BATALLA POR EL ORO VENEZOLANO VUELVE A LOS TRIBUNALES 

Agencias | La Prensa del Táchira.- La justicia británica analizará a partir del miércoles si acepta las decisiones del Tribunal Supremo de Venezuela, en un nuevo capítulo en la larga batalla legal entre el gobierno de Nicolás Maduro y el opositor Juan Guaidó por el control del oro depositado en el Banco de Inglaterra.

El Estado venezolano y Guaidó se enfrentan desde 2019 por el acceso a 32 toneladas de oro, valoradas en más de mil millones de dólares, custodiadas desde hace años en las cámaras acorazadas de la institución británica, que ofrece este servicio a múltiples países.

 Tras ser reconocido por medio centenar de países –entre ellos el Reino Unido– como presidente encargado, Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional venezolana elegida en 2015, nombró en julio de 2019 una dirección paralela del Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta ordenó al Banco de Inglaterra que no entregase los lingotes de oro a la junta directiva oficialista presidida por Calixto Ortega.

Tras una prolongada saga judicial en Londres, la justicia británica estableció en diciembre que, al igual que el gobierno de Boris Johnson, considera a Guaidó representante legítimo de Venezuela, pese a la elección en 2021 de una nueva Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, en unos comicios que el Reino Unido considera ilegítimos.

Sin embargo, el nombramiento en 2019 de una junta directiva alternativa del BCV por Guaidó fue inmediatamente invalidado por el Tribunal Supremo de Justicia, leal a Maduro.

En un nuevo capítulo legal, la justicia británica está ahora llamada a decidir si acepta y aplica esta decisión, tomada por una institución que el abogado de Guaidó, Andrew Fulton, describe como «una marioneta del régimen corrupto» de Maduro, al que tildó de «cleptócrata».

Al hilo de los innumerables recursos, el caso se ha vuelto cada vez más técnico. El nuevo juicio tendrá lugar en un tribunal comercial de la Alta Corte de Londres del 13 al 18 de julio.

La sentencia no se anunciará de inmediato, pero la jueza Sara Cockerill dijo saber que «todo el mundo quiere que dicte una resolución bastante rápido».

Este juicio «determinará la cuestión de la validez de los nombramientos de la junta de Guaidó. Si sus nombramientos no son válidos, el tema se acaba aquí», subrayó Richard Lissack, abogado del gobierno bolivariano, en una vista preliminar celebrada en junio.

«Inmunes» a la ley

Ortega prevé testificar durante las vistas, pero la jueza restringió las cuestiones sobre las que podrá ser interrogado «a asuntos relevantes» sobre la invalidación de los nombramientos por el TSJ, evitando cuestiones que «complican el procedimiento».

El equipo legal de Maduro buscaba ampliar las bases legales en un intento, aseguró, de evitar que una legitimación por Londres de la junta del BCV nombrada por Guaidó les dé «carta blanca para hacer lo que quieran».

 «Si se les concede autoridad en un sentido general, surge la cuestión de qué tienen derecho a hacer», enfatizó en junio el abogado Jonathan Miller, afirmando querer impedir tanto que la oposición desvíe los bienes para su «beneficio personal» como que los trasfiera a un banco en Estados Unidos, país que les dio control total sobre las reservas internacionales venezolanas.

«No son inmunes al alcance de la ley, no pueden hacer lo que quieran», subrayó.

Pero Fulton exigió limitar el juicio a la decisión del TSJ, considerando que, si se le permite abordar otras cuestiones, el testimonio de Ortega sería «politizado y profundamente problemático».

Caracas pretende alegar «consecuencias potencialmente catastróficas para la economía venezolana» si se reconoce al BCV de Guaidó, afirmó, asegurando que la oposición no tiene ninguna intención de desviar los fondos.

Y defendió que la decisión de la justicia británica debe limitarse al reconocimiento y «ser independiente de la situación sobre el terreno en Venezuela».

 Las vistas se verán complicadas por el hecho de que algunos testigos, como Francisco Carrasquero, juez retirado del TSJ, declaren mediante videoconferencia con una diferencia horaria de cinco horas. Y ralentizadas porque la magistrada prefirió la traducción consecutiva y a la simultánea para las declaraciones que se realicen en español.

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