Reclusos esperan por años sin sentencia

Jhoanna Suárez | La Prensa Táchira.- Seis años después de haber asesinado a una octogenaria en La Fría, municipio García de Hevia, Jefferson Daniel Reyes Montalvo y Yiordad García Romero reciben su condena por el Tribunal de Primera Instancia con competencia de Delitos de Violencia contra la Mujer, siendo condenados a 30 años de prisión cada uno. 

Routsan Jiménez Fajardo y Gregori Castillo Rojas, también esperaron cinco años para recibir su condena por el homicidio de un septuagenario en Capacho. Apresados en noviembre de 2017 por homicidio intencional calificado, hasta abril del año en curso recibieron su condena de 10 y 13 años de cárcel, respectivamente. 

Casos como estos dejan al descubierto el retardo procesal que vive el sistema judicial venezolano, afectando no sólo a quienes han cometido delitos graves, sino también a quienes han cometido delitos menores y 10 años después no han podido empezar un juicio.

Para Raiza Ramírez, coordinadora del Observatorio Venezolano de Prisiones en el Táchira, el problema del retardo procesal en el país es bastante grave, incluso actualmente 53% de los procesados que hay en las cárceles y centros policiales no tienen sentencia definitiva

"Eso significa que hay 70 por ciento de retardo procesal en Venezuela y venimos de una pandemia donde hubo un 100 %, entonces no es mucho lo que se ha mejorado en dos años", añadió.

Desinterés 

Contó, que incluso muchos de estos reclusos que ya iniciaron su proceso tienen años en ello y no lo han terminado, y eso se debe precisamente a la falta de interés político, porque en casos muy particulares recordó Ramírez, se han podido realizar las audiencias, incluso a distancia. 

"Juicios como el de Rufo los hacíamos diarios y los funcionarios venían, y los que estaban en otro estado tenían tecnología y se hicieron audiencias a través de plataformas de zoom que ahora lo establece una jurisprudencia del TSJ, donde va a haber salas telemáticas para que no puedan decir que no se realizan las audiencias por la distancia", agregó. 

Pero hoy día, dijo la abogada, no se pueden hacer los traslados desde el Centro Penitenciario de Occidente (CPO) al Tribunal y por eso no se lleva a cabo la audiencia y así pasan los años para que se le cumpla a un preso su debido proceso. 

"Yo tengo entre mis clientes, un caso, él está en libertad porque es un delito que no es tan gra ve, pero ya voy a cumplir 10 años con él y no he podido empezar un juicio", advirtió. 

Explicó que el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) del año 2000, establecía que el juicio se hacía lo antes posible y daba una excepción que en caso de suspensión debía hacerse cada 15 días hábiles como máximo. Con la reforma del COPP en 2021, ese lapso se bajó a 10 días, pero sigue existiendo la excepción. 

Para Ramírez, esta situación tiene las cárceles del país al tope, pues este retardo también hace que muchos reclusos que debían estar en libertad, aún esperen por su boleta de excarcelación. Lo que quiere decir, que las cárceles y centros de reclusión están llenos de presos esperando su condena y otros que ya cumplieron su condena. 

Incluso, hay fallas en el conteo, familiares de reclusos han denunciado que sus parientes debieron salir y todavía están allí.

Descarga nuestra app aquí o escanea el código QR

Otras Noticias
Sucesos

Asesinan a venezolana en Medellín 

| comentarios

Sucesos

Asesinó a su pareja tras revisarle el celular

| comentarios