Denuncian corrupción en Saime de San Antonio

Anggy Murillo | La Prensa Táchira.- Presuntos hechos de corrupción se estarían generando en el Saime de la población de San Antonio del Táchira, pues según denuncia Hermes Yuncosa, dirigente de la zona, hay personas que se están dedicando a vender los puestos en las colas para tramitar por primera vez o renovar cédulas de identidad. 

Destaca que muchos ciudadanos han perdido varios días intentando procesar documentos, pues a pesar de llegar en horas de la madrugada a hacer sus colas, ya cuando son las siete llega alguien con una lista con 40 o 50 nombres que van primero.

"Están cobrando 50 mil pesos. No pueden decir los funcionarios que no se dan cuenta que a las siete de la mañana llega una persona con una lista para que sean atendidos y quienes duermen allí no los atienden. 

Se les está quitando el derecho a la ciudadanía de tener su documento de identidad, pero también se les viola el derecho a la vida, cuando es un peligro amanecer ahí con dinero en los bolsillos y tanta inseguridad", destacó Yuncosa.

Además exige a los jefes del Saime que no acepten estas listas y eviten caer en actos de corrupción. "Esa gente debe ir presa porque está jugando con la salud del pueblo y con un documento que vencido solamente sirve para votar".

Los jefes del Saime se pongan la mano en el corazón y que no acepten que esas listas funcionen ahí esto es un hecho palpable de corrupción y esa gente tiene que ir presa porque esta jugando con la salud del pueblo y con un documento que vencido no vale para nada lo único que sirve es para ir a votar

Sin sistema

Igual que está sucediendo en muchas partes el país, estas oficinas tienen al menos 15 días sin sistema, lo que mantiene en el limbo a los ciudadanos que necesitan con urgencia tramitar cédulas de identidad o pasaportes.

En la zona de frontera además está cerrada la oficina del municipio Pedro María Ureña, por lo que sus habitantes deben movilizarse hasta San Antonio, San Cristóbal o Junín para efectuar los trámites. 

El concejal de esta jurisdicción, Carlos Taborda, solicita que esta sede vuelva a retomar sus actividades, pues quienes no cuentan con recursos para dirigirse a otros municipios o cancelar 50 mil pesos para acceder a un listado ilícito, se quedan sin los documentos.

"Es una situación bastante crítica. A nuestros niños se les está violentando el derecho a la identidad. Hay adolescentes que no han podido sacar sus cédulas porque los padres no tienen dinero para trasladarse a San Cristóbal o Junín", puntualizó.

 

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