Venezuela reprobó en derechos de libertad de expresión según Bachelet

Ana Uzcategui | LA PRENSA de Lara.- El país vive una hegemonía comunicacional, según lo señala el informe que fue presentado por la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, sobre violaciones de Derechos Humanos en Venezuela. A lo largo de 20 años el gobierno ha dado muestras de controlar cada espacio de difusión de información, que van desde la creación de un marco jurídico para sancionar a los medios, las trabas para otorgar concesiones a canales y emisoras radiales, las limitaciones para asignar divisas que permiten la adquisición de insumos como el papel periódico, la aplicación de cierres a medios tradicionales y bloqueos a portales de internet, además de las agresiones y detenciones que se han aplicado contra periodistas.

Según Marcelino Bisbal, director de la Escuela de Comunicación Social de la UCV, esta manipulación que ejerce el gobierno sobre las informaciones que emiten los medios de comunicación, se empezaron a registrar tras el golpe de estado de 2002, con el expresidente Hugo Chávez; desde ese momento el lenguaje discriminatorio hacia periodistas que no siguen una línea oficial ha sido una constante, agravándose en el último año según afirma el investigador.

"El gobierno a lo largo de sus 20 años ha sido muy incapaz del manejo de la cosa pública, sin embargo en lo único que ha sido eficiente es en el tema de la información y comunicación con un sentido de control social", dijo Bisbal y argumentó que las violaciones de Derechos Humanos contra la libertad de expresión han tenido varios periodos, a partir de 2007 con el cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV) el gobierno dio un mensaje directo contra todos los canales de televisión que adversaban su política.

"También ha construido una plataforma jurídica, que fue la reforma parcial del Código Orgánico Procesal Penal, se hacen dos reformas donde se incluyen la figura de la difamación y la injuria, que son figuras que han desaparecido de los códigos penales de casi toda América Latina. Es una plataforma jurídica que va a coartar en grados importantes la libertad de expresión, y va a establecer censura y autocensura", aseguró Bisbal.

Mencionó otro momento importante que evidencia las violaciones de Derechos Humanos que ha cometido el oficialismo contra la libertad de expresión que tiene que ver con los medios digitales y explicó que: "el gobierno de manera inteligente se percata que hay un flujo de información que se les va de las manos, que no está censurando o generando mecanismos de control, y ese flujo de información es el que circula en el campo de la llamada convergencia tecnológica, que es lo que da origen al internet y el mundo de las redes sociales, y allí comienza un mecanismos para ver cómo se controlan esas redes sociales , cómo se controla Twitter o Facebook.

Mariengracia Chirinos, directora de Libertad Informativa y Derechos Digitales del Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS) respalda estas declaraciones, asegurando que en siete estados del país, del eje andino, las conexiones a internet son precarias. 

"Durante 2019 se han registrado más de 20 episodios de desconexión, los apagones no sólo desconectaron a la población en el mes de marzo sino que esto ha sido constante. Con respecto a la censura digital lo que hemos visto es un aumento de los mecanismos y las frecuencias con lo que ocurren los bloqueos de internet, se han reportado más de 30 bloqueos a páginas web de información que pueden ser constantes, y a redes sociales, de manera coyuntural", destacó Chirinos.

El informe de la ONU reseña que en Venezuela se aplican detenciones arbitrarias y cargos penales contra periodistas y personas implicadas en publicaciones informativas, y contabilizó 55, según la información que emitió la organización civil Espacio Público a la comisión de la Alta Comisionada de la ONU, que visitó el país en el mes de marzo.

IPYS detalló en su informe presentado a principios de julio que en el primer semestre del año se aplicaron 40 detenciones arbitrarias y acciones de seguimiento policial y militar en contra de trabajadores de la prensa.

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