T. S. J. Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS

El Tribunal Supremo de Justicia es la máxima instancia judicial del país. Sus decisiones como todos saben no admiten apelación; sin embargo, cuando se desacatan las decisiones vinculantes de sus Salas, como la Electoral por ejemplo, se puede acudir a la misma en procura del restablecimiento de situaciones jurídicas personales que fueron infringidas por el actuar también de los partidos políticos entre otras Instituciones, con lo cual en Venezuela, se confirma una vez más, desde su legislación que los actos y actuaciones de estas asociaciones políticas están sometidos al control judicial de la Sala Electoral de manera exclusiva, lo que da a entender la importancia de aquellas.

Y es que la materia electoral dentro de los partidos políticos por lo sensible que es, debe practicarse no sólo con frecuencia, sino también con respeto a sus Estatutos y en general al principio de legalidad de origen constitucional. En todo caso, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, permite enjuiciar como ya se dijo los actos y actuaciones de los partidos políticos, sin que por ello, nadie deba escandalizarse. Ahora bien, la pregunta que puede ayudar a esclarecer sobre la realidad de la relación entre el TSJ y los partidos políticos es ¿por qué se recurre a esta máxima instancia judicial? La respuesta es porque en la dirección de los partidos se incurre en abusos, arbitrariedades y vías de hecho. 

Las anteriores desviaciones también ponen en evidencia el poco interés de los jerarcas políticos en revisar con cierta periodicidad, la aplicación eficaz de sus estatutos, sobre todo en cuanto tiene que ver con la permanente actividad de tribunales revisores de la legalidad de lo actuado por ellos o del funcionamiento de los tribunales disciplinarios y sin que por lo demás, el CNE por ejemplo les haga exigencia alguna en tal sentido, sobre todo si se trata de proteger los derechos de los militantes, en procesos electorales sean internos o externos. Las anteriores omisiones o las respuestas inadecuadas, muchas veces dejan en el limbo a la militancia de los partidos políticos, la cual se ve obligada a recurrir ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. 

Acudir en estos tiempos al órgano de justicia electoral, siempre será una opción latente para el afectado o afectados, dado que la misma permite el ejercicio de Recursos Contenciosos Electorales de manera individual o conjuntamente con Amparos Cautelares o suspensión de efectos de algún acto perjudicial emanado de una autoridad partidista al 

margen de la ley; sin que esa judicialización pueda ser considerada dañina para el partido, pues en nuestra opinión, persiguen todo lo contrario, esto es, garantizar el derecho a una tutela política efectiva de militantes y hasta dirigentes, anulando de manera categórica las actuaciones ilícitas a lo interno de los partidos políticos. 

La revisión judicial de presuntas actuaciones ilícitas, pasa también porque en los partidos políticos se confeccionen expedientes administrativos, que puedan contener todos los documentos que se elaboran respecto de un caso en específico o de los hechos sucedidos; los cuales le servirán al Juez Electoral, como referentes para analizar si los mismos se concatenan con lo expuesto por cada una de las partes en contienda. Modernizar la Democracia pasa también por velar y defender los derechos electorales de los militantes partidistas, para que no se les desconozcan al momento de manifestar sus aspiraciones o se les margine por tal circunstancia a causa de decisiones arbitrarias.      

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