Boca de Grita y Puerto Santander, un "territorio de nadie"

Desde hace 20 años, ningún gobierno regional, municipal y menos el gobierno nacional se han preocupado por mejorar la situación de quienes convergen en la zona

Anggy Murillo | La Prensa Táchira.- El contrabando y otros delitos se han hecho comunes a lo largo de los 2.216 kilómetros de frontera que comparten Venezuela y Colombia; sin embargo, esta situación probablemente se ha hecho más evidente en el estado Táchira, pero específicamente en la población de Boca de Grita, a la que el puente internacional Unión separa de Puerto Santander.

En esta parroquia del municipio García de Hevia que cuenta con más de cinco mil habitantes, y que ha permanecido olvidada durante al menos dos décadas por quienes ostentan o han ostentado el poder en el país y el estado se han hecho presentes algunos grupos irregulares colombianos encargados de cometer cualquier clase de delitos a lo largo de estos años, algunos ya se han desplazado hacia diferentes territorios, pero otros como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se estaría encargando de promover y hacer cumplir sus leyes en la zona.

Ante esta situación, el diputado de la Asamblea Nacional, Franklin Duarte, considera que Boca de Grita se convirtió en un "territorio de nadie", en el que desde el año 2008 comenzaron a hacer presencia estas agrupaciones que operan al margen de la ley y las que según explica, se estarían encargando de más del 90% de las operaciones de contrabando que se registran.

"Boca de Grita es un territorio que prácticamente es gobernado por los grupos irregulares. Allí se ve cualquier cantidad de asesinatos por el control de la zona y ningún cuerpo de seguridad nacional hace lo propio, o tal vez se les hace difícil porque estos grupos tienen mejor armamento", destacó el parlamentario.

Trochas

Al igual que las fronteras de San Antonio y Ureña, Boca de Grita también cuenta con pasos ilegales, pero a diferencia de los dos municipios antes mencionados, en esta zona el tránsito por los caminos verdes se hace a través de canoas y se debe contar con al menos 30 mil pesos sólo para la "colaboración" a cancelar.

"Antes de cruzar hay un grupo de la Guardia Nacional que está pendiente de requisar a la gente a ver qué le quitan y ahí hay que colaborar con cinco o dos mil pesos. Luego de ahí viene un punto del Ejército a quienes también hay que colaborarle y en la canoa se colabora al dueño. A la Guardia y al Ejército hay que colaborarle. También hay personas de civil que no puedo identificar porque no tengo conocimiento de causa, se presume que son civiles de otros cuerpos o irregulares a los que hay que pagarles también. A la gente que es de la zona que ya conocen, no les cobran", explicó un abogado que habita en el lugar, quien por razones de extrema seguridad prefirió no dar su nombre.

De acuerdo con su testimonio, actualmente es el ELN el grupo que controla la zona y fueron ellos los encargados del retiro de los grupos paramilitares que por varios años sembraron el terror entre habitantes y comerciantes.

"La gente, incluso los ganaderos dicen que hay más tranquilidad por así decirlo, porque no hay tanto hostigamiento por parte de este nuevo grupo. Entre comillas, no ha habido ese hostigamiento que había cuando estaban los paramilitares, incluso en la misma zona de Boca de Grita, hace cuatro años había un punto de los paramilitares para entrar, pero ya después de un tiempo para acá ya no está", explicó.

Alcabalas

Entre el puente Unión y la población de Orope (centro de Boca de Grita) se contabilizan al menos 10 puntos de control pertenecientes a la Guardia Nacional, Ejército, Policía del Táchira, Policía Nacional Bolivariana y funcionarios de Migración, en cada una de ellas, según denuncian habitantes de la zona, se cometen atropellos y abuso de autoridad por parte de los uniformados.

Esta sería la situación que más cansancio genera no sólo en sus habitantes, también en quienes han intentado llegar a la zona para visitar a sus familiares o cruzar del otro lado de la frontera para provisionarse de productos de primera necesidad o emprender viaje a otros destinos.

"Sólo entrando al pueblo de Boca de Grita hay tres seguidas. La primera es de la Guardia, a los dos metros de distancia está la Policía y a los dos metros siguientes Migración. En todas te requisan. Son tan tediosos y tan intensos en esos puntos que mucha gente no quiere ir por ahí, entonces eso ha hecho que decaiga mucho el tema comercial, porque no hay un libre desenvolvimiento de la zona, incluso la gente que trabaja con los códigos del protectorado tienen que colaborarles", denunció el abogado.

A pesar de que estas irregularidades son constantemente denunciadas por comerciantes, transportistas y ferieros, autoridades militares y policiales hacen caso omiso y hasta el momento no se han visto sanciones contra los uniformados que incurran en corrupción.

"En Boca de Grita afecta el contrabando y los uniformados que piden cualquier tipo de incentivo a quienes transitan por allí y de alguna manera están lesionando el derecho al libre tránsito que tienen los ciudadanos. Lo único que hacen los cuerpos de seguridad es despojar de sus pertenencias a los ciudadanos y aplicar el plan martillo", denunció el también diputado de la Asamblea Nacional, Gustavo Rangel.

Vialidad

Otra de las situaciones que ha estado afectando el desenvolvimiento libre de los habitantes de esta parroquia es el constante tránsito de vehículos de carga pesada que transportan productos colombianos que ingresan al territorio nacional, pues con la llegada de Freddy Bernal como protector, "se otorgaron unos códigos con los que de alguna u otra manera se legalizó el contrabando", aseguró el abogado que pidió no ser identificado.

Sin embargo, y pese al dinero que ha estado ingresando por este concepto a las arcas regionales y nacionales, quienes hacen vida en el lugar ven cómo con el transcurrir de los días las principales calles se han estado deteriorando y cuando llueve, se hace casi imposible el tránsito vehicular y peatonal.

740 familias en peligro

La crecida de los ríos Grita y Zulia mantienen en vilo a 40 familias del barrio La Caoba y 700 del barrio Francisco Rondón de Boca de Grita, esto según la denuncia del exprefecto Gosbany Henao, quien exige la canalización de estas afluentes hídricas para evitar daños mayores.

En el caso de La Caoba, 20 viviendas ya resultaron afectadas por el aumento del caudal del río Grita que generó socavamiento del terreno y grietas en las paredes de estos inmuebles, esta situación estaría ocurriendo desde hace al menos cuatro años sin que las familias afectadas hayan recibido algún tipo de ayuda, a pesar de haberla solicitado.

"Hace cuatro años estuvieron revisando y sacaron hasta arena del río para revisarla, pero no hicieron más nada. Yo no tengo adónde irme a vivir. La Guardia se la pasa en canoa tomando fotos, mejor que nos den una casa o un terreno. El alcalde ni se asoma por aquí", denunció María Caicedo.

El sistema educativo está en precarias condiciones

La situación a nivel educativo en Boca de Grita es muy similar a la que se registra en el estado Táchira y el resto del país. 

La parroquia sólo cuenta con dos instituciones, una de educación primaria y otra de básica y diversificada que adolecen de condiciones de infraestructura para poder recibir a los estudiantes.

En el caso de la escuela, se pudo conocer que sólo se imparten clases de lunes a miércoles y en horario reducido, la alimentación que se provee a los alumnos es gracias a las donaciones de una Organización No Gubernamental.

"En lo poco que existe las condiciones no son suficientes o necesarias para ejercer un acto educativo. Las escuelas adolecen de lo principal, que tiene que ver con servicios públicos, son zonas que son afectadas y desde el punto de vista hídrico no tienen agua, no tienen tanque de almacenamiento", denunció Ildermaro Useche, presidente de la Federación Venezolana de Maestros del estado Táchira.

Cada vez que se va la luz, automáticamente esta zona se queda sin el suministro de agua potable, pues la bomba del acueducto está inoperativa.

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