DESCONOCIMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

En Venezuela el ejercicio de la política no es sencillo. En tal sentido quiero referirme al empobrecimiento institucional de que han sido víctimas los partidos políticos de la oposición democrática, cualquiera sea la plataforma a la cual pertenezcan. En tal sentido, basta recordar la normativa constitucional que ordenó que fuese la ley la que ordenara sobre el financiamiento estatal como se estila en la mayoría de Democracias de occidente y de que a pesar del transcurrir de los años, el Poder Legislativo lejos de fijarles fuentes de financiamiento y contribuciones alternativas, les restringió aún más esa posibilidad, mejor dicho no les estableció ninguna. 

De otra parte, la dialéctica del gobierno contra la oposición no ha sido nada sencilla, máxime si desde el Poder no se les ha garantizado rutas de acción, así en el caso de las manifestaciones pacíficas ante la ausencia de una Institucionalidad que proteja al ciudadano, por ejemplo fueron agredidas cada vez que podían; a los partidos políticos a lo largo de todos estos años no se les ha brindado los medios que les permitan desempeñar una función crítica y alternativa frente a la gestión del Gobierno actual, el cual por lo demás ha corrido con la suerte de tener al frente una oposición que lo critica con cierta periodicidad o no lo hace con la fundamentación y constancia debida. 

El Gobierno dominante, dada su naturaleza autocrática, siempre consideró a los partidos políticos contrarios a sus posturas ideológicas como enemigos y no adversarios, lo cual constituyó un duro golpe a la estable relación democrática y al clima de paz que siempre debió existir entre ambas partes en el país. Ese arrinconamiento del Estado generó discrepancias entre los sectores opositores, porque una parte trabajó solapadamente un proceso de desestabilización como lo reconoció en días pasados el señor Boulton y otro siguió trabajando la política, generándose graves fricciones entre ambos bandos que aún no terminan de sanarse.       

Frente a todas esas desagradables circunstancias, la dirigencia política legisladora nacional, sobre todo la democrática que forma parte de los partidos políticos e inclusive la que no forma parte del cuerpo legislativo, pudiese exigir a través de la sanción de un instrumento normativo garantías democráticas para el efectivo ejercicio de la política en el país, que respete las distintas posiciones que coexisten en la sociedad, en especial las defendidas por distintos sectores sociales y las minorías, pues es muy poca la legislación garantista existente en tal sentido.

Es importante excluir de una buena vez de la lucha política, la persecución, la estigmatización y la violencia derivada de las convicciones políticas. Además de reconocer la legitimidad política como elemento central de la resolución pacífica de controversias. Así mismo, los partidos políticos deberían tener un derecho frecuente de acceder a los medios de comunicación social del Estado e inclusive formular ante los mismos denuncias justificadas contra el propio Gobierno, como una muestra fehaciente de la libertad de expresión; mientras no se logre buena parte de lo aquí escrito, los partidos políticos siguen desconocidos por el Estado en buena medida.  

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