacinamiento", denuncia al confirmar que se trata de procesos politizados, violando normativas y sin respeto de los lapsos.

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